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El Antiguo Régimen
La revolución del mundo hispánico
El constitucionalismo hispánico
Los primeros regímenes americanos
Los retos en la construcción de las naciones
La tradición de Cádiz en la América Septentrional
Los conflictos en la América Meridional
Las nuevas naciones


La independencia de la América española no fue un movimiento anticolonial, sino parte tanto de una revolución política así como de la disolución de un sistema político mundial. Este fenomeno constituyó parte del proceso de transición de las sociedades del Antiguo Régimen a los estados nacionales modernos.  La forma en la cual ese proceso tomó lugar en las diferentes regiones afectó a las nuevas naciones hispánicas que emergieron de las guerras de independencia, entre las que se contaba a

la misma España.  Este ensayo se centrará en los aspectos políticos y constitucionales del proyecto formativo de la nación.  Pero, es importante tener en consideración que los nuevos países hispánicos se encontraban sumergidos en una serie de cambios tanto sociales como económicos que los aquejaban y que, con frecuencia, impidieron la creación de regímenes estables y prósperos.  Además, los nuevos estados hispánicos competían individualmente en un difícil, y en ocasiones hostil, ambiente internacional que continuamente retrasaba la consolidación de las nuevas estructuras políticas.

La transformación del Antiguo Régimen a los estados naciones fue la culminación de varias décadas de cambios institucionales, económicos, políticos e ideológicos. Si bien las ideas, estructuras y prácticas políticas cambiaron con rapidez vertiginosa después de 1808, gran parte del Antiguo Régimen quedó intacto. La naturaleza de las relaciones sociales, económicas e institucionales cambió lentamente; los nuevos procesos, al igual que las nuevas instituciones liberales, a menudo se entretejían con prácticas y tradiciones ya arraigadas. No hubo una ruptura drástica con el pasado, puesto que el Antiguo Régimen y el nuevo liberalismo se entremezclaron durante dicho proceso.

Para entender la formación de las nuevas naciones es necesario examinar la naturaleza del Antiguo Régimen. Las transformaciones ocurridas durante los últimos años del siglo XVIII y principios del siglo XIX dieron lugar al proceso de independencia.  De la misma manera, la gran revolución política y la lucha prolongada iniciada en 1808 tuvieron efectos profundos y directos en la sociedad emergente. Las naciones no existían antes de la independencia, sino que fueron creadas.  Los nuevos países no fueron constituidos arbitrariamente; sino que eran un reflejo de las instituciones, tradiciones y prácticas del pasado.  El proceso de la construcción de la nación fue complejo; las condiciones locales determinaron el rumbo y la medida del proceso de transformación.  La gente y las regiones del Nuevo Mundo estaban en desacuerdo tanto con las fronteras de las nuevas naciones como con las estructuras gubernamentales.  En América seis países –México, Las Provincias Unidas en el Centro de América, Colombia, Perú, Chile y las Provincias del Río de la Plata—emergieron inicialmente de cuatro virreinatos.  Tres de las nuevas naciones, Las Provincias del Río de la Plata, Colombia y Las Provincias Unidas en el Centro de America, más tarde se fragmentaron cuando grupos regionales y locales impusieron su vision particular de las fronteras nacionales y de las estructuras de gobierno. Unicamente el antiguo virreinato de la Nueva España permaneció intacto como la nación mexicana.  Las nuevas divisiones representaban un rechazo a los ajustes territoriales hechos durante el siglo XVIII, tales como la creación de los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, y un regreso a la identificación con las audiencias tradicionales o reinos como componentes básicos de la nación.

El Antiguo Régimen

            A finales del siglo XVIII, las posesiones de la Monarquía Española en América constituían una de las estructuras políticas más imponentes del mundo. Su territorio, que comprendía la mayor parte del hemisferio occidental se extendía a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde el Cabo de Hornos en el sur hasta Alaska en el norte. La costa oriental la compartía con Brasil en América del Sur, con la Honduras británica en América Central y con Los Estados Unidos y Canadá en América del Norte, países cuyo territorio se limitaba a pequeñas franjas de tierra en la costa atlántica. En el Caribe, la Monarquía Española poseía las islas principales.  Las Indias españolas –generalmente llamadas América en el siglo XVIII- también incluían a las Filipinas y a otras islas en el Pacífico.

            Integrada originalmente por dos virreinatos, el de la Nueva España y el de Perú, la América española fue subdividida posteriormente por la corona cuando estableció los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata en 1739 y 1776 respectivamente; pero las unidades territoriales más duraderas fueron aquellas cuya circunscripción fue administrada por las audiencias, a las que con frecuencia se daba el nombre de reinos. Con excepción de las audiencias de Nueva España, tales demarcaciones se transformaron en las naciones nuevas de Hispanoamérica. Nueva España contaba con dos audiencias, la de México y la de Guadalajara. Las Filipinas, las cuales de alguna manera eran una dependencia de la Nueva España, disfrutaban de su propia audiencia, Manila. Las otras audiencias de la América española las conformaban Guatemala en América Central, Santa Fe de Bogotá en Nueva Granada, Caracas en Venezuela, Quito, Charcas  en el Alto Perú, Lima en Perú, Santiago en Chile, Buenos Aires en el Río de la Plata y Santo Domingo en el Caribe. A pesar de que Cuzco había obtenido una audiencia en 1787, ésta no había existido el tiempo suficiente para consolidar la propia identidad de la región cuando se logró la independencia.  El área subsecuentemente pasó a formar parte de la República de Perú.

            La estructura política fundamental del Antiguo Régimen la constituía el ayuntamiento o cabildo.  Los ayuntamientos de América, los cuales se fundamentaban en las tradiciones romanas-hispanas, funcionaban como capitales de provincia; poseían la voz y voto de su provincia, la cual estaba fomada por los pueblos y aldeas dependientes.  En dichos ayuntamientos existía un sentido de patriotismo, una identificación hacia la localidad. La identificación regional se vio fortificada por la introducción del sistema de intendencias a finales del siglo XVIII.  El intendente era un gobernador provincial quien con frecuencia trabajaba con las élites locales y con otros grupos para fomentar el bienestar social y económico de la intendencia y así contribuía de manera inadvertida al crecimiento del patriotismo o localismo. [2] El regionalismo del ayuntamiento-provincia, aunque importante, permaneció inactivo como fuerza política durante el Antiguo Régimen.  Sin embargo, éste habría de emerger con un gran poder durante la independencia y en los inicios del período nacional.  En muchas ocasiones, los ayuntamientos no sólo ratificaron sus derechos tradicionales, sino que también reclamaron soberanía e independencia como capitales provinciales.  Estas corporaciones definieron los intereses regionales e insistieron en formar confederaciones de provincias iguales, de este modo confrontaban a las capitales de sus naciones, las cuales generalmente preferían gobiernos centrales o unitarios

            Para fines analíticos, las posesiones españolas de América pueden dividirse en cuatro áreas generales: en primer lugar, las regiones principales--la parte central de la Nueva España, Guatemala, Nueva Granada, Quito, Perú y El Alto Perú--, las cuales contaban con economías muy complejas que incluían la agricultura comercial, la industria (es decir, obrajes dedicados a la manufactura de textiles y otros productos de naturaleza artesanal), así como zonas mineras de importancia. En segundo lugar, las regiones dedicadas fundamentalmente a la agricultura, que abastecían a las regiones principales más desarrolladas y que incluían partes de Nueva Galicia y el Bajío en la Nueva España, algunas de América Central, Chile y Río de la Plata. En tercer lugar, las regiones tropicales, especialmente Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Guayaquil y las partes costeras de Nueva Granada y de Perú, que se caracterizaban por dedicarse a la agricultura de plantación destinada por lo general a un mercado de exportación, ya fuera de Europa o en América misma (Guayaquil y Venezuela, por ejemplo, encontraron el mercado principal para su cacao en la Nueva España).  La Nueva España poseía también regiones tropicales de importancia, Veracruz, Yucatán y la tierra caliente del Pacífico, si bien éstas se hallaban integradas a la más amplia economía del virreinato. Las Filipinas, aunque era también una región tropical dependenciente de la Nueva España, poseía un lugar privilegiado en la economía del reino porque servía como intermediario entre el comercio que se hacía con Asia.  Por último se encontraban las regiones fronterizas, como las Provincias Internas de Nueva España, la parte sur de Chile y del Río de la Plata, la Banda Oriental y Paraguay, que servían como amortiguadores entre las regiones pobladas y los indios nómadas, así como entre las demás monarquías europeas.

La diversidad económica de las regiones de la América española favoreció también el surgimiento de los diversos sectores sociales. En 1800 la América española, incluyendo a las Filipinas, contaba aproximadamente con una población de 13,6 millones de habitantes, casi la mitad de los cuales eran residentes de la Nueva España. Aunque la población de la América española era multirracial, la clase, más que el origen étnico, se hizo más importante en las regiones desarrolladas a finales del siglo XIII. Las áreas principales incluían en su composición importantes grupos urbanos--una variada élite compuesta por funcionarios del gobierno, eclesiásticos, profesionistas, comerciantes, terratenientes, mineros y otros empresarios--, lo mismo que un sector muy variado integrado por artesanos y obreros. Estas regiones contaban también con un campesinado muy complejo--predominantemente indio, pero en donde además había mestizos, criollos, negros y castas--que incluía a pequeños propietarios, arrendatarios, trabajadores acasillados, jornaleros y aldeanos corporativos. Los indios, quienes constituían la mayoría de la población de las regiones principales, vivían en aldeas comunales localizadas en las repúblicas de indios, las cuales les proveían tanto de privilegios especiales como de obligaciones, entre los que se incluía el tributo. Aquellos que abandonaban las repúblicas se integraban al resto de la sociedad y dejaban de ser "indios" para pasar a ser considerados como mestizos. En los centros urbanos, la población fue definiéndose cada vez más en términos de clase social y no por su ascendencia racial.

