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El objetivo del presente artículo es analizar cómo
se adaptaron los sistemas políticos liberales –durante
la segunda mitad del siglo XIX- en sociedades con rasgos
tradicionales, cuyo funcionamiento se fundaba, en gran
medida, en relaciones de tipo clientelar.
Hasta el presente los historiadores han intentado explicar
cuáles fueron los mecanismos que se establecieron para
que un grupo reducido de miembros de la élite pudiera
controlar el poder en los escenarios políticos postindependentistas,
que -en principio- les desfavorecían según las nuevas
reglamentaciones electorales que establecían que los
gobernantes debían ser elegidos por los ciudadanos.
El problema concreto que se ha tenido que explicar es
¿cómo salieron “elegidos” unos individuos que en principio
no “representaban” al conjunto de la sociedad? Para
unos la explicación residió en la existencia de un fabuloso
e inmenso fraude electoral. Sin embargo, la solución
no debió de ser tan sencilla, ya que si la mecánica
para legitimar el poder hubiera sido tan burda la pregunta
subsiguiente sería: ¿por qué el conjunto de la población
aceptó una ficción tan evidente que favorecía a una
minoría en contra de los derechos de una gran mayoría?
Los últimos estudios no dejan de subrayar la necesidad
de diferenciar, por un lado, fraude y manipulación (robo
de urnas, sobornos, cambios en los recuentos, votantes
difuntos, etc.) y por el otro, las prácticas que desnaturalizaban
el principio de la representación popular y restringían
la participación, como los mecanismos de captación del
voto a través del clientelismo y del patronazgo.[1]
Precisamente son estos fenómenos los que ayudan a entender
la dualidad, y no la contradicción, de los sistemas
de poder latinoamericanos. Simultáneamente, existían
urnas y mecanismos clientelares; era la esencia misma
del sistema. Las relaciones personales de comienzos
de siglo no se correspondían con las exigencias que
imponía el sistema político centrado en la existencia
de ciudadanos iguales ante la ley. Dentro del sistema
de ideas de la élite no tenían cabida las nociones de
ciudadanía universal, entre otros valores. Si los habitantes
de algunas de las nuevas Repúblicas,[2] considerados en teoría ciudadanos,
disponían del derecho al voto para elegir a sus representantes
políticos se establecía de forma automática el riesgo
de poner en entredicho la pervivencia de las formas
tradicionales de ejercicio del poder basado en las
prácticas de la lealtad y el clientelaje. El voto era
la llave que habría la puerta de la civilización, pero
al mismo tiempo significaba la “intromisión de las
masas ignorantes” en asuntos de política, reservados
desde tiempo atrás para la élite. Se hacía muy difícil
compatibilizar la necesidad de votantes para legitimar
el nuevo orden y, al mismo tiempo, restringir su participación
para que la élite mantuviera su tradicional hegemonía.
La solución fue la “ficción democrática”.
Lo
que F. Guerra ha denominado “ficción democrática”, F.
Escalante “ciudadanos imaginarios” y N. Botana “gobierno
elector”, son nociones que reflejan la adaptación de
conceptos de la teoría política liberal a la realidad
latinoamericana. “Fraude electoral” y “ficción democrática”
son conceptos diferentes que no deben confundirse.[3] En primer lugar, se restringió
en la práctica el concepto de ciudadanía. Todos los
ciudadanos tenían un voto, pero no todos los individuos
poseían la categoría de ciudadano. En general, en la
primera mitad del siglo XIX, se consideraba ciudadano
a todo hombre, vecino, residente, propietario, mayor
de edad, padre de familia, que supiera leer y escribir
y tuviera un modo honesto de vivir. Se excluían las
mujeres (el 50 por ciento de la población, por lo menos),
los menores de edad, los servidores dependientes, los
perseguidos por la ley y los esclavos. La ciudadanía
evolucionó a partir del concepto de “vecino”, que fue
la antigua categoría política de la tradición hispánica.
Por ello, mantuvo siempre la base comunitaria y no individualista.
La definición de ciudadano-vecino legitimó las dos vertientes
del voto: la tradicional y la moderna. “Las leyes electorales
ni dibujaron una ciudadanía verdaderamente individualista
ni cortaron los lazos con las tradiciones coloniales”.[4]
En segundo lugar, la “ficción” se fortaleció con la introducción
del sistema de elección indirecto de tercer y hasta
de cuarto grado (fueron los casos de México, Perú y
Brasil; en el Río de la Plata se adoptó la forma directa)
Los ciudadanos activos votaban en asambleas primarias
para designar un número reducido de electores, quienes
en comicios de segundo grado, elegían a los diputados
que, como representantes exclusivos de la nación, integrarían
una asamblea nacional legislativa.
En tercer lugar la “ficción democrática” se completaba con
la manera de emitir el voto. Los vecinos de una ciudad
comenzaban reuniéndose en una junta electoral y eligiendo
un presidente, un secretario y dos escrutadores (mesa
electoral) Todos juntos asistían a una misa y después
cada elector se acercaba a la mesa e indicaba (por lo
general oralmente, aunque estaba indicado que debía
hacerse por escrito) a ésta los nombres de los compromisarios
que querían designar. En consecuencia, es importante
subrayar que el voto no era secreto, por lo que la mesa
tenía una importante capacidad de influir en la votación.
Aunque era un derecho individual inalienable, acabó
ejerciéndose en bastantes casos como un acto colectivo
en una ceremonia en la que quedaba patente la simbología
del poder. En la práctica se votaba lo que un grupo
de la élite decidía que convenía a la comunidad.
Las elecciones servían así para legitimar el poder, pero
también para sellar en sesión pública los pactos de
reciprocidad política establecidos. Las élites conseguían
los votos necesarios para legitimar una situación de
hecho, pero sólo se lograban a cambio de ofrecer beneficios
a sus clientelas. Era un juego político en el que los
actores participaban en la medida en que obtenían favores.
El mismo hecho de que las elecciones se repitieran con
tanta regularidad muestra que era un mecanismo del que
se beneficiaban todas las partes integrantes. Los “notables”
legitimaban su posición, pero no hay que olvidar que
al mismo tiempo los habitantes adquirían la condición
de ciudadano con los derechos y el reconocimiento que
ello implicaba. Los resultados de los comicios representaban
el mapa de las influencias de las clientelas de los
distintos grupos de poder, en vez de una radiografía
de las preferencias políticas de los ciudadanos por
unos u otros gobernantes, pero ello no significa que
hubiera una total desconexión entre gobernantes y gobernados.
La terminología de la época era clarificadora al respecto.
Se hablaba por lo general de “nombramientos” en vez
de “elecciones”.
A
pesar de todas las restricciones, del fraude, de la
violencia y de la corrupción, las elecciones tuvieron
la capacidad de introducir en el imaginario colectivo
las ideas de igualdad social, de ciudadanía política
y de identidad nacional. Más aún, gracias al fraude
votaron los que estaban excluidos por ley y ese voto
ilegal permitió la ampliación práctica del electorado.
