Introducción
Estabilidad y crisis
Modelo Político
La continuidad histórica del liberalismo

Introducción

Ya a mediados del siglo diecinueve se hablaba, tanto dentro como fuera de Chile, del país austral como una “República Modelo”. Con ello se quería significar un país que se destacaba en términos comparativos por su estabilidad institucional, social y política. Importa entonces, indagar cuáles son los fundamentos de tal percepción. En varios sentidos, se puede decir que ésta es acertada, en cuanto a que luego de obtenida la independencia del país (1818), y de una breve y confusa etapa que vio extremos políticos como la dictadura de Bernardo O’Higgins (1818-1823), y una serie de experimentos liberales con ribetes federalistas en lo que resta de la década, Chile entró en un largo período que la historiografía denomina como “Portaliano” debido a su inspirador y arquitecto, Diego Portales. Este período comienza con una guerra civil en 1830, se institucionaliza con la Constitución de 1833, sufre las primeras reformas importantes en las décadas de 1870 y 1880, para terminar su ciclo con el surgimiento de la república parlamentaria luego de la revolución de 1891.

Durante este período, el país sufrió otras tres guerras civiles (1851, 1859 y 1891), y dos guerras internacionales contra Perú y Bolivia, la primera contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), y la segunda contra los mismos países, pero conocida como la Guerra del Pacífico (1879-1883). Hay una tercera “guerra”, contra España, pero ésta no involucró el movimiento de tropas y se redujo al bombardeo español del puerto de Valparaíso. Estas convulsiones, combinadas con una percepción de Chile como país “modelo” generan algunas preguntas importantes: 1) en qué sentido puede hablarse de la estabilidad de Chile?  2) en qué medida se puede adjudicar tal estabilidad a un modelo específico de desarrollo político? Y, 3) en qué medida puede observarse una continuidad histórica entre el origen de Chile como nación independiente hasta la actualidad? Este ensayo buscar responder a estas tres preguntas claves del desarrollo nacional, y explicar el papel que tuvo el liberalismo en tal proceso.

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Estabilidad y crisis

Importa señalar que los enfrentamientos civiles e internacionales del período formativo de la nación fueron breves y no llegaron a destruir, o siquiera amenazar seriamente, los cimientos del sistema político instaurado luego de la independencia. Además, no cuestionaron la legitimidad del sistema republicano constitucional, si bien, en el caso de los enfrentamientos civiles, éstos eran expresión de un anhelo por liberalizarlo. En el caso de los conflictos internacionales, estos contribuyeron a afianzar un sentimiento de nacionalidad más que a debilitarlo. Ellos proporcionaron un ideario y una simbología patriótica que penetró profundamente en las capas populares, como se puede constatar en las festividades que hasta la fecha generan sentimientos de pertenencia a la nación, como la Canción deYungay, y la celebración del 21 de Mayo y de su héroe Arturo Prat, para mencionar los símbolos principales de cada una de estas guerras.

En cuanto a los enfrentamientos civiles, las revoluciones de 1851 y de 1859 fueron fundamentalmente reacciones ante el enorme poder de la presidencia para instalar a sus sucesores. Aunque ambas tuvieron ciertos ribetes regionalistas (Concepción, en el sur, en el caso de la primera, y tanto norte como sur en el caso de la segunda), el problema central era la prolongación sin modificaciones del régimen  de Portales bajo la resistida figura de Manuel Montt, el gran actor político de las décadas de mediados de siglo. La guerra civil de 1891, por su parte, fue la culminación del tenso equilibrio que existía entre el Congreso y el poder ejecutivo, en la cual el poder presidencialista inaugurado por la Constitución de 1833 fue finalmente derribado (aunque resurgiría más tarde, en el siglo XX).

