Ponencias
1)
Ludolfo Paramio Una posible
agenda en las relaciones España-América Latina.
2)
Marta Casáus Algunas reflexiones sobre la cooperacion directa
o inter-institucional. El papel de las universidades en la cooperación
al desarrollo.
3)
José Deniz Las relaciones económicas entre España y
América Latina: propuestas de acción.
4) Laura
Ruiz Jiménez Las políticas de cooperación con América Latina
y el papel de España.
Las más recientes encuestas sobre lo que piensan los españoles
en materia de política exterior y las declaraciones de los representantes
políticos tras las elecciones de marzo de 2004 reflejan que
América Latina ocupa un destacadísimo lugar en las prioridades
de España. Sin embargo, esta orientación de la política exterior
española hacia América Latina hay que enmarcarla dentro del
nuevo escenario de una Europa de 25 Estados, lo cual sin duda
supone el replanteamiento del peso político de España en la
Unión Europea. Si a todo ello se le añade que la actual agenda
internacional está dominada por temas como la inseguridad, el
conflicto y la ampliación de la brecha entre ricos y pobres,
se entiende que es fundamental tanto para España como para América
Latina clarificar los objetivos de sus relaciones y definir
los mecanismos que se pretenden utilizar para cumplir los planes
trazados.
Comentaristas invitados:
Joaquín Estefanía
Elena Flores
Fernando García Casas
José Luis González Vallvé
Juan Pablo de la Iglesia
Dieter Koniecki
Carlos Malamud
Carlos Moreira
Leire Pajín Iraola
Joan Prats
Pedro Pitarch
José Juan Ruiz
José Antonio Sanahuja
Javier Santiso
María Solanas
Josefa Vega
Manuel Villoria
1) Una posible
agenda en las relaciones España-América Latina
Ludolfo Paramio (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas)
Aproximación
a un diagnóstico
Durante los
pasados cinco años la agenda latinoamericana ha estado marcada
por la crisis económica, hasta el punto de que el anterior secretario
de la CEPAL, José Antonio Ocampo, habló de media década perdida,
por analogía con la década perdida a causa de la crisis de la
deuda en los años ochenta. La frustración de las expectativas
económicas se ha traducido en varias significativas crisis
de gobernabilidad, de las cuales las más espectaculares
han sido la argentina y la boliviana, con las salidas de la
presidencia, respectivamente, de Fernando de La Rúa y Gonzalo
Sánchez de Lozada.
Sin alcanzar
esa misma dimensión, Ecuador y Perú atraviesan momentos de baja
legitimidad de sus gobiernos, en los que la casi nula popularidad
presidencial podría traducirse también en crisis de gobernabilidad.
Venezuela, por su parte, se encuentra en una grave situación
de polarización social y política que puede desembocar en la
revocación del mandato del presidente Chávez en agosto de este
año, pero deja en todo caso muchas incógnitas sobre la estabilidad
institucional.
Las perspectivas
económicas de la región parecen haber mejorado durante los últimos
meses, y 2004 podría ser un año de recuperación. Aunque el crecimiento
podría verse amenazado por una subida de las tasas de interés
en Estados Unidos —que afectaría a la financiación externa de
la región— y por el posible enfriamiento de la economía china
—que frenaría el actual auge de las exportaciones—, se puede
esperar, con algo de optimismo, que en bastantes países los
gobiernos estén en mejores condiciones para responder a las
demandas sociales.
Aun así, no
es seguro que las crisis de gobernabilidad que han surgido en
diferentes países se resuelvan de forma espontánea. En primer
lugar por lo que Hirschman denominó efecto túnel: la
exasperación de los conductores —de los ciudadanos— puede crecer
cuando dentro de un atasco una de las filas se mueve con rapidez
pero las demás permanecen estancadas. Es muy posible que la
recuperación económica afecte a los distintos grupos sociales
de forma muy desigual, y que esto provoque una exasperada acumulación
de demandas de los sectores que se sientan injustamente marginados
de una nueva fase de crecimiento económico. Este podría ser
el caso de los trabajadores del sector público, maestros y médicos.
En segundo lugar,
las crisis han revelado o han agudizado profundas crisis de
representación, es decir, de mal funcionamiento del sistema
político. Aunque la desconfianza hacia los partidos políticos
se haya convertido en un mal de época, extendido en todos los
países, la crisis de los partidos latinoamericanos parece ir
bastante más allá de lo que conocemos en Europa occidental,
con la posible salvedad de Italia, y sólo en parte es consecuencia
de la gravedad de las crisis económicas recurrentes que han
asolado la región. Hay problemas estructurales que se refieren
en unos casos a la fragmentación y la debilidad de las raíces
sociales de los partidos, en otros a la exclusión política de
sectores significativos —los indígenas—, y en la mayoría a una
cultura clientelar que no sólo dificulta el gobernar para el
interés general sino que provoca creciente insatisfacción ante
la escasez y volatilidad de los pagos clientelares.