El mismo acto de votar y el valor que los otros le daban
ayudó -a largo plazo- a la individuación del mismo.[5]
En resumen, con la “ficción democrática” la élite pudo conservar
los mecanismos de acceso al poder. Se consiguió así
combinar la estructura política liberal, basada en el
individuo, con la pervivencia de rasgos tradicionales
de las relaciones sociales. Esta particular combinación
de códigos de comportamientos individuales y colectivos
impregnó el campo de las relaciones políticas en todo
el espacio latinoamericano. Luego del período revolucionario
las élites intentaron instrumentar una serie de novedades
ligadas al nuevo sistema político y de valores. El tránsito
a una sociedad moderna y a un sistema político liberal
fue traumático y lleno de obstáculos; algunos casos
fracasaron, pero no el argentino.
[^
SUBIR]
La política “nacional”
Entre
1852 y 1880 en la Argentina tuvo lugar el proceso de
formación y consolidación del Estado nacional. Esos
treinta años que separan la caída de Rosas y la presidencia
de Roca se caracterizaron por la guerra civil y la secesión
(del Estado de Buenos Aires); el poder de las armas
prevaleció ante el derecho. Sin embargo, el poder central
fue afianzándose progresivamente, sometiendo a los particularismos.
En la coalición triunfante del ’80 tuvo gran protagonismo
la élite tucumana, convirtiéndose en uno de los elementos
constitutivos del grupo de poder hasta la década de
1910.[6]
La caída de Rosas en 1852 revelaba un país con límites objetivos
para una transformación moderna: mercados muy localizados
y dispersos, población escasa, rutas intransitables,
anarquía monetaria, inexistencia de mercado financiero
y grandes extensiones bajo control indígena o de caudillos
locales.
En el ámbito internacional, la gran expansión de la revolución
industrial -con el consecuente incremento del flujo
de capitales y mercancías y del volumen del comercio-
aparecía ante los grupos de poder porteños como la gran
oportunidad para insertarse en la economía mundial.
La apertura hacia el exterior exigía crear las condiciones
necesarias para desarrollar los tres factores de producción
sobre los que se diseñaría el “modelo agroexportador”:
capital, tierra y trabajo. Esto requería crear un Estado
nacional fuerte que enfrentara los grandes desafíos:
pacificar el país con el fin de atraer los capitales
extranjeros necesarios para desarrollar la infraestructura;
extender la frontera interior -expulsando a los indios-
para acrecentar la superficie cultivable; y fomentar
la inmigración para solucionar el problema de escasez
de mano de obra, sobre todo en el sector primario.
Para
llevar a cabo esta gran transformación, previamente,
se debía encontrar una fórmula capaz de conciliar lo
que Alberdi identificaba como “los dos grandes términos
del problema argentino: la Nación y la Provincia”.[7] Los sangrientos enfrentamientos entre unitarios y federales
durante la primera mitad del siglo XIX no cesaron en
la etapa constitucional. Oszlak señaló que el origen
esencialmente local del movimiento independentista y
su clara asociación con los intereses de Buenos Aires
implicaron un escollo para lograr la subordinación de
los pueblos del interior[8] al nuevo esquema de dominación. Además, la provincia era la unidad
política formal legada por la Colonia, como lo expresara
Echeverría: “El virreinato no era más que una agregación
de provincias o de localidades dispuestas en miras de
mejor administración y recaudación fiscal”.[9] Luego de la independencia los centros de poder -debido a la
distancia, la agreste geografía o la amenaza constante
de los indios- se integraron en torno a la figura de
jefes o caudillos locales, quienes intentaron reivindicar
el marco provincial como ámbito natural de la vida y
símbolo de la resistencia frente a los intentos centralistas
de Buenos Aires. Los intentos de centralización por
parte del Estado chocaban con el localismo y la tradición,
por ejemplo, el registro de las personas, el aparato
educacional, las prácticas comerciales no uniformes,
entre otras. Las provincias continuaban manteniendo
fuerzas regulares propias y sus aduanas interiores;
emitían moneda, y administraban justicia con una superposición
de leyes.
En realidad, debajo de estos “sentimientos localistas” estaba
presente el verdadero conflicto: los contradictorios
intereses materiales de los grupos de poder de las dos
regiones enfrentadas: las élites proteccionistas del
interior frente a las élites agroganaderas, exportadoras
y librecambistas de Buenos Aires. En esa difícil conciliación
de intereses radicaba el gran escollo para el incipiente
Estado y la causa del fracaso de la Confederación Argentina
en cuanto a la organización definitiva de la nación
en los años ‘50.
La
gradual expansión económica, a pesar de las guerras
civiles, llevó a las élites del interior a desprenderse,
poco a poco, de sus raíces localistas. Las alianzas
y conflictos se redefinían traspasando los límites provinciales
y con el afán de integración nacional. “La internalización
de la vida económica aparecía así como condición necesaria
para la nacionalización de la sociedad argentina”. [10] De este modo, progreso y organización nacional iban de la mano
y se convirtieron en el fundamento de la Constitución
Nacional de 1853.
La inserción en el comercio mundial creaba nuevas relaciones,
nuevos intereses, nuevos marcos de referencia, tanto
para los sectores productores de bienes exportables
como para las interesadas en la conformación de un mercado
interno. Al principio, el sector más beneficiado fue
el que estaba ligado a la actividad agroexportadora,
lo que agudizó las diferencias ya existentes entre Buenos
Aires y las provincias del litoral cada vez más prósperas
y el interior cada vez más empobrecido. Estas exigían
una política proteccionista para sus incipientes industrias
y una distribución más equitativa de los ingresos fiscales.
Para Buenos Aires, ello implicaba limitar su capacidad
importadora y además abandonar el monopolio de la aduana.
Como consecuencia, Buenos Aires se separó del resto
de la Confederación.
La
secesión del Estado de Buenos Aires (entre 1854 y 1861)
privó a las autoridades de la Confederación de la única
fuente de recursos fiscales en todo el territorio.[11] Excepto Buenos Aires y su comercio exterior, no existía otra
fuente de ingresos necesarios para construir el aparato
institucional de la nación. Consecuentemente, la situación
económica de la Confederación fue muy inestable, sin
préstamos extranjeros importantes, sin moneda uniforme,
ni sistema crediticio. A fines de los años ‘50 la Confederación
se hallaba estrangulada económicamente, lo que esterilizó
todo esfuerzo organizativo.[12] Si bien el gobierno nacional logró un reconocimiento formal
de su soberanía fue escasa su capacidad en cuanto a
decisiones que afectaran al conjunto. La provincia siguió
siendo el ámbito de las relaciones socio-políticas.
La constante resistencia de Buenos Aires a renunciar a sus
privilegios, a fin de adoptar una política de alcances
nacionales, que permitiera la integración de todas las
regiones a una economía nacional condujo nuevamente
al enfrentamiento civil.
En
comparación con la lucha de la primera mitad del XIX
esta vez era más evidente el carácter económico del
conflicto. Además, el sector hegemónico porteño empezó
a mostrar diferencias en su seno. Frente al sector más
radicalizado, que pretendía la autonomía del Estado
bonaerense se fue consolidando una fracción nacionalista
liderada por Bartolomé Mitre, que al mismo tiempo que
defendía los intereses locales de la provincia, tenía
como objetivo central crear las bases para un proceso
de organización nacional liderado -exclusivamente- desde
Buenos Aires. Mitre se convirtió en el intermediario
más apropiado para negociar, primero como gobernador
de la provincia de Buenos Aires y luego como presidente
de la nación.