            Si bien en términos generales las regiones dedicadas a la producción agrícola se asemejaban a las áreas principales en su organización social, su estructura era mucho más sencilla como resultado de una economía menos compleja y de una población más reducida. Dominadas por una importante fuerza de trabajo que incluía grupos considerables de negros y castas, así como un contingente menor compuesto por indios, mestizos y criollos, las zonas tropicales contaban también con un componente urbano comparable al de las ciudades de las áreas principales aunque más restringido. En muchos aspectos, la sociedad rural de las zonas del trópico era menos diferenciada que la de las regiones principales. Debido a que las regiones tropicales eran habitadas mayormente por negros, tanto esclavos como libres, y por castas –gente de ascendencia africana—las tensiones emergieron entre ellos y los blancos, particularmente después de la Revolución haitiana. Las regiones periféricas o fronterizas se distinguían por el agudo contraste entre los grupos asentados, formados en su mayoría por mestizos, y los "indios bárbaros", por lo general nómadas. De población muy reducida, en ellas las diferencias sociales eran menores que en las zonas del trópico. [3]

            A pesar de que formaban parte de la misma Monarquía y que poseían la misma cultura política, los reinos americanos mantenían poca comunicación entre ellos, excepto si eran vecinos, y, con frecuencia, sus intereses entraban en conflicto. Eran americanos, pero la patria, la nación o la América de la que ellos hablaban era su patria particular.  Esta realidad debilitó su capacidad de actuar en forma collectiva vis a vis con España o con otros países. Como la Gazeta de Buenos Ayres hacía notar con respecto a la Nueva España: "con aquel pueblo no tenemos más relaciones que con la Rusia o la Tartaria …  ¿Cómo conciliaríamos nuestros intereses con los del Reyno de México? Con nada menos se contentaría éste que con tener estas provincias en clase de colonias". [4]

La revolución del mundo hispánico

            La gran revolución política del mundo hispánico comenzó en 1808 cuando Napoleón Bonaparte se apoderó de la Corona española y se la obsequió a su hermano José. La invasión francesa de España y el derrumbe de la Monarquía desencadenaron una serie de acontecimientos que culminaron con el establecimiento de un gobierno representativo en el mundo hispánico. Tras los sucesos de mayo de 1808, el primer impulso que se dio en España fue de carácter centrífugo; esto es, se formaron juntas regionales con el fin de gobernar las distintas provincias, la cuales invocaron el principio hispánico que afirmaba que en ausencia del rey la soberanía recaía en el pueblo. Miguel Artola bien acertó al escribir: "El resultado más transcendental de los sucesos que han tenido por escenario a España entera y por protagonista a todos los españoles, es el sentimiento de reasunción de la soberanía del pueblo, puesto en relieve en todos los escritores del momento." [5]

            Los pueblos de América también se mostraron unánimes en su oposición a los franceses. La amenaza externa dio mayor relieve a los factores que los unían. Como recordó más tarde Simón Bolívar: "El hábito de la obediencia; un comercio de intereses, de luces, de religión; una recíproca benevolencia; una tierna solicitud por la cuna y la Gloria de nuestros padres; en fín, todo lo que formaba nuestra esperanza nos venía de España. De aquí nacía un principio de adhesión que parecía eterno." [6] Debido a que todas las áreas de la Monarquía española poseían la misma cultura política, todos los grupos, incluyendo a los de América, justificaron sus acciones a base de parámetros semejantes y bajo términos casi idénticos. Argumentaban que a raíz del encarcelamiento del rey, la soberanía revertía al pueblo.

            Los americanos habían propagado también el concepto de la Constitución "no escrita". De acuerdo con esta interpretación los americanos derivaban sus derechos a partir de un acuerdo, un pacto, entre el rey y sus antepasados españoles, quienes al conquistar el Nuevo Mundo obtuvieron privilegios de la Corona, entre los que se encontraba el derecho de convocar a sus propias Cortes. Tal acuerdo, sin embargo, no se estableció entre América y España, sino entre cada uno de los reinos de América y el rey. Como afirmó Fray Servando Teresa de Mier, uno de los defensores más distinguidos de la tesis de los derechos americanos al referirse a "nuestras leyes fundamentales":

            Lejos de haber pensado nuestros reyes en dejar nuestras Américas en el sistema colonial moderno de otras naciones, no sólo igualaron las nuestras con España, sino con lo mejor de ellas. [Y sostuvo] Es evidente en conclusión: que por la Constitución dada por los reyes de España a las Américas, son reinos independientes de ella sin tener otro vínculo que el rey … el cual, según enseñan los publicistas, debe gobernarnos como si sólo fuese rey de ellos…. Cuando hablo del pacto social de los americanos, no hablo del pacto implícito de Rousseau. Se trata de un pacto del Reino de la Nueva España con el soberano de Castilla. La ruptura o suspensión de este pacto … trae como consecuencia inevitable la reasunción de la soberanía por la nación …cuando tal ocurre, la soberanía revierte a su titular original. [7]

La Gazeta de Buenos Ayres se hizo eco de este punto de vista cuando aseguró:

Que disueltos los vínculos que ligaban a los pueblos con el Monarca, cada provincia era dueña de sí misma, por cuanto el pacto social no establecía relaciones entre ellas directamente [entre España y América], sino entre el Rey y los pueblos. [8]

La Gazeta de Buenos Ayres no solo apoyó el punto de vista de Mier, sino que además formuló la pregunta que más tarde pasaría a ser clave en la disputa sostenida por las fracciones políticas antagónicas: ¿qué entidades habían hecho pacto con el rey? Es decir ¿qué entidades eran soberanas, los reinos según la opinión de Mier, o las provincias y los pueblos como lo estipulaba la Gazeta?  Las ciudades capitales de los virreinatos y de las audiencias daban por hecho que eran soberanos, pero las ciudades provinciales creían lo contrario.  En la ausencia del rey, la controversia podría resolverse en el ultimo caso por la fuerza.  El conflicto entre las capitales nacionales, las cuales pretendían dominar sus respectivos países, y las capitales provinciales, que a su vez insistían en la formación de confederaciones igualitarias, se convirtieron, subsecuentemente, en la pieza clave de las luchas políticas del siglo decimonónico.

El constitucionalismo hispánico

La desintegración de la monarquía generó una serie de acontecimientos que paulatinamente culminaron en el establecimiento de un gobierno representativo en el mundo hispánico.  El primer paso de ese proceso fue la formación de las juntas de gobierno en España y América, las cuales invocaron el principio del derecho hipánico de que la soberanía, en ausencia del rey, recaía en el pueblo.  En España las provincias ratificaron su autonomía al insistir en su derecho a la soberanía.  En tanto que las provincias peninsulares hicieron fácilmente esa transición, los reinos americanos afrontaron la oposición de los funcionarios reales, los europeos residentes en América y sus aliados del Nuevo Mundo.

La Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, creada como un gobierno de defensa nacional en septiembre de 1808, realizó los primeros movimientos revolucionarios para resolver la crisis de la Monarquía.  Este órgano no sólo reconoció los derechos de las provincias de España, sino que también reconoció las pretenciones de los americanos quienes sostenían que sus tierras no eran colonias sino reinos, que constituían partes iguales e integrales de la Monarquía española y que poseían el derecho de representación en el gobierno nacional, algo que ninguna otra nación europea le había otorgado a sus posesiones. [9]

En 1809 los reinos de América llevaron a cabo las primeras elecciones para  representantes para un gobierno de toda la Monarquía española, la Junta Central.  Las largas y complicadas elecciones para diputados a la Junta Central constituyeron un considerable  paso adelante en la formación de un gobierno representativo moderno para toda la nación española, como era llamada ahora la Monarquía.  El proceso electoral --por ejemplo el uso de la terna-- se basaba claramente en los procedimientos de elección de los organismos corporativos. La diferencia principal consistía en que los procedimientos electorales tradicionales eran ajustados a los nuevos propósitos políticos.  Además, el procedimiento reconocía implícitamente el antiguo derecho putativo de las capitales provinciales americanas –las ciudades cabezas de partido—a tener representación en los congresos de las ciudades.        

Cuando las fuerzas españolas se demostraron incapaces de detener la invasión francesa en la Península, la desacreditada Junta Central se disolvió en enero de 1810, nombrando en su lugar al Consejo de Regencia.  Algunas provincias españolas y varios reinos de América se negaron a reconocer la legitimidad del nuevo gobierno.  En el Nuevo Mundo, algunos determinaron que la hora había llegado para establecer gobiernos autónomos en sus tierras.  Juntas autónomas fueron formadas en el Alto Perú, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile y en varias provincias de Nueva Granada; además, una insurgencia rural se desencadenó en la parte norte-centro de la Nueva España.  La decisión del Consejo de convocar a Cortes, sin embargo, dio solución a las inquietudes de las provincias de España y de muchas partes del Nuevo Mundo, convenciéndolas de apoyar al nuevo gobierno. En 1810, la mayor parte de los reinos americanos llevaron a cabo extensas elecciones, no para una Junta de Gobierno, sino para un Parlamento de toda la Monarquía española, el cual tendría el poder para transformar al mundo hispánico.  Las Cortes dieron a los americanos que anhelaban la autonomía una manera pacífica para obtener el autogobierno.  Además los intensos debates en el Parlamento, ampliamente difundidos por la prensa en el periodo 1810-1812, influyó significativamente en aquellos hispanoamericanos que lo apoyaron al igual que aquellos que se opusieron al nuevo gobierno hispánico. [10]   De este modo la revolución hispánica tuvo profundos efectos a través de toda la Monarquía.