Una posible
agenda
Al hablar de
lo que puede hacer la UE en relación con América Latina, o España
para ser un puente de los intereses latinoamericanos dentro
de la UE, se suele hacer hincapié en la necesidad de reformar
la PAC o ampliar y profundizar las relaciones comerciales
con la región. Estos son objetivos del mayor interés, pero no
parece posible obtener avances muy rápidos, en especial en el
contexto de la ampliación a 25, que va a significar la apertura
del mercado del Este y serios problemas para la adaptación de
la agricultura de aquellos países. Los tímidos avances del comisario
Fischler para desvincular las ayudas de la producción son —suponiendo
que la OMC no los denuncie como subsidios fraudulentos a la
exportación— lo más que parece posible conseguir en este terreno
durante los próximos años.
España posee
en cambio una experiencia muy importante como inversora en empresas
de banca, energía, telecomunicaciones y otros servicios, que
revela tanto las posibilidades de la inversión extranjera
directa en América Latina como los límites que existen para
esas posibilidades. El balance de esas empresas muestra que
el principal riesgo para la inversión en América Latina en la
actualidad no es el derivado de la inestabilidad macroeconómica
o monetaria, como podía ser el caso antes de las reformas estructurales,
sino el vinculado a las crisis de gobernabilidad.
Las dificultades
de Repsol YPF, amenazada por el resurgir de un clima favorable
a la nacionalización de los recursos naturales en Bolivia y
Argentina, puede ser un caso extremo, pero el problema más general
de las inversiones en un contexto de topes a las tarifas apunta
a la vulnerabilidad central de las inversiones: la inseguridad
que las crisis de gobernabilidad crean sobre las condiciones
de rentabilidad fijadas en los contratos iniciales. No es tan
sólo un problema cultural de inseguridad jurídica, aunque éste
tenga su propio peso, sino más bien de identificación —por parte
de la opinión pública— de las empresas trasnacionales con los
gobiernos o regímenes deslegitimados por su falta de resultados
ante la crisis económica.
Una primera
línea de actuación por parte española debería quizá dirigirse
a modificar las estrategias empresariales, especialmente
las de las empresas españolas. Es muy posible que las dificultades
de los dos últimos años hayan provocado ya una reflexión sobre
los errores cometidos al invertir durante los procesos de privatización
y en los momentos de apogeo del nuevo paradigma económico en
América Latina. Pero también es probable que el resultado de
esa reflexión vaya más en la línea de una política de imagen
—que contribuya a rebajar la hostilidad pública— que en la de
un planteamiento distinto de las relaciones deseables entre
las empresas privadas, la sociedad y los gobiernos para crear
condiciones estables para la rentabilidad.
Más allá de
errores puntuales —la apuesta por la convertibilidad en Argentina,
un error que compartieron las mismas agencias multilaterales—,
lo que se debería replantear es una visión de las oportunidades
de negocio escindida del contexto económico y social de las
sociedades receptoras. A posteriori parece evidente que tanto
los gobiernos que realizaron las reformas estructurales como
las empresas que se beneficiaron de ellas confiaron con un exagerado
optimismo en la continuidad del crecimiento, sin prever las
consecuencias de que éste se pudiera ver frenado por choques
externos o por la caída de los mercados de exportación. Es esa
vulnerabilidad general del modelo la que exigiría un replanteamiento.
Un replanteamiento,
por cierto, que las agencias multilaterales ya han llevado a
cabo en buena medida desde 1999, con su nuevo hincapié en las
reformas de segunda generación. Entre éstas hay algunas
que responden directamente a los intereses de los inversores
—la reforma judicial y, paralelamente, la creación de condiciones
de seguridad jurídica—, pero en general se proponen crear condiciones
institucionales para dar estabilidad al crecimiento, desde
las clásicas medidas de redistribución y protección social —para
evitar que el consumo interno dependa excesivamente del ciclo
económico— a las estrategias esenciales para garantizar la competitividad:
las inversiones en educación, salud e infraestructuras, la creación
de instituciones eficientes de representación y de gobierno.
Una posible
agenda de actuación desde España podría centrarse en favorecer
todas estas reformas de segunda generación a través de la formación
de profesionales y la promoción de los conocimientos y valores
que deberían orientar las reformas. Pese al polémico balance
de las empresas españolas, se podría intentar potenciar la formación
empresarial con una perspectiva distinta, haciendo hincapié
en la responsabilidad social de la empresa como condición para
la rentabilidad y competitividad de ésta a largo plazo. El contexto
español puede ser, pese a todo, más propicio a estos objetivos
que la formación en este campo en Estados Unidos. De igual forma
se debería favorecer la creación de empresas mixtas.