El
poder de Mitre contaba con el apoyo de algunos gobiernos
del interior (Córdoba, Santiago, Tucumán y Salta). Su
fuerte liderazgo sobre esas élites, sumado a la victoria
militar de las fuerzas porteñas -en la batalla de Pavón
(1861)- le permitió alcanzar la Presidencia (1862-1868).
Por lo tanto, más allá de la derrota militar para la
Confederación, Pavón reflejaba la eficaz política propiciada
por Mitre, de alianzas y negociaciones -basadas en compromisos
y reciprocidades- entre las élites localistas porteñas
y las del interior. Esto abrió una nueva etapa en las
relaciones intraelitarias, caracterizadas por la “verticalización
de los conflictos”, o sea, la lucha política dejó de
ser “horizontal” -entre iguales, entre caudillos- para
convertirse en una confrontación entre desiguales. “Toda
movilización de fuerzas contrarias sería calificada
de allí en más como ‘levantamiento’ o rebelión interior”.
[13]
La
adhesión de las élites del interior a la política de
organización nacional auspiciada por Mitre no fue un
proceso lineal, ni homogéneo. El Estado central utilizó
-a lo largo de veinte años que llevó su definitiva consolidación-
una serie de estrategias para lograr un nuevo pacto
de dominación entre las élites porteñas y los grupos
de poder del interior. Unas veces usó la fuerza (represión
abierta) y los recursos de Buenos Aires; otras, se valió
de negociaciones y coaliciones. En este sentido, en
ejemplo ilustrativo fue el caso del caudillo riojano,
el “Chacho” Peñaloza, que luego de varios intentos frustrados
por derrotarlo (conservaba un enorme arraigo entre las
masas provinciales), los generales a las órdenes de
Mitre debieron pactar la paz con él, confiándole la
pacificación de La Rioja y reconociéndole su grado militar
y el respeto por sus bienes materiales. Mitre debió
aceptar el convenio con desagrado, pues el peso de las
opiniones de sus comandantes -Vedoya y Rivas- así le
aconsejaban:
“Es
tan difícil conseguir eso [derrotar
a Peñaloza] que estamos de acuerdo
con Paz en indultarlo (...) Si Peñaloza compromete su
palabra, es seguro que la cumplirá (...) Usted verá
que tanto Vedoya como Rivas han quedado prendados del
Chacho, a punto que aseguran que es el único y mejor
elemento de orden que allí se presenta (...) Crea usted
una verdad: nuestros amigos son incapaces de conservar
el orden en La Rioja sin la cooperación del Chacho;
es una triste verdad que es necesario no dudar”.[14]
Por su parte Rivas le comunicaba
a Mitre:
“Esta
gente tiene una especie de adoración por Peñaloza. He
tenido el honor de conocerlo y he estado con él y sus
forajidos y he podido penetrarme de esa verdad. Sin
tener la pretensión de darle consejos, permítame, señor,
que le diga que la única garantía de orden y tranquilidad
en el interior es Peñaloza; sin él nadie se moverá.
No crea que la influencia de Peñaloza se reduce a esta
provincia; todas las demás circunvecinas es lo mismo
y de todas ellas le claman porque vaya. En el interior
nadie puede con este hombre; él solo cambia todos los
gobiernos porque las masas no siguen sino a él”. [15]
De este modo, Mitre supo equilibrar, hábilmente, el peso
político de unos con la fuerza militar de otros, dentro
del complejo sistema de negociaciones entre los vencedores
y vencidos. En definitiva, Mitre pudo trasladar al plano
político la victoria militar de Pavón.
Sin
embargo, las negociaciones no sólo se llevaron a cabo
dentro del terreno militar. El papel del Senado Nacional
fue clave en la política de pactos pues era el lugar
de encuentro entre el poder central y los poderes provinciales,
como lo señalaron J. Alvarez[16] y N. Botana. La representación igualitaria (dos senadores por
provincia, independientemente del crecimiento demográfico)
permitía “nacionalizar a los gobernadores locales” y
le otorgaba al interior un rol protagónico en el ámbito
institucional, frente al poderoso Estado bonaerense.[17] El Senado era la “verdadera llave maestra del sistema político”
ya que las provincias del interior gozaban siempre de
mayoría y con sus dos tercios podían impedir la sanción
de cualquier ley. Por lo tanto, el apoyo de las élites
del interior era condición indispensable para la hegemonía
del gobierno central. La Constitución había reservado
un importante resorte de poder a las provincias y éstas
lo hicieron valer.
La subvención a las provincias fue uno de los mecanismos
de cooptación utilizados, sobre todo en los primeros
años del gobierno de Mitre, cuando las provincias acusaban
un descalabro financiero a consecuencia de las guerras
civiles. El manejo discrecional de los subsidios -su
suspensión a las provincias cuyo gobierno era de signo
contrario al gobierno nacional, o el refuerzo de partidas
para los que le eran favorable- era un instrumento de
acción política, que hábilmente manejado permitía consolidar
las alianzas intraelitarias en el interior.
Similares
efectos producía el reparto de cargos públicos como
mecanismo de cooptación. La declinación de las economías
del interior a partir de la organización nacional convirtió
al empleo público en un mecanismo compensatorio y en
un preciado instrumento para la captación de apoyos
al gobierno nacional: los profesores o maestros en colegios
“nacionales”, o sea pagados por el Estado y los miembros
de las fuerzas armadas y del poder judicial se convirtieron
en pilares de la estabilidad política. Prueba de ello
fue el rápido incremento del número de empleados públicos
nacionales radicados en el interior: de un total de
12.835 funcionarios públicos nacionales, en 1876, un
85,4 por ciento desempeñaba funciones en el interior.[18]
Un último mecanismo fue la intervención federal. A pesar
de tener elementos de coacción y represión, puesto que
en ellas participaban fuerzas militares del ejército
nacional, también estaba presente el compromiso y la
negociación. Durante la presidencia de Mitre en sólo
un año (1866-1867) fueron intervenidas las provincias
de Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santa Fé, Mendoza y
Córdoba.
[^
SUBIR]
Elecciones y mecanismos clientelares.
Luego
de la caída de Rosas (1852) habría de forjarse un nuevo
sistema “bajo la férrea dirección de una élite política
y económica consolidada en su prosperidad por la paz
de Rosas y heredera de los medios de coerción por él
perfeccionados”.[19]
Esos medios de coerción se caracterizaron
a los procesos electorales. De allí la importancia de
considerar a las elecciones como instrumento clave del
manejo de las relaciones interelitarias. La dualidad
de la realidad latinoamericana -sociedades tradicionales
con sistemas políticos modernos-[20] nos lleva a interpretar a las elecciones como el escenario
más propicio, ya que en ellas se designaba a los representantes
del “pueblo soberano”. Era el episodio más dramático
en el que se conciliaban y articulaban los grupos -con
sus imaginarios colectivos y sus valores tradicionales-
junto a las constituciones y leyes que sólo reconocían
a individuos iguales y a ciudadanos.