Un país que puede resistir tales embates y mantener al mismo tiempo su modelo político tiene sin dudas algunos otros antecedentes favorables que deben considerarse en cualquier análisis de su desarrollo a largo plazo. En primer lugar, debe tenerse en cuenta la ubicación geográfica del país, no sólo en tanto ser una parte remota y no necesariamente importante del imperio español, sino que además estar caracterizada por ciertas peculiaridades: es prácticamente una isla, con el Océano Pacífico por un lado, la Cordillera de los Andes por el otro, el árido desierto por el norte, y la frontera indígena por el sur. La mayor parte de la población colonial y republicana se concentra en un radio relativamente pequeño en torno al valle central, con límites en Copiapó hacia el norte, y el río Bío Bío en el sur. Es una población que va homogeneizándose a través de los siglos de contacto con la población Mapuche (o Araucana, como se denominaba antes), y que se caracteriza por una gran movilidad. Este último factor es de suma importancia, dado que el regionalismo acendrado de otros países, determinado en muchos sentidos por realidades económicas y geográficas, no establece raíces duraderas en Chile. Los campesinos del valle central encuentran oportunidades en la zona minera del norte durante el período intermedio entre cosecha y siembra; la ubicación costeña del país permite el traslado de la población de un extremo a otro con relativa facilidad (especialmente a partir del siglo XIX), y las zonas más productivas del país se complementan unas a otras con sus recursos: el carbón y la mano de obra del sur para las necesidades del norte; la agricultura del valle central que suple tanto las necesidades internas como las de exportación; la economía cada vez más monetaria del norte para el consumo de Santiago y del valle central, y la expansión creciente del Estado que va paulatinamente incorporando las regiones al sistema administrativo nacional durante el siglo diecinueve.

Importa mencionar también ciertas ausencias, como la esclavitud, que siempre representó un porcentaje mínimo de la población y que fue rápidamente abolida con la independencia. También, una población indígena pequeña, aunque belicosa, que si bien fue paulatinamente asimilándose a la cultura primero española y luego chilena, no padeció el derrumbe de sus instituciones, la catástrofe demográfica y la implementación masiva del sistema de encomiendas, como en los casos mexicano y peruano. El sistema colonial típico de las regiones centrales del imperio español en América no se reprodujo exactamente en Chile, a lo que además debe agregarse la poca importancia administrativa y económica que tuvo el país hasta avanzado el siglo XVIII. De este modo, de haber un “legado colonial” en Chile, fue ciertamente menos poderoso que en otros lugares del imperio. Todo ello permite que la construcción de una nación independiente tenga menos dificultades en Chile que en aquellos países en que el peso del regionalismo, la exclusión de las etnias (como la prolongación de la esclavitud), y el poder del aparato administrativo colonial dieron lugar a otras realidades.

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Modelo Político

La independencia de Chile, como en el resto de la América Hispana, fue precipitada por la invasión napoleónica de España. Al igual que en otras partes del continente, el primer paso fue la formación de juntas al estilo peninsular, las que fueron derivando más y más hacia una posición claramente separatista. Chile recibió un primer golpe a sus afanes de independencia desde el Virreinato del Perú, pero logró finalmente obtenerla en los campos de batalla en 1818, con el Ejército Libertador de José de San Martín. El primer gobierno nacional, el de Bernardo O’Higgins, se caracterizó por una mezcla de políticas liberalizantes (abolición de títulos nobiliarios, un cierto grado de libertad religiosa) y medidas dictatoriales que generaron suficiente oposición como para forzar su abdicación en 1823. En los siguientes años, de 1823 a 1830, se implementan una serie de experimentos gubernamentales de carácter liberalizante que contienen algunos rasgos federalistas tales como la creación de asambleas provinciales con miembros electos en diferentes regiones del país. Ante esta experimentación reacciona Diego Portales y sus fuerzas políticas conservadoras centralizantes, pero es de singular importancia señalar que el modelo político implementado luego de la guerra civil de 1830 es fundamentalmente un modelo republicano. Es decir, contiene los rasgos fundamentales del republicanismo moderno, como la división de poderes, el constitucionalismo, y el sistema representativo electoral. Importa enfatizar este aspecto, puesto que este modelo contiene las semillas de su propia liberalización, en cuanto a que el Congreso tiene facultades reales de contrapeso (autorización del presupuesto nacional, interpelación de ministros de gobierno), y en cuanto a que se legitima el sistema de elecciones. Estas serán limitadas a ciudadanos “activos,” es decir con un derecho a voto derivado de la propiedad y el alfabetismo, pero no existe una exclusión basada en la raza o el origen social (los guardias civiles de origen popular, por ejemplo, pueden votar, así como los artesanos).

El sistema político basado en la Constitución de 1833 da sin dudas poderes muy amplios al ejecutivo, como la capacidad de declarar estados de emergencia y de suspender los derechos constitucionales. También, el poder de confeccionar las listas de candidatos al Congreso (que resultan consistentemente electos), y el de nombrar a los intendentes y gobernadores provinciales. Este es el sistema que buscarán modificar las fuerzas liberales (cosa que lograrán paulatinamente), pero todavía dentro de un esquema republicano constitucional. La Constitución  de 1833 permite  la elección del presidente por dos períodos consecutivos de cinco años, y de hecho Chile tendrá cuatro presidentes “decenales” entre 1830 y 1870: Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt, y José Joaquín Pérez. Si bien los dos primeros fueron militares, quienes le siguieron fueron civiles. Lo importante es que ésta sucesión mediante elecciones, por un período de cuarenta años, contrasta fuertemente con los extremos de dictadura unipersonal o constante cambio de régimen en los países vecinos, y explica en parte la estabilidad del sistema chileno. La regularidad de la sucesión presidencial es también digna de enfatizarse.