            Los diputados de España y América quienes expidieron la Constitución de la Monarquía española transformaron el mundo hispánico.  La Constitución de 1812 no era

un documento español; sino que era un estatuto para el mundo hispánico. De hecho, es poco probable que la Carta de Cádiz hubiese tomado la forma que tomó sin la participación de los representantes de Nuevo Mundo. Los diputados americanos a las Cortes ejercieron un papel central en la elaboración de la Constitución.  Sus argumentos y propuestas convencieron a algunos españoles a abrazar cambios sustanciales tanto en América como en la Península.  Algunas de las importantes reformas liberales que caracterizaron la Constitución de 1812, como la Diputación Provincial, son directamente atribuidas a los diputados americanos.  La Constitución de Cádiz fue tanto una Carta americana como española. Abolió las instituciones señoriales, la Inquisición, el tributo indígena, el trabajo forzado –como la mita en Sudamérica y el servicio personal en España- y afirmó el control de la Iglesia por parte del Estado.  Creó un Estado unitario con leyes iguales para todas las partes de la Monarquía española, restringió sustancialmente la autoridad del rey, y confirió a las Cortes un poder decisivo.  Al concederle el sufragio a todos los hombres, con excepción a aquellos de origen africano, sin exigir los requisitos de saber leer y escribir ni los requisitos de la propiedad, la Constitución de 1812 sobrepasó a todos los gobiernos representativos existentes, tales como los de la Gran Bretaña, los Estados Unidos y Francia, al proveer derechos políticos a la gran mayoría de la población masculina.

Las Constitución de la Monarquía Española aumentó el electorado y, de manera notable, incrementó la esfera de la actividad política. La nueva Carta establecía el gobierno representativo en tres niveles: la ciudad, la provincia y la Monarquía. Cuando permitió a las ciudades y pueblos que contaban con mil o más habitantes formar ayuntamientos, transfirió el poder político del centro a las localidades, en tanto que gran cantidad de personas era incorporada al proceso político. [11] En América la devolución del poder a las localidades socavó los acuerdos tradicionales por medio de los cuales las capitales de los virreinatos y de las audiencias dominaban al gobierno.  Lo anterior contribuyó a las luchas políticas posteriores que resquebrajaron varios vireinatos.

Como se requería en la Constitución, las elecciones se llevaron a cabo para los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y las Cortes.  A diferencia de las elecciones de 1809 para elegir la Junta Central y las de 1810 para constituir las Cortes, las cuales fueron efectuadas por los ayuntamientos, las nuevas elecciones constitucionales de 1812-1813 fueron las primeras de caracter popular efectuadas en el mundo hispánico.  Aunque la élite dominó el proceso en forma clara, cientos de miles de personas pertenecientes a las clases media y baja, incluyendo indios, mestizos, y castas, se comprometieron en la política de manera significativa e hicieron sentir su presencia.  Lo que es aún más sorprendente es que las comunidades indígenas –miembros de las antiguas Repúblicas de indios- también participaron activamente.  Irónicamente, el nuevo sistema político hispánico parece haber sido más “popular” y “democrático” que la mayoría de los movimientos insurgentes que por entonces se disputaban el poder en el Nuevo Mundo.  Mientras que por un lado se efectuaron elecciones relativamente libres en aquellos lugares dominados por los realistas: Nueva España, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Quito, Perú y Alto Perú; por el otro los insurgentes o bien no tuvieron elecciones o las realizaron pero sin apegarse a una norma “democrática” o “popular”. [12]  

La primera era constitucional terminó en 1814 cuando Fernando VII retomó el poder; abolió las Cortes y la Constitución, restaurando así el absolutismo.  Durante los cinco años siguientes las autoridades reales en el Nuevo Mundo desmantelaron las nuevas estructuras políticas y, ya sin las trabas de la Constitución, aniquilaron la mayoría de los movimientos autónomos.  Sólo el aislado Río de la Plata conservó su autonomía, debido a que se encontraba más allá del alcance de la debilitada Monarquía española.  La represión de la Corona incitó a la minoría de la población políticamente activa de América que favorecía la independencia a actuar en forma decisiva. Reanudaron las luchas en el Cono Sur y en Venezuela.  Las provincias del Río de la Plata declararon su independencia en 1816 y crearon las Provincias Unidas en Sudamérica.  Al año siguiente un ejército bajo la dirección del general José de San Martín invadió Chile por el este.  Las fuerzas realistas fueron derrotadas a mediados de 1818 y la nueva nación de Chile se creó en ese año.  Los republicanos reanudaron la guerra en Venezuela en 1817 y en el año de 1819 la marea se había vuelto contra la Monarquía, cuando una fuerza combinada de neogranadinos y venezolanos derrotó a los realistas en Boyacá, obligando al virrey y a otros funcionarios a huir de Bogotá.  A finales de 1819 quedaba muy claro que si Fernando VII deseaba retener el control de América se vería obligado a enviar más tropas. Sin embargo, formar una nueva expedición para reconquistar el Nuevo Mundo sólo podría significar el aumento del descontento en la Península.  En España los liberales sacaron ventaja del desencanto con la guerra en América y finalmente forzaron al rey a restablecer la Constitución en marzo de 1820.  La restitución del orden constitucional transformó el sistema político hispánico por tercera vez en una sola década.

La restauración del gobierno constitucional produjo respuestas diversas en las regiones americanas, respuestas que impactarían profundamente en su desarrollo político.  La Nueva España y el reino de Guatemala entusiásticamente restablecieron el sistema constitucional. En los meses siguientes, se efectuaron elecciones para innumerables ayuntamientos constitucionales, diputaciones provinciales y las Cortes.  La inestabilidad política en la Península  durante los últimos doce años, sin embargo, convenció a muchos de los novohispanos de que lo más prudente era establecer un gobierno autónomo al interior de la Monarquía española.  Los autonomistas optaron por una monarquía constitucional. Al respecto, siguieron  dos lineas de acción.  Los diputados de la Nueva España en las Cortes de 1821 propusieron un proyecto para la autonomía del Nuevo Mundo por el cual se crearían tres reinos americanos gobernados por príncipes españoles y la Constitución de 1812 y alíados a la Península.  Al mismo tiempo, los autonomistas organizaron un movimiento clandestino en la Nueva España el cual proponía establecer una Monarquía autónoma bajo la Constitución de 1812.  Cuando la mayoría española en las Cortes rechazó su propuesta para crear reinos americanos autónomos, los dirigentes de la Nueva España prefirieron independizarse.  México obtuvo su independencia no porque España hubiera sido derrotada militarmente, sino debido a que los novohispanos dejaron de seguir apoyando políticamente a la Monarquía.  La América Central también declaró su independencia y se unió al nuevo imperio mexicano.

En Sudamérica la restauración de la constitución hispánica brindó a los independistas la oportunidad para continuar sus campañas para liberar al continente.  Al contrario de lo acontecido en la América Septentrional, en la América Meridional los insurgentes sí derrotaron militarmente al régimen español.  Dos movimientos en forma de pinzas, uno proveniente del sur y otro del norte, convergieron en un momento dado en Perú, así acabando con el dominio de la Monarquía española en 1825.

Las dos Américas tuvieron experiencias políticas significativamente diferentes.  Las dos naciones de América Septentrional experimentaron de lleno la revolución hispánica.  Sus subsecuentes estructuras políticas se basaron en la Constitución de 1812.  La mayor parte de la América Meridional, por otro lado, estuvo gobernada por regímenes autónomos durante el periodo constitucional y no participaron en la revolución hispánica.  En consecuencia, las naciones del sur siguieron diferentes caminos constitucionales.  A pesar de esas variantes, fuerzas similares, tales como el regionalismo, surgieron en ambas regiones.

Los primeros regímenes americanos

Los dirigentes hispanoamericanos tuvieron que enfrentarse a dos retos fundamentales durante los primeros años del siglo XIX: determinar las fronteras nacionales y establecer los gobiernos.  Aunque algunas audiencias subordinadas, tales como la de Charcas y la de Quito, exigieron el derecho a gobernarse a sí mismas mediante la creación de juntas de gobierno en 1809 y 1810, muchos americanos consideraron los virreinatos sinónimos de la nación.  Las ciudades capitales de los virreinatos, México, Santa Fe de Bogotá, Lima y Buenos Aires, dieron por sentado que ellas pasarían a ser los centros de los nuevos países.  Muchas de ellas, sobre todo Buenos Aires, confíaban en su fuerza para imponer su voluntad en las naciones emergentes.  De madera similar, a pesar de que algunos dirigentes favorecían la formación de repúblicas, la mayoría de los hispanoamericanos, incluyendo al gran campesinado indígena en las repúblicas de indios, favorecían las monarquías constitucionales.  Además, muchos civiles preferían el dominio legislativo, como lo establecía la Constitución de Cádiz y varias de las Cartas americanas, a diferencia de los militares, entre los que se encontraba Bolívar, que insistían en el dominio ejecutivo.  Esas divisiones resultarían en una disputa considerable y retrasarían el proceso de consolidación nacional durante los primeros años del siglo XIX.