A
la luz de nuevos estudios, no parece apropiado seguir
etiquetando a las prácticas electorales del siglo XIX
como meras formalidades corruptas, como lo ha hecho
cierta tradición historiográfica.[21] Han alimentado esa visión negativa utilizando el discurso de
los mismos protagonistas de la época que reflejaban
a una élite escéptica -incluso pesimista- con respecto
a las elecciones y su papel de educadora y transformadora
de la sociedad, como lo refleja este párrafo:
“Tenga
U. presente que las luchas electorales están muy lejos
de producir allí bien alguno porque no educan al pueblo
en las prácticas de la democracia ni dejan enseñanza
alguna útil sino que, por el contrario, la desmoralizan
y pervierten todo, pues los partidos no hacen su propaganda
por medio de la prensa y por la discusión de las necesidades
del pays, (sic) de los derechos de los ciudadanos, sino
por medio de la mentira, del fraude electoral, corrompiendo
las masas y halagando sus vicios y sus pasiones. Yo
siempre he creído que es una utopía pensar en elecciones
completamente libres en Tucumán, porque una elección
libre presupone un pueblo apto para elegir que entre
nosotros no existe”.[22]
Tampoco
es acertado sostener que la independencia generó prácticas
democráticas caracterizadas por su total transparencia
y que la mera repetición mecánica de los comicios fue
creando una cultura política democrática.[23] Más cercano a la realidad sería pensar la propia práctica de
los comicios -aunque a veces viciada- y los mismos conflictos
electorales como propiciadores de un clima de participación
para los distintos grupos hasta entonces excluidos de
la política. Todo ello fue ayudando a expandir el sentido
de la representatividad, la soberanía popular y la nueva
mecánica del juego político democrático. El ejercicio
del voto,[24] si no fue garante del correcto desarrollo
del régimen representativo (ciudadanía), constituyó
una de las vías de su aprendizaje y de asunción de su
valor.[25]
En
este sentido, es importante destacar que antes de Caseros
(1852) las elecciones registraban más votos que en el
período post-rosista, lo que demostraría que las relaciones
clientelares estaban más extendidas. Además, hubo gobernadores
que repitieron su mandato por más de tres períodos,
lo que indicaría que el poder rotaba entre unos pocos
miembros de la élite. Luego de Caseros esta situación
se revirtió. Entre 1853 y 1880 sólo dos gobernadores
-López y Helguera- fueron reelegidos por una única vez,
lo que demostraría que el círculo de la élite, a medida
que se ampliaba, se volvía más caótico, con lo cual
había más individuos entre quienes repartir beneficios,
cargos, subvenciones, etc.[26] En definitiva, en la medida en que el sistema político se modernizaba,
las clientelas veían incrementar el número de seguidores.
En los procesos electorales se evidenciaba y agudizaba -más
que en cualquier otro aspecto- la mezcla de elementos
de la nueva teoría política y de la antigua realidad
social. De este modo, un miembro de la élite tucumana,
Marco Avellaneda percibía dicha combinación:
“Traiga
U. a su memoria el espectáculo que presentan los atrios
de los templos en un día de elecciones, allí no se ve
sino una chusma medio salvaje que no sabe ni el nombre
del ciudadano por quien va a sufragar. Tome U. los registros
electorales y encontrará para cada cien votantes uno
cuyo nombre le sea conocido o que sepa leer y escribir.
Y bien estos son los ciudadanos que hacen la elección,
asistiendo a los comicios no por usar de sus derechos
sino impulsados por el mandato del patrón o del comandante
o por lo menos interesados en la empanada y el aguardiente
que se les propina”.[27]
Con
claridad meridiana su visión sintetiza el doble carácter
de los sistemas políticos latinoamericanos: un régimen
representativo sobre una base social clientelar. Las
elecciones involucraban al ciudadano libre, racional
e individual, pero éste estaba en construcción. La referencia
a los “ciudadanos” obedeciendo al patrón revela la influencia
de las autoridades tradicionales, pero a medida que
las prácticas electorales fueron afianzando el sistema,
la relación de dominación patrón-peón se fue transformando
y adquirió tintes de negociación. En otras palabras,
si la elección llevaba implícito el problema entre el
poder y la autoridad, al principio la élite tucumana
controlaba a la población, pero como el voto legitimaba
esa situación de hecho, posiblemente, los sectores subalternos
advirtieron el poder de ese instrumento para intercambiarlo
por beneficios. El poder social se manifestaba a través
de la política.[28] Los autores que niegan “el poder de la maquinaria electoral
en el control de las elecciones”, sólo analizan los
aspectos formales -la constitución y la ley- del sistema
político postindependentista y restan importancia al
gran peso de las relaciones clientelares. Liberalismo
y clientelismo eran las dos caras de la misma realidad
política latinoamericana del siglo XIX.
Testimonios
como el antes citado han llevado a la historiografía
a justificar que eran las élites “sabias y modernas”
las únicas capacitadas para comprender un sistema representativo,
mientras los sectores subalternos “tradicionales e incapaces”
eran el principal escollo para el sistema representativo.
M. Irurozqui señala que “bajo la premisa de su incapacidad
para decidir adecuadamente por quién votar al ser ingenuos,
ignorantes, emocionales, tradicionales, sin experiencia
política y, por tanto, susceptibles al acarreo electoral
por el caudillo populista y carismático, se privilegió
factores explicativos como el carisma de los contendientes
políticos, la presunta ignorancia o inmadurez política
y falta de preparación de estas masas para ejercer el
voto adecuadamente (...) Así entendido, el clientelismo
era una forma nociva, casi amoral, de comportamiento
que el sujeto debía abandonar o superar como si hacerlo
fuese contingente a la voluntad del electorado antes
que a la naturaleza y estructura de un sistema social
y político sobre el cual los electores ejercían un control
limitado”.[29]
Según
F. Guerra, la incapacidad de los sectores subalternos
para elegir gobernantes se debía a la inexistencia de
una larga práctica de adaptación de las sociedades tradicionales
a un sistema de representación política individual de
tipo moderno, como fue el caso anglosajón. Por el contrario,
en el mundo hispánico se pasó bruscamente del absolutismo
al régimen representativo. [30]
En realidad, el clientelismo no era una práctica anómala,
ni un vicio del sistema; estaba propiciado por la élite
con la lógica de su comportamiento y de él se beneficiaban
tanto la misma élite como los sectores marginados. La
élite tucumana justificaba la manipulación de las elecciones
debido a la “incapacidad política de las sociedades
tradicionales”. Sus miembros coincidían en que los votantes
eran influenciables y no actuaban con libertad en el
momento de los comicios. Por lo tanto, era responsabilidad
del gobierno intervenir en los mismos, con el fin de
preservar el orden:
“
Le aplaudo de todo corazón la resolución que ha tomado
de ejercer su influencia en las elecciones
provinciales (…) Si bien la inmensa
mayoría que hace la elección no obra con independencia
y conocimiento, sino por la influencia a que obedece,
yo opino que la más legítima es la del gobierno, que
es el especialmente encargado de conservar el orden
público, que es por regla general el más imparcial como
que debe estar arriba de las miserias y pasiones de
los círculos y que es por fin el que tiene más responsabilidad
por cuanto es nula la de los círculos por la razón de
ser colectiva. ¿Cuál ha sido el resultado de las luchas
electorales en que los gobiernos han sido o querido
ser prescindentes?”.