La liberalización del régimen “Portaliano” es una de las grandes claves para comprender la tradición política chilena. Esta empieza tempranamente, con la victoria sobre la Confederación Perú-Boliviana en 1839, a pesar que la guerra ocasionó la muerte de Portales mismo. El desenlace de este conflicto hizo mucho más que llevar a su héroe, Manuel Bulnes, a la presidencia, ya que logró fomentar y afianzar un sentido de nacionalidad chilena, al mismo tiempo que ayudó a que el nuevo gobierno estableciera una política de reconciliación (amnistías, acuerdos con fuerzas opositoras) que promovió un sentido de lealtad al sistema y que también permitió una mayor libertad de expresión política. Más de cien diarios y periódicos circulaban en la década de 1840, tanto en Santiago como en provincias. Al mismo tiempo, el debate político en el Congreso podía ser muy crítico de las medidas gubernamentales, pero sin temor a represalias. No debe exagerarse el nivel de paz ciudadana, y de hecho es al cabo del gobierno de Bulnes, y durante el de Manuel Montt (1851-1861), que estallarán las guerras civiles mencionadas anteriormente. Pero en ningún momento se clausuró el congreso o se prohibió la circulación de la prensa. Esta continuó tan activa como antes, y a pesar del exilio de algunos líderes políticos, se gestó en éste período la gran oposición que aceleraría la liberalización del sistema político chileno. Esto ocurre cuando las fuerzas conservadoras abandonan su apoyo a Manuel Montt a raíz de su posición regalista respecto a la Iglesia Católica, y se alían con sus supuestos archienemigos liberales para derrotar al gobierno, y con ello la continuidad del autoritarismo de corte Portaliano, pero en las urnas. Esta alianza, denominada la Fusión Liberal-Conservadora se gesta a partir de 1857, y lleva al gobierno a José Joaquín Pérez, quien puede gobernar por diez años mediante una política pragmática de alianzas y acuerdos multipartidistas. Es de aquella época que data el sistema político chileno multiparditista, presente hasta la fecha.

Todos estos cambios ocurren en un clima en que van adquiriendo fuerzas las ideas políticas liberales, compartidas incluso por las fuerzas conservadoras, que se distinguen de sus contrincantes sólo en un mayor énfasis en el orden público, y en una adhesión más estrecha a la Iglesia Católica. Otros aspectos fundamentales de la agenda liberal son ampliamente compartidas, como la apertura comercial, que ya a partir de la década de 1850 da muestras de gran éxito. También es compartido el énfasis en la educación, que conlleva precisamente la ampliación del sufragio y por ende de la representatividad. El sistema de educación laico es moderado (no excluye la enseñanza religiosa incluso al interior de las escuelas fiscales) y se amplía fuertemente durante el curso del siglo diecinueve. A pesar de algunos conflictos, como en la década de 1870 en torno a la “libertad de exámenes”, el papel del Estado en la educación nacional no es cuestionado por las fuerzas conservadoras, o por la Iglesia misma (que además tiene y sigue estableciendo sus propias escuelas). Pero tal vez el ejemplo más importante de la convergencia de las fuerzas políticas hacia el liberalismo se encuentra en la adopción del Código Civil (1855, con fuerza de ley a partir de 1857), obra del gran intelectual venezolano Andrés Bello, que organiza las leyes en torno a la propiedad, su circulación, y la seguridad de las personas, mientras que al mismo tiempo termina con instituciones como el mayorazgo. El Código Civil es un código moderno, responsable en gran medida de la asimilación del derecho civil y su importancia por parte de la ciudadanía. Es un pilar de orden que asegura la transparencia de las leyes civiles, mientras que fomenta el desarrollo económico al facilitar la circulación y acceso a la propiedad.