Durante el periodo 1810-1814, algunos americanos, así como algunos de sus contrapartes en la Península, cuestionaron la legitimidad del Consejo de Regencia y su derecho a hablar por la nación española.  Actuaron bajo el contexto de un debate de amplia resonancia en toda la Monarquía española sobre la naturaleza del gobierno, el cual había surgido desde la caída de la Corona en 1808.  Muchas publicaciones–especialmente las actas de las Cortes de Cádiz y comentarios sobre los temas discutidos en aquel parlamento- propagaron un amplio repertorio de conceptos políticos.  Como declarara el licenciado Julián Castillejos, abogado de la Audiencia de México, “nadie ignora que en las actuales circunstancias, reside la Soberanía en los Pueblos.  Así lo enseñan infinitos impresos que nos vienen de la Península." [13]

Algunas regiones de América, temiendo que España pudiera ser subyugada completamente por Francia, se movilizaron para protegerse ellas mismas mediante la creación de juntas de gobierno bajo el nombre de Fernando VII.  Durante los primeros meses de 1810, Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, las provincias de la Nueva Granada y los grupos en la Nueva España que se llamaban la América mexicana formaron gobiernos autónomos.  Algunos de esos organos redactaron las primeras constituciones en la América española: Venezuela (1811), Cundinamarca (1811), Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811), Quito (1812), y la América mexicana (1814).

Las Juntas americanas se regían por el mismo principio jurídico utilizado por sus contrapartes peninsulares.  En la ausencia del rey, la soberanía recaía en el pueblo.  La pregunta que surgía por todas partes era ¿Quién era el pueblo? En 1808 el término el pueblo se había aplicado a los representantes de las corporaciones. Posteriormente, en especial después de la promulgación de la Constitución de 1812, el término el pueblo se aplicó al individuo, al ciudadano. La tradición liberal que surgió en Cádiz, la cual fue adoptada por diferentes regímenes americanos, se arraigaba en dos nociones de lo que se denominaba como el pueblo. Una, en el sentido de la gente, se identificaba con el ciudadano involucrado en la política popular. Y la otra, en el sentido de la región, se identificaba con los derechos e intereses locales. Este último principio generó una gran polémica por toda América.

Los primeros regímenes americanos fueron esencialmente pro monárquicos.  Todos los movimientos autónomos comenzaron por declarar que actuaban en el nombre de Fernando VII o bien que lo único que buscaban era proteger los derechos del rey.  En el mundo hispánico posterior a 1810, el término monarquía se refería en realidad a la Monarquía Constitucional.  En efecto, tras seguir el ejemplo de las Cortes de Cádiz, las Juntas americanas establecieron regímenes con legislaturas fuertes y poderes ejecutivos débiles, muchas veces ejecutivos plurales.  Desde su punto de vista, no existía diferencia entre una monarquía constitucional y una república, excepto en la manera en que se seleccionaba el ejecutivo.  En el primer caso era heredado y en el segundo elegido.  En ambos casos el poder ejecutivo era el sirviente del legislativo.  La preferencia de los americanos por las monarquías derivó no solo de su propia experiencia en el mundo hispánico, sino también de su propia interpretación de la historia occidental.  La historia clásica Antigua parecía sugerir que las repúblicas funcionaban bien sólo para los estados pequeños.  Con la excepción de la extranjera y protestante nación de los Estados Unidos, la mayoría de las experiencias republicanas previas parecían negativas. Los herejes, hostiles al mundo hispánico y a la Santa Fe, habían establecido la república holandesa.  La reciente república de Francia se había disuelto en la anarquía.  Por otro lado, todas las potencias europeas eran monarquías.  Inglaterra, a pesar de ser protestante, era el ejemplo de una monarquía constitucional exitosa y, por ello, era admirada por los dirigentes del Nuevo Mundo, particularmente en Sudamérica. [14]

El regionalismo, expresado por la determinación de las provincias para gobernarse a sí mismas, demostró ser un obstáculo fundamental en la consolidación nacional. Los nuevos gobiernos, con la excepción de Paraguay, no tenían el control de sus tierras y el respeto de sus provincias.  En la mayoría de los casos, con la excepción de la Nueva España, las guerras civiles surgieron cuando las ciudades capitales intentaron imponerse ante las provincias que, a su vez, creían que poseían el derecho de gobernarse ellas mismas. Esta última tendencia es usualmente conocida como federalista, pero de hecho, era  confederalista porque las provincias --que seguían el principio hispánico que en la ausencia del rey la soberanía recaía en el pueblo-- se consideraban Estados soberanos y autónomos.  Después de mayo de 1808, las provincias de España y América se comportaban como si fuesen naciones. Formaron confederaciones no como provincias, sino como Estados independientes porque, como ha señalado José Carlos Chiaramonte con respecto al Río de la Plata, "lo que une una confederación son estados independientes, no provincias--en el uso actual del término provincia." [15]

Algunas provincias dentro de los reinos americanos no estaban satisfechas con tener solamente una representación en un gobierno nacional, es por ello que insistieron en su derecho de formar un gobierno propio. Dicha idea había sido alentada no sólo por las tradiciones hispánicas, sino también por las elecciones de 1809 a la Junta Central que establecieron el principio de la representación provincial.  Además la experiencia, primero de la Junta Central, y después de la Regencia y las Cortes, hizo popular la noción de que el poder legislativo debería ser dominante y que el ejecutivo debería ser un poder dependiente cuya autoridad estuviera limitada a obedecer los mandatos de la legislatura. Dichas creencias fueron rechazadas tanto por las ciudades capitales, las cuales insistían en dominar sus regiones, como por los hombres fuertes quienes favorecían la supremacía del poder ejecutivo. De este modo, muchos de los nuevos regímenes esperimentaron conflictos entre los que favorecían el federalismo y el centralismo y entre aquellos que preferían el dominio del poder legislativo y del ejecutivo.

Aunque los primeros sistemas políticos hispanoamericanos fueron efímeros, son importantes porque ilustran las tensiones que existían en el continente, así como la complejidad y continuidad de los temas que enmarcarían al subsecuente desarrollo constitucional en el siglo XIX. América Meridional experimentó la mayoría de los regímenes autónomos.  Aunque Venezuela (1811), Cundinamarca (1812), Paraguay (1813), y la América mexicana (1814) fueron las primeras en declararse independientes e intentar convertirse en repúblicas, todas las regiones, inclusive aquellas que reconocían a Fernando VII como su soberano, insistieron en tener su propio gobierno.  Los casos de los virreinatos del Río de la Plata y de Nueva Granada ilustran las tensiones entre los poderes legislativo y ejecutivo, así como el conflicto entre las ciudades capitales, las cuales pretendían dominar sus virreinatos, y las provincias, que por su parte buscaban su propia soberanía. 

Los habitantes del virreinato del Río de la Plata, al igual que los de otras partes de América, estaban profundamente preocupados por los acontecimientos en España. El 13 de mayo de 1810 llegaron las noticias de que la Junta Central se había disuelto tras su huida a Cádiz.  Circularon rumores que todo estaba perdido.  En tales circunstancias, los dirigentes de Buenos Aires llegaron a la conclusión de no reconocer al Consejo de Regencia en Cádiz porque el pacto existía entre el Río de la Plata y el rey, y no entre América y España.  Después de mucha discusión y debate, el 25 de mayo, los porteños organizaron una Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre de Fernando VII, la cual juró "conservar íntegra esta parte de América a nuestro Augusto Soberano el señor Don Fernando VII y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente las leyes del Reyno." [16] Al día siguiente, la Junta Provisional Gubernativa le envió una circular a las capitales provinciales informándoles de los recientes eventos, además les pedía que reconocieran el organismo como gobierno provisional. El 27 de mayo fue dictado un decreto solicitando a cada capital de provincia elegir diputados para la Junta Provisional Gubernativa de Buenos Aires. El cambio de nombre del organo gubernativo señaló claramente que los porteños intentaron controlar al gobierno del virreinato del Río de la Plata. Para asegurar su control, la Junta organizó fuerzas armadas para imponer la autoridad del gobierno provicional y sus resoluciones en todas las provincias del virreinato. [17]

Las provincias del Río de la Plata no estaban convencidas de que la Junta Provicional representaba sus intereses.  Montevideo y la región de su  interior, la Banda Oriental, competía con Buenos Aires por el dominio del comercio marítimo, incluyendo la exportación de ganado.  El aislado Paraguay tenía poco en común con los porteños.  Charcas, que había caído bajo el control del virrey del Perú después de los movimientos autónomos de 1809 en la Paz y Chuquisca, consideró a Buenos Aires una amenaza.  Los intereses de las provincias del interior del Río de la Plata, como Córdoba, Salta, Tucumán, Mendoza y San Juan, chocaban con los de Buenos Aires. Dado que aquellas regiones dependían de su comercio con el Alto Perú y Chile solicitaron protección para sus productos, mientras que los porteños insistieron en el libre comercio. [18]

Las provincias del Río de la Plata resentían la insistencia de Buenos Aires en dominar la región y reaccionaron a los requerimientos de la Junta Provicional Gubernativa con sospechas considerables.  Aunque algunas votaron para reconocer ese organismo y eligieron representantes para la Junta Provicional, Montevideo, Paraguay, Charcas, Córdoba y Salta decidieron apoyar al Consejo de Regencia en España. El conflicto que dominaría al Río de la Plata –la lucha entre confederalistas y unitarios—surgió en 1810.  La Junta Provisional respondió vigorosamente.  Esta exilió a muchos funcionarios reales y a otros españoles descontentos a las Islas Canarias implementando duras medidas de seguridad y organizando al ejército para someter a las provincias rebeldes.