[31]
En la cita anterior, se puede observar cómo Marco Avellaneda
no sólo revelaba la injerencia del gobernador Helguera
en las elecciones, sino que además compartía su proceder,
aunque en otro párrafo se declaraba contrario a la manipulación
de los gobiernos electores:
“He
sido opositor a ciertos gobiernos
electores (…) he combatido
y combatiré siempre el abuso de la influencia oficial
del gobierno que sin consultar más que sus caprichos
haciendo triunfar contra viento y marea los candidatos
más antipáticos al pueblo (…) y siempre criticaré con
severidad a los gobiernos que no tengan presente las
verdaderas conveniencias del pays (sic) y que
no consulten ante todo la honradez y la idoneidad para
los puestos políticos…”.[32]
Proponía una difícil conciliación: una mezcla de elecciones
controladas, pero que al mismo tiempo mantuvieran algo
de transparencia, de tal modo que el gobierno no quedara
manchado:
“…mi
opinión es que el gobierno, consultando, pase el mejor
acierto a algunas personas de reconocida honradez, sin
excluir de un modo absoluto a ningún círculo y sin dar
a ninguno una preponderancia decisiva, elija para Diputado
entre los hombres honorables del pays, (sic) más o menos
inteligentes, más o menos de buena posición a aquellos
que le inspiren más confianza y
con cuyo apoyo decidido puede contar
para su marcha administrativa en bien del pays (sic)”[33]
De este modo, se pretende demostrar lo que ya mencionáramos
acerca de la diferencia entre “fraude electoral” y “ficción
democrática”. Ese conjunto de elementos que le permitía
a la élite manipular las elecciones se conocía como
gobierno elector y no debe considerarse como
“fraude” o “farsa”, sino como uno de los mecanismos
del clientelismo que las élites idearon para adaptar
la teoría liberal a la realidad socio-política, en este
caso, tucumana.[34] Uno de ellos que estaba establecido por la Constitución -vigente
hasta la reforma de 1884- convertía a la legislatura
en una especie de colegio electoral o cónclave donde
la élite dirimía las candidaturas a gobernador. El mismo
Marco Avellaneda ha reflejado una visión crítica del
verdadero carácter de las elecciones:
“…
aquí, a medida que se acerca la época de nombramiento
de Diputados aumenta la indiferencia pública. Como U.
ha visto la copia del Registro Cívico que está publicado
no encontrará un nombre conocido. El espíritu mercantil
y de especulación ha invadido de tal modo a todas las
clases de la sociedad que nadie se ocupa sino de buscar
los medios de ganar dinero. Las elecciones se hacen
por (...) individuos que inscriben nombres supuestos,
donde personas enganchadas para votar y se llevaría
un chasco el que regrese por el interés con que tratan
los diarios la cuestión electoral (...) La mayoría de
la población no lee de los diarios sino los avisos de
comerciantes”.[35]
Sin embargo, las elecciones, en tanto que difusoras de una
nueva normativa política, creadoras de una nueva relación
de fuerzas y generadoras de nuevos espacios de intermediación,
ayudaron a transformar el tradicional orden social y
político en la medida en que popularizó los mecanismos
de intervención en los asuntos públicos. Además, funcionaban
como instrumento del que se valieron los “notables”,
los vecinos, los caudillos, la población rural y las
comunidades étnicas para legitimar sus respectivas situaciones
dentro de los nuevos marcos jurídicos constitucionales.
¿De qué manera estas relaciones clientelares dominaban el
sistema político, creando los gobiernos electores
para controlar la sucesión de las autoridades públicas?
A continuación se intentará responder a esta cuestión.
[^
SUBIR]
“Hacer la elección”
Indalecio
Gómez señalaba en 1912 que “lo odioso no es que se cometan
venalidades, que se cometan maniobras fraudulentas por
los ciudadanos, sino que sea el gobierno mismo el que
provoque esos delitos”.[36] Algunos testimonios revelan una serie de mecanismos para controlar
la elección desde el poder. Son ejemplos que demuestran
la eficacia de los acuerdos y reuniones previas a las
elecciones dentro del círculo íntimo de los “amigos
políticos”, en las que las facciones pactaban los resultados,
o como se decía, “hacían las elecciones”.
Las
relaciones clientelares fueron decisivas a la hora de
dar el triunfo a uno u otro candidato, más allá de su
reputación. Tal fue el caso de Alsina en las elecciones
provinciales de Buenos Aires en 1872, quien, a pesar
de que la prensa hubiera condenado su candidatura y
su persona, aún tenía muchas posibilidades de vencer
en las mismas ya que “Alsina tiene media docena de
agentes electorales que votan por duplicado y que traen
a las urnas gentes enganchadas en los corrales (...)
y ante la indiferencia pública y el desdén, no sería
difícil su triunfo”[37] En otra ocasión, Nicolás Avellaneda atribuía el triunfo de Alsina
a la falta de “verdaderos trabajos en la oposición.
Se hizo una coalición en la que nadie tomó empeño serio”[38]
La
cuestión de las lealtades políticas permite entender
por qué un candidato podía ser reemplazado por otro
sin discusión en vísperas de elecciones. El diputado
provincial José Posse intervenía de esta manera: “Estimado
Muñoz [Salvigni]: dígale a [gobernador]
Helguera que Mur no acepta su candidatura de elector;
que lo sustituya en la lista con otro a su elección;
que yo acepto lo que él ponga”.[39]
Dentro
de los mecanismos clientelares la cohesión y la continuidad
del grupo que detentaba el poder eran condiciones imprescindibles.
Esta responsabilidad recaía sobre el gobernador de turno
que debía preparar el terreno político de modo que su
sucesor perteneciera a su misma facción. Un ejemplo
de ello fue el relevo en el poder de Helguera por López:
“Acaba de llegarnos la noticia del nombramiento de
[Belisario] López para el gobierno [de Tucumán]
(…) Su administración ha sido útil y será fecunda
porque ha hecho posible el nombramiento de un gobernante
amigo para sucederle en el gobierno… nuestro
amigo gobernará como U. con patriotismo y elevación
de miras en medio de pasiones tan pequeñas”.[40] Cabe aclarar que el gobernador no dominaba la Legislatura tal
como sucedía en el período rosista; en la época que
tratamos era -precisamente- en la Legislatura donde
en realidad tenían lugar los “arreglos” elitarios.
En el mismo sentido, un diputado en el Congreso Nacional
por Tucumán, Ruperto San Martín, confesaba a Helguera
su parecer acerca del futuro candidato a gobernador.
Pensaba que dada la composición del Colegio Electoral
sólo dos nombres podrían ocupar el cargo: Helguera o
Marco Avellaneda. Sospechaba que, en caso de recaer
la candidatura en este último, se agravarían los conflictos
internos dentro del partido. Por lo tanto, recomendaba
a Helguera que aceptara:
“…
no hay otro remedio que resignarse a aceptar ese puesto
por un tiempo más o menos largo, hasta que U. considere
libre el peligro de la división. En fin, U. está allí
y ha de ver las cosas más claras. Estas le indicarán
el camino que debe tomar. Es una fatalidad encontrarse
en el caso de hombres necesarios, pero hay momentos
en que ciertos hombres se encuentran colocados en esa
ineludible situación”.[41]
Las
redes clientelares traspasaban el marco provincial.