El consenso liberal va profundizando los cambios sociales, culturales y políticos. En la segunda mitad del siglo, se reforma la Constitución de 1833, permitiéndose mayor libertad religiosa y mayor inmigración protestante. Se secularizan los cementerios y se crea el registro civil. Aunque el país permanecerá culturalmente católico, se rompe ya en el siglo diecinueve la alianza tradicional entre Iglesia y Estado. La Constitución de 1925, que reemplaza a la de 1833, termina por separar estas instituciones sin conflicto. También en el plano cultural se observa la secularización, con ideas tanto liberales como positivistas en el periodismo, la historiografía, la literatura, la educación y el incremento de las festividades cívicas. En el ámbito político, va atenuándose el presidencialismo mediante la capacidad cada vez mayor de los partidos de oposición de elegir a sus representantes, generándose un Congreso cada vez más fuerte y diversificado, con una capacidad mayor de representar un electorado en expansión. Es este sistema el que explica el surgimiento y crecimiento de los partidos marxistas durante el siglo XX, que en su momento representaron una de las líneas políticas más fuertes del continente.

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La continuidad histórica del liberalismo

Existe una tendencia historiográfica, representada especialmente por el gran historiador chileno Alberto Edwards, que ve lo mejor de la tradición política del país en los gobiernos fuertes y en lo que califica como el “estado en forma”. Pero un análisis de aquellos gobiernos, como los de Portales, Carlos Ibáñez del Campo y Augusto Pinochet Ugarte, demuestra que son anómalos y producto de situaciones coyunturales. La verdadera tradición política del país, forjada a mediados del siglo diecinueve, es una tradición multipartidista, de competición electoral, de cambio constitucional vía reformas, y de acuerdos pragmáticos entre partidos políticos de ideologías divergentes. Esto comenzó con la oposición a Manuel Montt y la inauguración del gobierno de Pérez, y se sostuvo a lo largo de la historia salvo en los paréntesis del período 1924-1932, y de 1973-1989. Incluso aquellos gobiernos civiles que adoptaron lo que el historiador Mario Góngora denomina “planificaciones globales”, es decir los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973), continuaron, a pesar de sus fuertes agendas de cambio social, económico y cultural, operando en un universo político en donde las diversas fuerzas partidistas buscan llegar a acuerdos, o forzarlos de ser necesario.

Quizás el ejemplo más claro de las continuidades políticas inauguradas por el liberalismo se encuentra en la transición política efectuada hacia finales de la década de 1980. Tal como a fines del gobierno de Prieto, y definitivamente como a fines del gobierno de Manuel Montt, las fuerzas políticas del momento (16 partidos de diversas tendencias ideológicas) lograron superar las diferencias que los dividían en función de ciertos acuerdos fundamentales: cómo terminar la dictadura de Pinochet pacíficamente; cómo continuar el crecimiento económico al mismo que tiempo que aumentar el gasto social y reducir la pobreza; como sanar las heridas de la represión mediante una política de reconciliación, y como alterar la Constitución de 1980 en un sentido democrático mediante reformas contempladas en la constitución misma, o en acuerdos con las fuerzas políticas adversarias. Todo ello fue logrado sin las tensiones que desestabilizaron el gobierno democrático argentino, por ejemplo, que había empezado en los 80 con señales aún más auspiciosas que las de Chile.

Lo importante a señalar es que este logro de la transición política chilena de la dictadura a la democracia no fue un ejemplo singular o excepcional, sino que el retorno a una vieja manera de hacer política en el país, una política inaugurada por aquellos liberales que decidieron aliarse con sus rivales conservadores (o aquellos conservadores que superaron sus reticencias anti-liberales) para eliminar los rasgos más autoritarios del período Portaliano. Esta tradición es la que caracteriza plenamente la historia del país, y se explica por la instauración y profundización de las ideas liberales en un momento clave del desarrollo histórico de la nación.

Estas ideas pudieron guiar a las fuerzas políticas en la dirección de un equilibrio entre orden y libertad, que es la esencia misma del liberalismo, al menos en su aspecto político. Este equilibrio no es ni puede ser permanente, ya que la historia del país está repleta de ejemplos en que se impone el orden a expensas de la libertad, o que se busca mayor libertad mediante la alteración del orden público, en ocasiones a través del enfrentamiento armado. Pero la tradición política chilena, aquella que ha proporcionado la estabilidad tal vez más prolongada de la historia del continente, es aquella que ha evitado el conflicto mediante acuerdos políticos. Se trata de aquella tradición que ha encontrado el punto medio entre libertad y orden, autonomía local e inserción internacional, y que proporciona las bases, quizás, para que se logre aquel otro gran aspecto del liberalismo, la expansión o al menos protección de los derechos civiles en un  mundo en constante cambio.

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