 Aunque los porteños que dominaban la Junta Provisional estaban reacios a compartir el poder, las divisiones internas entre las facciones moderada y radical aportaron a los recién llegados delegados de las provincias que reconocieron a la Junta Provicional la oportunidad para exponer sus puntos de vista. Al igual que las Cortes hispánicas, la fortalecida Junta Provisional reconoció el deseo de las provincias por autogobernarse al instituir juntas provinciales bajo el modelo de las españolas.  Algunos porteños, en particular los radicales, se opusieron a otorgarle su autonomía a las provincias porque temían que esa medida podría dividir y debilitar al gobierno.  Ellos argumentaron que la Junta Provisional funcionaba mal debido a que su creciente tamaño hizo al organismo poco manejable.  Las noticias de que la expedición militar enviada para someter al Alto Perú había fallado le dio a los radicales una oportunidad para reconfirmar el dominio porteño.  En septiembre de 1811, con un masivo apoyo público, los radicales exigieron la elección de un triunvirato que fungiera como el ejecutivo.  La Junta ampliada podría, después de este hecho, funcionar como poder legislativo.

El nuevo ejecutivo se vio rápidamente inmiscuido con la legislatura.  El triunvirato buscó imponer el orden y la disciplina en el país.  Al contrario de lo que sucedió en España, donde las Cortes triunfaron en su enfrentamiento con la Regencia, la cual estaba actuando como el ejecutivo, en Buenos Aires, el triunvirato disolvió la Junta de delagados provinciales en diciembre de 1811 y, al mes siguiente, abolió las juntas provinciales. A lo largo de 1812 éste tomó medidas adicionales para consolidar su poder. Reorganizó la administración de justicia con el fin de contener lo que consideraba delincuencia creciente. Introdujo reformas militares, administrativas y financieras diseñadas con el fin de concentrar el poder en el gobierno nacional. El régimen impuso nuevos impuestos, abolió el estanco del tabaco, redujo las tarifas y promovió el comercio exterior.  La mayor parte de las transformaciones favorecían a Buenos Aires, aumentando así el descontento en las provincias.  A pesar de esos cambios, el nuevo régimen no fue más exitoso que sus predecesores en someter a las provincias autónomas. Los fracasos militares en el Alto Perú, Paraguay y la Banda Oriental contribuyeron al desencanto con el gobierno.  No obstante, la oposición más seria surgió con los recién llegados veteranos de guerra de la Península, entre ellos personajes como José de San Martín y Carlos María de Alvear que tuvieron poca paciencia ante la ineficiencia del gobierno civil.  El 8 de octubre de 1812 una coalición dirigida por Alvear y San Martín derrocó al régimen e instauró un nuevo triunvirato.

La dificultad que tuvieron los dirigentes del Río de la Plata consistió en establecer un gobierno capaz de resolver las aspiraciones en conflicto de Buenos Aires y las provincias. Convocaron una asamblea constitutiva que se reunió en enero de 1813.  El nuevo congreso tuvo que enfrentar grandes obstáculos.  El ejecutivo, dominado por Buenos Aires, deseaba un gobierno central sólido, mientras por otro lado las provincias insitían en un sistema confederalista débil.  Por supuesto, José Gervasio Artigas y los respresentantes de la Banda Oriental, a quienes no se les concedió ningún escaño en la asamblea, demandaron una confederación integrada por provincias con derechos iguales.  La asamblea constituyente no longró dar solución al conflicto entre Buenos Aires y las provincias y como resultado la región permaneció dividida. Los intereses de los porteños y los de las otras provincias no coincidían.  Las tropas de Buenos Aires fueron incapaces de aplastar los movimientos regionalistas.  De tal manera que algunos dirigentes de las provincias comenzaron a deliberar sobre la fomación de coaliciones que no incluyeran a Buenso Aires.  Los dirigentes porteños le hicieron frente a la creciente crisis fortaleciendo al poder ejecutivo y desarticulando a la asamblea antes de que se promulgara una Constitución o se creara un nuevo gobierno.  En enero de 1814 designaron director supremo a Gervasio Antonio Posadas y nombraron a San Martín comandante del Ejército del Norte.

Aunque existía un estado de estancamiento en las relaciones entre Buenos Aires y las provincias, la región se hallaba relativamente a salvo de las fuerzas realistas. En vista a las extensas conflagraciones en América, y la localización geográfica periférica de la región, así como su estatus económico, resultaba poco probable que la Monarquía volviera a apoderarse del Río de la Plata.  Los habitantes de la región tuvieron tiempo de reagruparse e intentar la fomación de un gobierno viable.

La anterior expedición militar de 1810 para recuperar el control del Alto Perú estableció un patrón de conquista que frustó los esfuerzos de Buenos Aires por mantener la integridad territorial del virreinato del Río de la Plata.  Antes de llegar a Charcas, las fuerzas porteñas tuvieron que tomar Córdoba donde Santiago Liniers, antiguo virrey y héroe de las primeras victorias en contra de los británicos, así como el Obispo y otros funcionarios habían organizado la oposición a la Junta Provisional.  A principios de agosto, los 1,000 soldados de Buenos Aires habían arrollado Córdoba y después de hacer prisioneros a algunos dirigentes, incluyendo a Liniers, los ejecutaron.  El ejército porteño avanzó hacia el norte, subyugando Salta, Tucumán y, finalmente, el altiplano de Charcas.  El 7 de noviembre de 1810, derrotó a las fuerzas realistas en Suipacha, obteniendo así el control del Alto Perú.  El comandante porteño Juan José Castelli, quien se había graduado de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chuquisaca, regresaba como el delegado político todopoderoso de la Junta Provisional.  En lugar de liberar a la Audiencia de Charcas, él instituyó un reino de terror.  Como lo había hecho en otras provincias, Castelli arrestó a las autoridades reales y las ejecutó sin siquiera llevar a cabo un juicio.  Los soldados porteños se comportaron como ejército conquistador; asaltaron, robaron y mataron ciudadanos inocentes a voluntad. [19]Dichas atrocidades alienaron al pueblo del Alto Perú y contribuyeron al subsecuente éxito realista y a la derrota porteña en el area.

Embriagado por los triunfos, Castelli creyó que sus fuerzas podrían continuar su marcha victoriosa sobre montañas hacia Lima en el este.  Pero el 20 de junio, cuando  enfrentó a un ejército realista bien disciplinado en Huachi, cerca de la frontera con Perú, el "ejercito libertador" de la costa quedó deshecho y huyó el campo de batalla. En los meses siguientes, el ejército realista persiguió a los porteños por las tierra bajas tomando Jujuy y Salta.  La lucha violenta por el Alto Perú se prolongó por más de dos años a medida que los ejércitos porteño y realista avanzaron y retrocedieron. Los porteños ocuparon las serranías en dos ocasiones más y en ambos casos actuaron como conquistadores, saqueando la tierra.  Un estancamiento sobrevino a finales de 1815 en el cual las fuerzas realistas controlaron Charcas y hostigaron a las provincias norteñas del Río de la Plata, pero ningúno de los dos bandos penetraba profundamenteen el territorio del contrario.  Las tres invasiones porteñas a Charcas terminaron con cualquier esperanza de la reunificación del Alto Perú con el resto del antiguo virreinato del Río de la Plata.  En lugar de eso, los saqueos aumentaron el localismo, especialente entre las comunidades indias; es decir, las repúblicas de indios. [20]

Al igual que Charcas, Paraguay se mantuvo fuera del dominio de Buenos Aires.  Siendo esencialmente una región dedicada al ganado y a la agrícultura, el terrirorio quedó bajo el control de la ciudad portuaria de Asunción, situada a más de 1,000 millas río arriba.  Al saber del establecimiento de la Junta Provisional de Buenos Aires, los patricios de Asunción votaron en favor de reconocer el Consejo de Regencia y mantener las relaciones cordiales con Buenos Aires.  Los porteños respondieron con la fuerza.   La Junta Provisional nombró a Manuel Belgrano para dirigiera una expedición militar a Montevideo con el fin de imponer la autoridad del gobierno.  Belgrano, a semejanza de lo que hizo Castelli en el Alto Perú, intentó aplastar la oposición y ejecutar a los principales “rebeldes”.  Los paraguayos, sin embargo, derrotaron al ejército de Belgrano a principios de 1811.  Tras una segunda derrota que resultó decisiva en Tacuarí el 9 de marzo, los porteños se retiraron de Paraguay.