Ejemplo de ello fue la relación entre miembros de la
élite catamarqueña y tucumana. Navarro, hombre fuerte
de la política de Catamarca estaba aliado con Taboada.
Por lo tanto, tenía ciertos recelos a la élite tucumana
y su vinculación con el gobierno central. En una oportunidad
confesó que no quería aceptar el gobierno, pero “sí
lo quería para algún amigo, pues los que se llaman
liberales en Catamarca es la peor canalla”.[42] En cuanto a la candidatura para la Presidencia declaraba
que su favorito era Alberdi, pero sus trabajos estaban
orientados a dar el triunfo de Elizalde, ya que se había
comprometido con Taboada. [43]
El
manejo de las redes clientelares era un factor de poder
fundamental. La opinión vertida por Marco Avellaneda
definía el resultado de la elección de un candidato
-en este caso- a Senador: “He hablado largamente
con Posse. Está muy contento y hace muchos elogios de
su gobierno. A propósito de Posse ¿qué le parece su
candidatura para Senador? Creo que es el que está llamado
a desempeñar este puesto”.
[44]
En
el mismo sentido, pero en cuestiones más trascendentes,
la élite se valía de las redes políticas incluso para
designar el candidato a Presidente de la Nación. En
1879, año clave por la proximidad de las elecciones
presidenciales, Sarmiento se desempañaba como Ministro
del Interior de Avellaneda y José Posse como Ministro
de Gobierno en la provincia bajo la administración de
Martínez Muñecas. Posse manejaba a su antojo al gobernador[45] Por lo tanto, se invirtieron los términos de la relación entre
ambos y en esta ocasión fue Sarmiento, quien recurrió
a Posse en devolución de “favores”:
[46]
“Esta
carta es para decirte que te metas con mis amigos Paz,
Colombres, Elguera, (sic) Padilla y los Frías y trabajen
por mi candidatura, allanando tu desde el gobierno las
dificultades que a ello se opongan”. Verás lo que a
mi candidatura se refiere. Es moral, es digna, es decente
y popular. Soi (sic) la autoridad para todos, la Constitución
restaurada, la ley la fuerza. Roca es un general joven
sin prestigio suficiente ni aún en las armas (…) Sería
pues el hombre de circunstancia ‘the right man in the
right place!’”. Tratase pues de asegurar en cada
provincia el nombramiento de Electores que me sean favorables;
que sean respetables; que no sean hostiles; que no
estén paniaguados con Roca, Rocha (…) Roca no es vínculo
de unión y soilo (sic) yo; como él no es hombre de pensamiento
y yo pretendo serlo, creo que debe dejárseme el camino
espedito”. [47]
Con esta personal visión de la realidad política, Sarmiento
demostraba no haber comprendido por dónde pasaban los
hilos de la red que tejía el poder y que se fortalecía
cada vez más, desde hacía algunos años. La Liga de Gobernadores
se gestó en 1871 como una estrategia de inclusión y
articulación de las provincias interiores al Estado
nacional. Ya había demostrado su peso en 1874 con la
elección de Avellaneda y en 1880 su poder era mayor
aún. También en Mendoza fue evidente el desplazamiento
de la candidatura de Sarmiento y los “arreglos” por
la de Roca. Al igual que “Pepe” Posse, tampoco el gobernador
Arístides Villanueva -uno de los más leales seguidores
de Sarmiento- pudo revertir la situación y le advertía:
“Ningún
amigo, de muchos que tiene en ésta, niega su simpatía
y profundo respeto, pero no salen de ahí, y varios han
firmado la adhesión a Roca... y se van por donde les
dicen que hay más probabilidades de triunfo... Todo
cambia en los pueblos como en la naturaleza”.[48]
Otro gobernador mendocino, Francisco Civit -también intermediario-
confesaba a Sarmiento sus intentos fallidos para llevar
a buen término su candidatura:
“El
comité Roquista tuvo (...) una reunión para formar la
lista de electores, y aunque no formo parte de ese Comité
fui invitado. Les propuse que los electores, sin dejar
de ser Roquistas, fueran amigos del Sr. Sarmiento, esperando
que alguna combinación de última hora, eliminara al
General y pudieran sin escrúpulos dar su voto por Ud.
Esta idea fue rechazada. Nuestros amigos creen cuestión
de delicadeza y de honor, ser consecuentes a Roca mientras
no desista.La paz, el progreso, el crédito y la moral
administrativa de esta tierra (...) la simbolizo en
Ud. Presidente, lo que no creo
ni espero porque vamos mal”.[49]
En
síntesis, se puede constatar de qué manera las elecciones
sólo sancionaban u oficializaban las redes de poder
establecidas, en vez de crearlas, ya que el voto estaba
controlado y manipulado por los notables. Algunos autores
han llegado a defender que el voto funcionaba al revés,
ya que las élites lograban el apoyo popular necesario
para legitimar su acceso al poder. Por lo tanto, las
luchas políticas eran tensiones intraelitarias que respondían
a la necesidad de poner en juego las clientelas de las
distintas facciones, con el objeto de medir fuerzas
dentro del conflicto intraelitario. [50] A continuación se analizarán algunos ejemplos que reflejan
dichas tensiones y las relaciones conflictivas dentro
del seno de la élite.
[^
SUBIR]
Los conflictos intraelitarios
En
1877 la política de Conciliación lanzada por el Presidente
Avellaneda pretendía incluir institucionalmente a facciones
rebeldes para poner fin a las revoluciones y abstenciones.
Nicolás Avellaneda explicó en un mensaje al Congreso
Nacional el sentido de la misma:
“un
partido no puede absorber exclusivamente la vida pública,
sino gobernando con los resortes duros del despotismo
(…) En la vía libre hay contrapesos indispensables,
y cuando no los establece la separación franca del adversario,
se los busca en las divisiones y en las subdivisiones
del mismo partido. Así se subvierten las instituciones.
Pienso que cada uno debe permanecer con los suyos, pero
dando lugar a los demás y quedando todos dentro de la
constitución. Fuera de ella no hay partidos políticos,
sino revoltosos o conspiradores”.