Una junta, que se reunió el 17 de mayo de 1811, declaró la autonomía de Paraguay tanto de Buenos Aires como de cualquier otra potencia extranjera.  Poco después, el 17 de junio, un Congreso en el que tuvieron representación todas las regiones de Paraguay se reunió y estableció una Junta Superior integrada de cinco hombres, entre ellos el abogado José Gaspar Rodríguez de Francia, popularmente conocido como el Dr. Francia.  A lo largo de los dos años que la Junta Superior gobernó Paraguay, Francia fue ganando amplio apoyo popular en su calidad de dirigente indispensable.  Su posición fue en aumento cuando los porteños rechazaron una propuesta de Paraguay para establecer una confederación del Río de la Plata en la cual todas las provincias gozarían de una igualdad completa.  Como resultado de las amenazas tanto de Buenos Aires como de Brasil, se reunió un Congreso el 12 de octubre de 1813 que proclamó a Paraguay una república independiente e instituyó un gobierno integrado por dos cónsules, Francia y Fulgencio Yegros, un estanciero inculto que delegó sus funciones en su colega.  En 1814, Francia convocó otro Congreso, que lo nombró dictador supremo de la república por un periodo de cinco años.  Dos años después convenció a la asamblea de que lo nombrara dictador perpetuo y de que se reuniera sólo cuando el dictador lo demandar.  La legislatura no volvió a reunirse durante más de un cuarto de siglo.  Francia, conocido como el Supremo, mantuvo a Paraguay aislado hasta su muerte en 1840. [21]

La Banda Oriental--el actual Uruguay--fue el tercer territorio en separarse del antiguo virreinato del Río de la Plata.  Igual que Paraguay, la Banda Oriental compartía una frontera con Brasil y era una región, esencialmente, dedicada a la agricultura y la ganadería y que contaba con una prominente ciudad portuaria, Montevideo.  La circular de Buenos Aires por la que la Junta Provisional solicitaba el reconocimiento e invitando al territorio a elegir un diputado a dicha junta, para llegó a Montevideo el 31 de mayo de 1810.  Dos días después, una junta de notables votó, en cambio, en favor de reconocer al Consejo de Regencia. La Banda Oriental no solamente estaba a favor de los realistas, sino que también estaba dominada por serviles. A principios de 1811, el general Francisco Xavier Elío arribó a Montevideo en calidad de virrey del Río de la Plata.  De manera inmediata impuso el orden militar en el interior, insistió que los estancieros mostraran sus títulos de propiedad, aumentó los impuestos y buscó la ayuda del vecino Brasil para luchar contra Buenos Aires.  Como era de esperarse, estos actos hicieron que los americanos de la Banda Oriental se apartaran y le negaran su apoyo.

José Gervasio Artigas, un eminente militar criollo que había regresado de España en 1810 después de combatir contra los franceses, asumió la dirección de los descontentos orientales, como también se les conocía a los uruguayos. El 15 de febrero de 1811, cruzó el río Uruguay en dirección al territorio de Buenos Aires a fin de buscar ayuda para liberar la Banda Oriental. Al siguiente día, los estancieros reunieron cerca de 200 gauchos a orillas del Arroyo Asencio para manifestar su oposición a las fuerzas realistas; acontecimiento conocido en la historia uruguaya como el Grito de Asencio. Artigas regresó de la provincia de Entre Ríos con refuerzos con el fin de encabezar el movimiento al que pronto se unieron otros orientales. Buenos Aires, por su parte, también envió a sus tropas.  El 18 de mayo, Artigas derrotó a una considerable fuerza realista en Las Piedras y avanzó hacia Montevideo. El jefe oriental apremió a los porteños que se unieran al ataque; mas ellos vacilaron, con lo que dio tiempo a los realistas a reorganizar sus defensas.  Como resultado, éstos retomaron el control de la ciudad.

El conflicto tuvo repercusiones internacionales cuando el desesperado virrey Elío acudió al gobierno portugués en Brasil en solicitud de ayuda.  La Corona portuguesa, la cual había establecido su capital en Río de Janeiro después de perder contra los franceses en 1807, aprovechó la oportunidad de reafirmar sus demandas sobre la región enviando un gran ejército para ocupar la Banda Oriental.  Artigas se refugió en Entre Ríos con miles de compatriotas suyos para escapar del invasor ejército portugués.  En tales circunstancias, Elío se volvió hacia sus enemigos del otro lado del río en busca de ayuda.  El 20 de octubre de 1811, Buenos Aires concretó un amnisticio por el cual se reconocía la soberanía de Fernando VII y la unidad de la Nación española.  El gobierno de Buenos Aires, asegurando que permanecería leal a su rey, pidió la ayuda británica para lograr que los portugueses se retiraran y en su calidad de aliados, tanto de España como de Portugal, los británicos se las arreglaron para convencer a los portugueses de desocupar el territorio a finales de 1812. Montevideo, sin embargo, permaneció en manos realistas.

El régimen porteño nuevamente intentó incorporar el territorio a su unión de provincias.  Los dirigentes de la Banda Oriental, sin embargo, convocaron un Congreso el 13 de abril, el cual determinó que la región podría participar en la unión sólo con base en la autonomía total dentro de la confederación.  Lo anterior resultó inaceptable al gobierno porteño, que excluyó a los diputados orientales de su Congreso.  Más tarde, Artigas rompió definitivamente con Buenos Aires.  Tras un large asedio, los realistas de Montevideo se rindieron a las fuerzas porteñas en junio de 1814. Buenos Aires, sin embargo, fue incapaz de dominar la Banda Oriental debido a que Artigas controlaba el interior. Ambos bandos lucharon por meses hasta que, finalmente, los porteños abandonaron Montevideo en febrero de 1815, iniciando así un periodo de gobierno local conocido como la Patria Vieja. Aunque era evidente que los orientales insistían en su autonomía, Buenos Aires y Brasil continuaron durante años, haciendo intentos por incorporar la región a sus territorios.  Finalmente, gracias a la mediación británica, el 27 de agosto de 1828, todas las partes estuvieron de acuerdo en firmar un tratado que reconocía la independencia de la Provincia Oriental del Uruguay. [22]

El virreinato del Río de la Plata, el cual había sido establecido en 1776, no había existido lo suficiente para integrar completamente sus diversas provincias distantes.  Además, tanto Charcas como Paraguay tenían una larga historia propia que reforzaba su identidad individual.  El Alto Perú mantuvo importantes lazos comerciales, sociales y culturales con el virreinato del Perú. El aislamiento de Paraguay de las otras provincias continuó después de que fueron expulsados los Jesuitas en 1767.  Tal vez hubiera sido possible que la región entera del virreinato del Río de la Plata permaneciera unificada si se hubiera podido convencer a Buenos Aires a aceptar la creación de una confederación de provincias iguales. En lugar de eso, los porteños intentaron imponer su gobierno por la fuerza, alienando, de ese modo, a las provincias y alentando la creación de tres naciones independientes, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El virreinato de Nueva Granada también se fragmentó como resultado de la crisis de la Monarquía española.  El virreinato, establecido en 1739, consistía de tres regiones fundamentalmente autónomas: el Reino de Nueva Granada –la parte central del virreinato, un área que más o menos corresponde a la actual Colombia--, la Capitanía General de Venezuela y el Reino de Quito. Cada una de las tres regiones poseía su propia Audiencia e identidad individual como reino autónomo y permanecieron separadas mucho después de haberse formado el virreinato. Cada reino respondió independientemente a la crisis de 1808 e intentó formar su propio gobierno autónomo.

La experiencia venezolana destaca el conflicto entre la capital y las ciudades de provincia, así como la lucha entre los poderes legistativo y ejecutivo. El 19 de abril de 1810, Caracas estableció una Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII.  Para reducir la oposición de otras ciudades y provincias, la Junta Suprema convocó un Congreso, el Cuerpo Conservador de los Derechos de D. Fernando VII en las Provincias de Venezuela.  Dicho organismo, el cual se reunió el 2 de marzo de 1811, siguió muchos de los precedentes establecidos por las Cortes de Cádiz. Se atribuyó toda autoridad y puso en funciones un poder ejecutivo débil al nombrar un triunvirato cuyos miembros se alternarían en la presidencia. La oposición de algunas provincias y la agitación de los radicales jóvenes de Caracas forzó al Congreso a declarar la independencia el 5 de julio.  Ese parlamento subsecuentemente redactó una Constitución en la que se nota claramente la influencia de la Carta que entonces se preparaba en Cádiz.  Creó un sistema federal, continuó el dominio del poder legislativo y retuvo un triunvirato débil como el ejecutivo.  Si bien el documento venezolano decretaba la igualdad legal para los hombres libres, a diferencia de la Constitución de 1812, mantenía el privilegio, basado en el requisito de contar con propiedades, para poder aceder a la ciudadanía activa.   

Aunque muchos observadores aseguran que la Constitución de Venezuela tuvo como modelo la Carta de los Estados Unidos, puesto que estableció un sistema federal, hay poca evidencia para apoyar dicha aserción.  Por el contrario, juristas distinguidos de la época, tales como Fernando de Peñalver, cuestionaron la eficacia de la Constitución norteamericana de 1787.  En una erudita Memoria revisó la historia del gobierno desde los tiempos antiguos hasta el presente.  Mientras por un lado Peñalver apoyaba fuertemente el federalismo, por el otro argumentaba que no se debería seguir el modelo estadounidense.  Siendo conciente de que los estados pequeños de Nueva Inglaterra estaban amenazando con separarse de la unión norteña debido al conflicto que éstos tenían con los estados más grandes del sur, declaró:  "Si Norte América, al constituir su federación, hubiera divido los Estados que la componen y equilibrado la fuerza de todos ellos, no pronosticarían los políticos la disolución próxima de su Constitución por la desigualdad tan grande que hay entre ellos…. Los grandes son desobedientes a la soberanía de la confederación, y tienen siempre en peligro la unión". [23]   En lugar de adoptar el modelo estadounidense, la Constitución venezolana, basándose en la tradición hispánica, cedió una autoridad considerable a las provincias.  Era más confederalista que federalista.

Puesto que el dominio legislativo y la debilidad del ejecutivo mostraron su ineficiencia en épocas de crisis, los nuevos regímenes americanos se dieron cuenta que era necesario otorgarle un poder extraordinario al ejecutivo en casos de emergencia.  Cuando las fuerzas realistas del Caribe se unieron a las provincias realistas venezolanas en oposición a la Primera República, el gobierno de Caracas nombró a Francisco Miranda dictador con amplio poder civil y militar.  La acción se derivó de las prácticas de la Antigua República romana.  También existía un modelo mas cercano; Miranda ejerció un poder comparable al de Napoleón Bonaparte en Francia. El esfuerzo desesperado fue inútil y la República colapsó en Julio de 1812.  El gobierno republicano fue incapaz de derrotar al desafío realista porque la mayoría de los venezolanos no apoyaba ni la independencia ni el republicanismo.  La caída de la Primera República señaló el fin de la participación política amplia en Venezuela.  A continuación, la lucha por el dominio político enfrentó a caudillos despiadados uno contra el otro.

El colapso del primer gobierno autónomo de Venezuela influenció significativamente a los dirigentes locales, tales como Simón Bolívar. Según él, la Primera República fracasó porque se había adoptado una Constitución federal débil; porque se había mostrado demasiado tolerante con las opiniones disidentes; porque las elecciones populares dieron una gran representación a los débiles y a los incompetentes y porque el gobierno no logró reclutar una fuerza militar efectiva y manejar bien la economía. [24]   Dichas observaciones provocaron el desdén por los gobiernos representantivos civiles.  En el futuro, Bolívar prefirió gobernar como un autócrata asumiendo el título de dictador en numerosas ocasiones.

Las divisiones internas fueron muy marcadas en el vecino Reino de Nueva Granada y provocó formas extremas de confederalismo y del dominio del poder legislativo.  Ahí las provincias se dividieron en dos coaliciones a lo largo de 1810-1815, un periodo conocido como la Patria Boba. Cartagena de las Indias creó un junta de gobierno a partir de que supo el 8 de mayo de 1810 que la Junta Central Suprema en España se había disuelto y establecido el Consejo de la Regencia. Otras provincias siguieron ese ejemplo.  La capital del virreinato y del reino, Santa Fe de Bogotá, intentó reasumir su autoridad el 20 de julio cuando formó la Junta Suprema del Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, muchas provincias se rehusaron a cooperar. Las provincias de Nueva Granada, cuyos intereses económicos y politicos eran antagónicos, resintieron los intentos de la capital por dominarlas.  Esto dio como resultado la emergencia de dos coaliciones. Cuando Cartagena propuso establecer "un gobierno perfecto y federal", que le otorgaría a cada provincia autonomía e igualdad, [25]   Santa Fe convocó un Congreso en la capital en su esfuerzo por bloquear el impulso hacia el confederalismo.  En marzo de 1811, esa asamblea creó el Estado de Cundinamarca, y reconoció a "Don Fernando VII, por gracia de Dios y por la voluntad del pueblo, legítima y constitucionalmente representado, Rey de los cundinamarqueses." [26]   El Nuevo gobierno estaba integrado por un cuerpo legislativo fuerte y un ejecutivo débil.  Hasta que el rey pudiese gobernar, un presidente como el vicerregente de Fernando VII --asociado a dos consejeros-- podría ejercer el poder ejecutivo. El nuevo estado “centralista” consitía de Santa Fe de Bogotá y otras provincias de la sierra.  Encabezadas por Cartagena, las otras provincias formaron las Provincias Unidas de la Nueva Granada, una confederación de provincias autónomas con un gobierno extremadamente débil. Se otorgó al Congreso la parte mayor de la autoridad con que contaba la confederación.  El presidente, "si lo hubiere con atribuciones separadas o… el Poder Ejecutivo, si se creare," quedaría subordinado por completo al Congreso de la Confederación. [27]   Cada una de las cinco provincias, las cuales formaban la Confederación, procedieron a escribir su propia constitución.

A fines de 1811 había tres bloques políticos contendientes en el Reino de Nueva Granada: las regiones que se hallaban bajo el dominio realista, el Estado de Cundinamarca, y las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Una guerra civil virulenta surgió entre los tres grupos.  La mayor parte del conflicto consistió de la confrontación de los dos estados autónomos, Cundinamarca y las Provincias Unidas. Después de años de guerra, Santa Fe de Bogotá fue derrotada por el ejército de las Provincias Unidas el 12 de diciembre de 1814. Para entonces, sin embargo, Fernando VII había abolido la Constitución of Cádiz y enviado un gran ejército bajo las órdenes del mariscal Pablo Morillo para restaurar el orden en la parte norte de Sudamérica. Después de una lucha prolongada, las fuerzas realistas derrotaron a las Provincias Unidas en mayo de 1816.

El Reino de Quito, el tercer miembro del virreinato de Nueva Granada, también experimentó un conflicto regional.  La capital del reino, la ciudad de Quito, formó una junta autónoma el 10 de agosto de 1809, la cual duró hasta diciembre de 1812. Aunque la Junta de Quito invitó a otras provincias del Reino a unirse al gobierno, la mayoría se opuso y ayudó a las autoridades reales a subyugar a los insurgentes.  Después de derrotar a la junta autónoma, el Reinode Quito participó completamente en el Nuevo sistema constitucional hispánico, el cual reconoció los derechos de las provincias. [28]

Las guerras civiles surgidas por los conflictos entre las capitales nacionales y provinciales se propagaron no sólo en los virreinatos del Río de la Plata y de Nueva Granada, sino también en Chile y en el virreinato del Perú. Esos conflictos llamados federalistas-centralistas convencieron a los dirigentes, tales como Bolívar, que solo los gobiernos fuertes unidos podrían lograr la independencia y establecer el orden en Sudamérica.  Fue muy difícil, sin embargo, que dichas luchas se contuvieran; de tal manera que continuaron por décadas, afectando profundamente la estabilidad del gobierno y el desarrollo constitucional en la América española.

Los retos en la construcción de las naciones

La América Septentrional y la América Meridional tuvieron experiencias profundamente diferentes durante los años 1810-1825.  Mientras por un lado los americanos del norte se abocaron completamente a la trasformación política del mundo hispánico, por el otro los del sur generalmente no tuvieron esa experiencia.  Solamente las regiones de Sudamérica bajo el dominio realista durante los dos periodos constitucionales hispánicos (1810-1814 y 1820-1823)--Quito, Perú, y Charcas, y algunas partes de Venezuela y Nueva Granada tuvieron elecciones constitucionales para las Cortes y establecieron diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales.  Las otras regiones de Sudamérica, aquéllas controladas por los autonomistas--el Río de la Plata y Chile así como gran parte de Venezuela y Nueva Granada-- no tuvieron dicha experiencia constitucional.  En tanto que las Cortes hispánicas habían introducido elecciones populares, los autonomistas restringieron la representación a los que sabían leer y escribir y que poseían propiedad.  En un esfuerzo por mantener el orden, los dirigentes de la América Meridional se empeñaron en formar regímenes oligárquicos.  A diferencia de la Constitución hispánica de 1812, la cual definía a todos los hombres como españoles, sin importar la raza o la clase social y otorgaba el sufragio a todos los hombres libres que no tuvieran ascendencia africana sin los requisitos de propiedad o alfabetización, la mayoría de los gobiernos en Sudamérica impusieron el requisito de la alfabetización y la propiedad y dividieron a sus ciudadanos entre activos y pasivos. [29]   Además los autonomistas de Sudamérica fueron incapaces de resolver las tensiones entre las ciudades capitales, que insistían en el centralismo –un fuerte gobierno nacional-- y las provincias, que estaban a favor del confederalismo. Las dos mitades de América también optaron por diferentes rutas hacia la emancipación. Mientras que la América Septentrional obtuvo su independencia a través de un compomiso político en el cual los funcionarios tanto civiles como militares cambiaron de bando y apoyaron la decisión de separarse de España, los independentistas de América Meridional se enfrascaron en prolongadas y sangrientas guerras por derrotar a las autoridades reales.

La tradición de Cádiz en la América Septentrional

Los dos países de Norteamérica, México y las Provincias Unidas del Centro de América, basaban su sistema político en la Constitutión hispánica de 1812. Los dirigentes de la Nueva España declararon la independencia en 1821 cuando comprendieron que la madre patria no les concedería la autonomía que deseaban.  La élite novohispana se proponía gobernar en casa pero a la vez deseaba mantener fuertes vinculos con España.  Establecieron una monarquía constitucional, el Imperio Mexicano, con el rey español o con un miembro de la familia real como soberano, y reconocieron la Constitución hispánica de 1812 y los estatutos promulgados por las Cortes como leyes nacionales.  Los mexicanos recién independizados siguieron cuidadosamente los precedentes del sistema político hispánico.  También ellos formaron un Consejo de Regencia para ejercer el poder ejecutivo y una Soberana Junta Provisional Gubernativa que haría las veces de legislativo hasta que se reunieran las Cortes mexicanas.  Cuando España rechazó su propuesta, y se enfrentaron con demandas tanto populares como militares, los dirigentes políticos del país a regañadientes aceptaron a un nacional, Agustín de Iturbide, como el primer emperador de la nación.  Dentro de poco tiempo, sin embargo, surgió un conflicto entre el emperador Agustín I, quien prefería un fuerte poder ejecutivo, y las Cortes constituyentes, que insistían en el dominio legislativo.  Cuando Iturbide disolvió las Cortes en octubre de 1822, las provincias se rebelaron, obligándolo a abdicar en marzo de 1823.

Las provincias de México, gobernadas por diputaciones provinciales creadas por la Constitución hispánica de 1812, insistieron en elegir un nuevo congreso constituyente capaz de asegurar la autonomía provincial.  Rechazaron las pretenciones de las Cortes mexicanas, basadas en las acciones de las Cortes hispánicas, de que eran el repositorio de la soberanía nacional.  En lugar de eso, las provincias sostenían que ellas eran soberanas y que habían cedido una parte de su soberanía para crear un gobierno nacional.  Las provincias, las cuales se consideraban a sí mismas los árbitros de la nación a mediados de 1823, obligaron a las Cortes mexicanas a convocar elecciones para un nuevo Congreso Constituyente.