[51]
De
este modo, la Conciliación permitió la reinserción institucional
del mitrismo dentro de los límites de la legalidad,
mediante la realización de comicios con listas mixtas
pactadas previamente por los sectores dirigentes de
cada agrupación. Comenzaron así, las negociaciones
entre la facción que estaba en el poder y la excluida
-avellanedistas y mitristas, respectivamente-.[52] La candidatura presidencial de Roca generó la ruptura entre
ambos grupos. En las elecciones de Diputados Provinciales
de 1879 se puso en evidencia, más que nunca, la política
de Conciliación, o sea, los pactos previos, los “arreglos”
entre las facciones, resultando, por ello, muy controvertida,
como lo refleja esta correspondencia familiar:
“Después
de los preparativos para la elección de hoy se arreglaron ayer los dos partidos. Dicen que el gobierno los busca a los otros [la oposición] porque estaba completamente perdido y los otros, para evitar desgracias,
porque les hacían mil amenazas, han consentido en el arreglo
(…) El arreglo
que han hecho es que nombrarán a la mitad de los Diputados
y los Electores de cada partido. Los que van a salir
en la ciudad son el Dr. Nougués y tú [Helguera]
para Diputados y en Monteros L Aráoz y Juan Terán. De
los otros departamentos no sé quiénes serán (…) Parece
también que Roca ha tenido la mayor parte en este arreglo
con sus empeños con unos y
otros”.[53]
La
riqueza de este tipo de fuentes permite ver con claridad
que los resultados de las elecciones se pactaban entre
la élite los días previos a la elección. Pero la conflictiva
elección estuvo lejos de ese desenlace armónico y “arreglado”:
“ el gobierno ha faltado a sus compromisos con el
otro partido y estos están furiosos. Dicen que empiezan
a anular la elección en toda la provincia porque no
se ha hecho como habían convenido”. [54]
La figura de Roca fue fundamental en este episodio. Se desempeñaba
como Ministro de Guerra de Avellaneda y como tal respondía
al poder central, que había obligado a los avellanedistas
tucumanos a cooptar al enemigo, o sea, aceptar a la
facción mitrista. Por lo tanto, Roca no sólo se encontraba
presionado por ambos poderes, sino que además, estaba
en juego su propia candidatura presidencial. El triunfo
de los mitristas en las elecciones de 1879 revestía
un significado de gran importancia, en tanto podía alterar
la alineación de la provincia en el plano nacional,
pues la legislatura provincial funcionaba como colegio
electoral hasta la reforma de 1884, como se ha dicho.
Frente a este peligro, el gobernador vetó el ingreso
de los diputados electos. En respuesta, los mitristas
reclamaron la intervención a la provincia. Avellaneda
censuró al gobernador Martínez Muñecas por el procedimiento
inconstitucional y le aconsejó llegar a un acuerdo con
la Legislatura. El gobernador retiró el decreto y la
cámara hizo lo propio con su pedido de intervención.
Esta
elección, vista por uno de sus protagonistas, el Ministro
de Gobierno José Posse, reviste aspectos muy diferentes.
En defensa del gobernador Martínez Muñecas señalaba
que el desconocimiento, por parte de la Sala de Representantes,
de los diputados electos por la minoría estaba justificada.
Por un lado, por los incidentes violentos del día de
la elección:
“la
mesa receptora de votos fue atropellada por 600 gauchos
ebrios dirijidos (sic) por nacionalistas y la
guardia que estaba allí de custodia hizo fuego sobre
los agresores”.
[55]
Y por el otro, argumentando que era
necesario
“parar
un golpe de muerte que se le preparaba al Gobierno con
aquellos cuatro Diputados (…) [Era]
el único medio de detener la revolución parlamentaria
que se tramaba, y a fé que se consiguió el objeto” (…)
No volverá a suceder que entren [los
diputados] por la puerta falsa
de la conciliación por donde los metió el candor de
Helguera contra mi opinión, porque nunca creí en aquella zoncera”.[56]
En definitiva, los mitristas pensaron que el gobierno no
había cumplido con su parte del pacto al expulsar a
los diputados electos y el gobierno justificaba su accionar
escudándose en un supuesto golpe que se gestaba dentro
de la Legislatura para derribar a Muñecas. De cualquier
modo, las elecciones de 1879 reflejaron los conflictos
dentro del seno de la élite gobernante local al intentar
seguir la política de Conciliación impulsada por gobierno
nacional, máxime en un año decisivo para las elecciones
presidenciales de 1880.
Más
allá del hecho, lo que interesa es confirmar que efectivamente
existía una mezcla de las esferas de poder oficiales
y privadas, que las decisiones dentro de las instituciones
no eran imparciales. Más bien eso respondía sólo al
discurso oficial, pero los círculos de poder se manejaban
por medio de las amenazas y de los arreglos
entre las distintas facciones de un mismo grupo de poder.
La verdadera lucha tenía lugar antes de la elección.
Todas las intrigas, todos los compromisos que precedían
al día del escrutinio, todo ese movimiento cesaba cuando
comenzaba la votación porque ya no tenía razón de ser.
Una vez acordada la combinación entre candidatos, facciones,
partidos y gobierno, la elección se convertía en expediente
resuelto[57]. Sin embargo, esto no debe interpretarse como la mera formalidad
de las elecciones; deben ser entendidas como la manifestación
de grupos de presión, como un juego político intraelitario
entre familias de notables, pero no un enfrentamiento
entre partidos políticos, como ya se ha señalado.
Retomando el conflicto que nos ocupa, la definición de la
candidatura presidencial había quedado sin resolver.
En 1879 el gobierno provincial proclamó la candidatura
de Roca, postura compartida por la mayoría de las élites
del interior, vinculadas entre sí por la Liga de Gobernadores.
En Buenos Aires tomaba fuerza la candidatura de Tejedor
con el objeto de resistir al proceso irreversible de
eliminación de los privilegios de esa provincia, provocando
un conflicto armado, si era necesario. En definitiva,
se acercaba la hora crucial para la federalización de
la ciudad de Buenos Aires y la consolidación del Estado
central.
En
1880, ante el triunfo de Roca en 12 provincias, Buenos
Aires y Corrientes que se pronunciaron por Tejedor apelaron
al recurso de la guerra. Roca, por su parte -como se
ha mencionado- enviaba armas a sus partidarios en las
provincias. Aconsejaba a Padilla: “en nuestra república,
en épocas electorales el revólver es la primera razón
y el rémington la última instancia de toda elección.
Por esto se arma Tejedor”.[58]La guerra estalló, nuevamente, en un contexto político profundamente
alterado donde estaba en juego la existencia misma del
Estado y de sus preceptos constitucionales. Esa convicción
era compartida por Roca y sus partidarios:
“no
hay tal nación argentina, ni la ha habido nunca; lo
que ha habido era una ficción, en que las dos partes,
Buenos Aires y las provincias se creían explotadas (…)
Para mi la solución de las grandes cuestiones se ha
hecho necesaria y se acerca. Una nación que no tiene
capital, ni moneda, no es nación”.[59]
La
derrota de Tejedor no sólo representó la supremacía
definitiva del Estado sobre la última expresión particularista
recluida en la más poderosa provincia argentina; revelaba
además, el éxito de una laboriosa estrategia de inclusión
de las élites políticas del interior articuladas con
segmentos bonaerenses y porteños que los predecesores
de Roca habían practicado con decidida constancia.[60]
[^
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“Favores
personales”
Además de las elecciones, el favor y el perdón son otros
de los elementos constitutivos del clientelismo político.
El incumplimiento de la ley se negocia; “se perdona”.
En cuanto al favor, éste puede ser individual o colectivo.
En esta oportunidad solo analizaremos el primero por
razones de espacio.
El
Estado era el marco jurídico donde actuaban las clientelas.
Su limitación para regular el conflicto entre éstas
se traducía -en la vida cotidiana- en la dificultad
para distinguir la frontera entre lo público y lo privado.
La seguridad, los negocios, la política, eran asuntos
colectivos. La aplicación de la ley era negociable.
El clientelismo -en la práctica- fue uno de los efectos
inmediatos de la realización de elecciones y de la
redacción de leyes que, si bien tenían buenas intenciones,
no se correspondían con la realidad.[61] La brecha entre la ley y la realidad
se tradujo en que los políticos se convirtieran en intermediarios
y que sus acciones acabaran basándose en el ejercicio
discrecional de la ley. Los derechos se convirtieron
en prebendas y los políticos en los gestores monopólicos
de la distribución de privilegios, exenciones y favores.
Era la época en que se operaba a la perfección aquella
máxima de que “para mis amigos la comprensión y para
mis enemigos el ejercicio irrestricto de la ley”.
El poder está considerado como una forma de control sobre
recursos valiosos: los miembros de la élite (empresarios,
generales, ministros) son poderosos porque han logrado
apoderarse de áreas de la economía o de la administración
pública, desde las cuales pueden recompensar a sus seguidores,
por lo tanto enriquecer a sus clientelas.
En el caso de la élite tucumana e poder estaba en función
del control y distribución de recursos: José Posse,
ex gobernador y miembro de una familia tradicional y
muy poderosa de la élite local envió el siguiente telegrama
al gobernador Federico Helguera:
“suplícole
se empeñe Sr. Dumesnil porque se nombre a mi sobrino
Crisolo Ugarte, Jefe esta estación reemplazo finado
Calderón”. La respuesta fue: “Dumesnil no
se presta a hacer nombramiento que U. (sic) solicita
porque quiere hombres prácticos. Dumesnil tiene ya comprometido
para nombrar a otro Jefe estación en esa. Dumesnil no
puede atender a su pedido por [tener] compromiso anticipado
(...) para nombrar otro administrador”. [62]
Este ejemplo, demuestra que el poder se encuentra fragmentado
entre varias clientelas competidoras entre sí -además
de reflejar el rasgo de reciprocidad que luego se analizará-.
La cohesión de este tipo de sistema nacional o regional
es resultado del equilibrio de poder que organiza en
un sistema a grupos de otro modo fragmentados. Cada
grupo de poder controla recursos concretos y por lo
tanto puede neutralizar o equilibrar el potencial de
las demás clientelas. Entre varios casos se han escogido
dos ejemplos que constituyen una muestra en el mismo
sentido.
El
primero tiene como protagonista al gobernador tucumano
Federico Helguera, quien solicitó a Paul Groussac, encargado
de la Comisión Nacional de Enseñanza en el Norte, una
de las becas de educación del Ministerio para un “protegido”
suyo. Groussac le respondió que disponía de tres becas
nacionales, es decir de las que proveía directamente
el Ministerio de Instrucción Pública -sin intervención
del gobierno provincial-, pero que no podía otorgárselas
porque, precisamente, la habían solicitado unos recomendados
del Ministro.[63] Esto puso en un aprieto a Groussac que se sentía comprometido
personalmente con Helguera debido a una deuda de dinero
que había contraído con éste tiempo atrás y que aún
no podía saldarla.[64] La beca hubiera sido una gran oportunidad para retribuir el
favor. Sin embargo, pese a su propia necesidad, Groussac
no pudo responder a la solicitud del gobernador. ¿Cuál
era el mayor obstáculo? La existencia de un poder superior,
un “patrón”, el Ministro de Instrucción, que lógicamente
disponía de más recursos y que ya tenía comprometidas
las mismas becas. En realidad, no era el Ministro, sino
el Ministerio, o sea la encarnación del Estado lo que
primaba.
En
el segundo caso, Pedro Alurralde solicitó a Helguera,
si es que no estaba comprometido de antemano, para que
diera su poder a Wenceslao Posse a fin de que lo representara
en una asamblea de accionistas del Banco Nacional. Era
necesario reunir un número suficiente de votos para
que los directores que se eligiesen fueran una garantía
de los intereses del Banco. Al mismo tiempo,
Marco Avellaneda trataba también de conseguir los poderes
de los accionistas de Tucumán y otras provincias para
trabajar por su candidatura.[65] Como se puede ver, los grupos de poder estaban fragmentados
y competían en clientelas y disponibilidad de recursos.
En palabras de A. Weingrod: “son sistemas de equilibrio,
y la fragmentación de los recursos y del poder es la
clave de este equilibrio”.[66]
En este punto es importante destacar que en todos los ejemplos
citados está presente, además de la desigualdad, el
otro rasgo importante de las relaciones clientelares:
la reciprocidad. La alusión al “compromiso” es constante.
Ambos están basados en las diferencias de riqueza y
de poder local, no en las diferencias de status legal,
y los intercambios incluyen, además, servicios o actividades
de otro tipo.
Un
buen análisis antropológico del patronazgo fue realizado
por Boissevain.[67] Con dos ejemplos explica la desigualdad y reciprocidad. En
el primero, un estudiante busca un favor especial de
un profesor y para llegar hasta él recurre -en primer
lugar- a un político de la localidad que -a su vez-
le debía un favor al estudiante. El estudiante consiguió
lo que buscaba y a cambio prometió hacer campaña por
el profesor que se presentaba a elecciones. En el segundo,
un hombre deseoso de ser nombrado para un cargo en una
municipalidad había conseguido ser propuesto por el
consejo municipal de localidad. Pero estaba preocupado
porque el nombramiento debía ser aprobado por una comisión
provincial que revisaba y sancionaba todos los nombramientos.
En consecuencia se puso en contacto con dos prestigiosos
conocidos suyos: un antiguo jefe militar y un abogado
a quienes pagó un estipendio y les pidió que intervinieran
en su favor. Ambos se pusieron discretamente en contacto
con sus conocidos en la comisión provincial y poco después
era nombrado.
A juzgar por estos datos, el patronazgo consiste en movilizar
diversos contactos para obtener los fines deseados:
los clientes buscan a un patrono dispuesto a velar por
sus intereses. Encontrar al patrono es complicado, pero
una vez realizados los contactos apropiados los deseos
del cliente pueden realizarse.
En lo que concierne a la élite tucumana también se pueden
analizar dos casos similares a los de Boissevain con
relación al patronazgo y el clientelismo.
Por un lado, Luis Alfaro -padrino y tío de Clorinda Garmendia
de Avellaneda- solicitaba al Gobernador Helguera que
se exima a un joven de ir al ejército:
“es
un mal paso en el Coronel Zerda mandar este moso (sic),
Juan Moreno, para el contingente. Es un moso (sic) que
nos sirve en la posta ha (sic) cinco años. Nunca ha
sido ni vago, ni mal entretenido. Como ha estado a la
mano y como tiene algunos círculos entre ellos mismos
porque lo ven juicioso, de aquí viene el que quieran
que desaparezca del lugar (…) Le ruego me conceda esta
gracia, que también es justicia”. [68]
Por
el otro, Juan Bautista Alberdi, el arquitecto de la
Constitución Nacional había mantenido, en su juventud,
una estrecha relación con Alejandro Heredia, gobernador
tucumano durante el período rosista. En 1878, casi treinta
después de la caída del régimen rosista, aún pesaba
sobre Alberdi aquella relación. Ese año fue elegido
Diputado Nacional y con tal motivo, confesó a Helguera
las razones personales de su gratitud a Heredia, sospechando
que los que habían resistido su candidatura volverían
sobre él. Alberdi había abandonado el Colegio de Ciencias
Morales, al poco tiempo de entrar: “por salud y hábitos
no pude soportar la disciplina severa del Colegio”,
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