El Congreso Constituyente, el cual se reunió en noviembre 7 de 1823, tuvo que enfrentar circunstancias muy distintas de las que había tocado a su predecesor.  Dado que las provincias, algunas de las cuales se autodenominaban estados, habían decidido que México debía ser una república federal, los debates del Congreso se centraron en el crucial asunto de quién era soberano:  la nación o los estados.  Sobre este punto los diputados se dividieron en cuatro fracciones:  los defensonres extremistas de los derechos estatales; los que opinaban que sólo la nación era soberana; los que sostenían que la soberanía debería ser compartida entre la nación y los estados; y una pequeña minoría de centralistas quienes deseaban un gobierno altamente centralizado.  No triunfaron ni los defensores de los derechos de los estados ni quienes apoyaban la soberanía nacional.  En lugar de esto, se llegó a una transacción: la soberanía compartida.  No obstante, los estados obtuvieron un poder considerable de recaudación de impuestos a expensas del gobierno nacional, que había perdido aproximadamente la mitad de sus ingresos antiguamente recaudados por el virreinato.  Para compensar dicha pérdida, los estados acordaron pagarle al gobierno nacional  un "contingente" calculado a base de las posibilidades económicas de cada estado. Esos recursos fueron inadecuados.  La pobreza del gobierno federal fue un elemento importante en la inestabilidad política que caracterizó a las primeras décadas del periodo nacional.

El acuerdo de compartir la soberanía no resolvió el problema de la división de poderes en el ambito del gobierno nacional.  Después de la abdicación de Iturbide, las Cortes mexicanas habían establecido un triunvirato llamado el Supremo Poder Ejecutivo, que debía alternar cada mes la presidencia entre sus miembros.  Aunque las provincias insistieron en la elección de un nuevo Congreso Constituyente, no se preocuparon por cambiar el Supremo Poder Ejecutivo, al cual consideraban sirviente de la legislatura.  Al seguir las tradiciones hipánicas, la mayoría de los congresistas creía que la legislatura debería ser dominante.  Pero la dificultad, que el Supremo Poder Ejecutivo tuvo para sofocar una revuelta en enero 20 de 1824, demonstró que el ejecutivo plural era demaciado lento e ineficaz. Finalmente, el Congreso optó por un presidente y un vicepresidente.  No obstante, la creación de un ejecutivo único no significó que el Congreso hubiera aceptado una presidencia fuerte. Para preservar la superioridad legislativa, formó un sistema cuasi parlamentario, haciendo que los secretarios de Estado fueran responsables ante el Congreso.

La Constitución mexicana de 1824 seguía el modelo de la Constitución hispánica de 1812, y no, como frecuentemente se ha asegurado, de la Constitución de Estados Unidos de 1787.  Si la Constitución mexicana poseía alguna semejanza con una Carta estadounidense, era con la primera Constitución de dicho país, los Artículos de la Confederación, puesto que la república mexicana fue confederalista y no federalista.  Secciones enteras de la Constitución mexicana de 1824 fueron copia textual de la Carta de Cádiz debido a que varios novohispanos distinguidos, tales como Miguel Ramos Arizpe y José Guridi y Alcocer, habían tomado parte en las Cortes de Cádiz y en el Congreso Constituyente mexicano y habían colaborado en la preparación de las dos constituciones. Tanto la Constitución hispánica de 1812 como la Constitución de 1824 establecieron legislaturas poderosas y ejecutivos débiles. 

Pero sería un error considerar a la Constitución de 1824 como una copia de la de 1812. Los sucesos ocurridos en México, en particular la afirmación de los derechos de los estados por las antiguas provincias, forzaron al Congreso Constituyente a elaborar una Constitución que satisfaciera las circunstancias particulares de la nación.  Los cambios principales –republicanismo, federalismo y una presidencia—fueron adoptados para hacer frente a la nueva realidad de México.  La monarquía fue abolida debido a que tanto Fernando VII como Agustín I habían fracasado como dirigentes políticos.  El federalismo surgió naturalmente de la experiencia previa de la Nueva España.  Las Diputaciones Provinciales creadas, a sugerencia de Ramos Arizpe por la Constitución de Cádiz, se convertieron en estados. Los novohispanos distiguidos, quienes habían asumido un papel importante en las Cortes hispánicas, continuaron promoviendo sus puntos de vista en la nueva nación mexicana que ellos estaban formando.

La elección del primer presidente de la nación Guadalupe Victoria (1824-1828), parecía indicar que la paz y la prosperidad iban a llegar. Desafortunadamente, dichas expectativas no fueron satisfechas.  Las guerras de independencia habían dañado severamente la agricultura, el comercio, la industria y minería –así como la delicada pero compleja infraestructura del país.  La nueva nación no solamente tuvo que reconstruir su destrozada economía, sino que también tuvo que enfrentar la falta de demanda de sus productos en el exterior.  La crisis económica de la nación exacerbó las divisiones políticas y favoreció el incremento de la demagogía.  Las elecciones presidenciales de 1828 ocurrieron en medio de la crisis política.  Después de una intensa campaña, el moderado Manuel Gómez Pedraza ganó la elección.  Renuente a aceptar los resultados, los radicales organizaron una revuelta que forzó a Gómez Pedraza a renunciar.  Con la desestabilidad del proceso constitucional en 1828, México entró a un prolongado periodo de inestabilidad.  Entre 1821 y 1848, solamente el Presidente Victoria completó su periodo presidencial.  Su “éxito” es principalmente atribuido a dos grandes préstamos extranjeros negociados en 1824 y 1825.  El decline económico de la nación y el caos político convenció a muchos de que el país necesitaba un sistema político más eficiente y más centralizado con un más poderoso jefe del ejecutivo.  Otros, sin embargo, temían que la concentración del poder político pudiera resultar en una tiranía.  Esas divisiones provocaron las dos guerras civiles federalistas-centralistas, una en 1832 y otra en 1834-35.  Los centralistas ganaron y establecieron una nueva constitución en 1836, que le otorgó más poder al gobierno nacional.  No obstante, mantuvieron una legislatura fuerte y un ejecutivo débil.  Una segunda Carta centralista, que aumentó el poder del ejecutivo, fue adoptada en 1842.  Sin embargo, una Constitución más, no podría trasformar a una nación debilitada por el estancamiento económico y el caos político.  En agosto de 1846, los mexicanos terminaron su experimento con el centralismo, restaurando la Constitución de 1824. [30]

La primera república federal mexicana experimentó un gran localismo y una intensa participación política que a veces se expresaba a sí misma en demostraciones masivas, protestas y violencia política. Sin embargo, virtualmente cada ciudad y cada pueblo en el país afirmó que el control local no estaba en conflicto con la unidad nacional. Aunque algunos desafiaban el poder de la ciudad de México nadie cuestionaba la necesidad de mantener un "centro de unión". La fuerza de la identidad nacional mexicana puede juzgarse por el hecho de que a pesar de los amargos conflictos, la Nación no se fragamentó en varios países como ocurrió en el centro y el sur de América. México podía haberse quebrantado en varias naciones debido a que la Nueva España poseía dos audiencias--México y Guadalajara--y varias jurisdicciones militares, las lineas de falla por los cuales otras regiones de la América española se dividieron. Eso no sucedió. Sólo la invasión extranjera logró desmembrar el antiguo virreinato de la Nueva España. [31]

El pueblo del Reino de Guatemala, igual que el de la Nueva España, estaba decidido a conseguir su autonomía.  La noticia de la independencia de México convenció a los dirigentes de Chiapas de declarar su independencia el primero de septiembre de 1821 y unirse al Imperio mexicano.  El 5 de enero de 1822, las otras provincias del Reino de Guatamala votaron a favor de incorporarse a México.  Después de la abdicación de Iturbide, las provincias centroamericanas, con la excepción de Chiapas, decidieron establecer su propio país.  El nuevo Congreso mexicano aceptó su decisión y ambos territorios se separaron pacíficamente.  En 1823, el antiguo Reino de Guatemala se convirtió en una nación independiente conocida como las Provincias Unidas del Centro de América. Así como sus contrapartes mexicanas, las provincias de América Central procedieron a trasformar sus Diputaciones Provinciales en gobiernos estatales.  La Asamblea Nacional Constituyente Centroamericana creó una república federal que tomaba como base la Constitución hispánica de 1812, que sus representantes habían ayudado a crear con anterioridad. Parlamentarios centroamericanos distinguidos, como Antonio Larrazábal y Florencio Castillo, habían contribuido a la creación de su herencia política. [32]

La Constitución centroamericana de 1824, como su contraparte mexicana, creó una legislatura fuerte y un ejecutivo débil.  También fue una confederación en lugar de una federación.  El Presidente Manuel José Arce, elegido en 1825, buscó dominar la confederación con la ayuda de la élite guatemalteca. Los cinco estados, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, pronto entraron en pugna con el gobierno nacional y, a veces, un estado se enfrentó a otro. El país casi se desintegró en la guerra civil conservadora de1826-1829.  Aunque el liberal Francisco Mozarán, quien se las arregló para restaurar el orden, asumió la presidencia por dos periodos, él no pudo mantener la unión.  La federación centroamericana se desintegró en 1838.

Los conflictos en la América Meridional

Aunque el pueblo Hispano parlante de Sudamérica no basó sus gobiernos directamente en la Constitución hispánica de 1812, no obstante, la experiencia leg