En el desarrollo
institucional, y en la creación de una cultura de gobierno distinta,
también se podría intentar que las experiencias españolas sirvieran
de referencia para abordar las tareas pendientes para una reforma
del Estado en los países de la región. La gestión de la sanidad
y la educación públicas en España, o la organización de la administración
—incluyendo las administraciones autonómicas—, pueden no constituir
un modelo a imitar, pero tampoco constituyen experiencias desdeñables.
Favorecer su conocimiento y promocionar la formación en España
de técnicos y profesionales en estos campos podría contribuir
al éxito de las reformas de segunda generación en América Latina.
Por último,
pese a las severas críticas que normalmente formulamos a nuestro
sistema de partidos y a nuestras normas electorales, es bastante
evidente que pueden servir como punto de referencia para la
progresiva transformación de lo que podríamos llamar la cultura
política de las élites dominantes en América Latina. Una mayor
proximidad y un diálogo más intenso entre los partidos e
instituciones españolas y latinoamericanas podrían redundar
no sólo en el mejor conocimiento mutuo sino en la modificación
de la agenda política en muchos países de la región.
Todas
estas propuestas pueden ser criticadas como un intento de proyectar
el caso español como un modelo a imitar. Sin embargo, es bastante
sabido que el modelo de Estados Unidos es el que viene actuando,
sin ningún complejo, como referente para gran parte de las élites
latinoamericanas, con el agravante de las notables distancias
culturales y estructurales que separan ambas realidades. La
conciencia de las limitaciones del caso español no debería ser
un obstáculo insalvable para intentar promocionar los aspectos
más positivos de nuestra sociedad y nuestra economía, a la vez
que intentamos mejorar los conocimientos y las actuaciones de
los empresarios e inversores españoles en América Latina.
2) Algunas reflexiones sobre la
cooperación directa o inter-institucional. El papel de las universidades
en la cooperación para el desarrollo
Marta
Casaús Arzú (Profesora Titular de Historia de América de la
Universidad Autónoma de Madrid.)
Premisas
Las universidades
españolas, hasta hace menos de una década, se habían mantenido
al margen de la cooperación y, con algunas excepciones, se hallaban
desvinculadas del trabajo de otros agentes sociales, entre ellos
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD).
Las actividades de la cooperación eran vistas por las instituciones
académicas como empresas voluntaristas, ni científicas ni académicas,
y ni siquiera dignas de tenerse en cuenta en el ámbito universitario.
El
contexto internacional de la cooperación para el desarrollo,
especialmente en América Latina, ha cambiado sustancialmente,
en parte por los grandes debates públicos que se han generado
a partir de las movilizaciones llevadas a cabo por los movimientos
antiglobalización, las cumbres internacionales sobre el hambre,
la pobreza o la discriminación y los foros y encuentros internacionales
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
BID, las cumbres iberoamericanas, la Plataforma del 2005 y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); [1] pero sobre todo ha sido el interés de la sociedad civil y
en especial de los estudiantes al involucrarse en todos estos
procesos como agentes sociales y participantes activos de los
mismos, lo que ha hecho que las universidades hayan modificado
su papel de acompañamiento a la Cooperación Internacional.
La
enorme participación en los últimos años de las ONGDs y de los
gobiernos en la cooperación para el desarrollo y el papel activo
de las organizaciones españolas en la consecución de más fondos
para los países en vías de desarrollo, así como el esfuerzo
por elaborar planes estratégicos de largo alcance y conseguir
una mayor colaboración entre el gobierno y la sociedad civil
ha generado un importante consenso a nivel nacional e internacional
del que las universidades no han podido permanecer al margen.
En
los últimos años la profesionalización de los voluntarios y
cooperantes de la ONGDs y de las agencias de cooperación y los
debates que se han producido sobre el desarrollo y las políticas
públicas para el desarrollo y la interculturalidad han generado
una mayor participación entre ambos instituciones y se han establecido
muchos cruces de caminos entre ambas; si bien es verdad que
las iniciativas casi siempre han surgido de forma individual
y voluntarista por parte de los profesores y estudiantes que
han colaborado a título personal con las Ongs o con las agencias
nacionales e internacionales.
La
voluntad de las universidades de abrirse a la sociedad y colaborar
activamente con empresas, ayuntamientos y ONGDs es muy reciente.
De hecho en la Universidad Autónoma (UAM), ha sido en 2003
cuando ha puesto en marcha una oficina de Acción Solidaria y
creado un Vicerrectorado de Cooperación, en donde se fijan
los objetivos a medio plazo, que llevarán a consolidar la oficina,
potenciar las relaciones con otras ONGDs y poner en marcha un
Máster de Cooperación para el Desarrollo. Otras universidades,
como la Universidad Complutense, la Universidad del País Vasco
y la Universidad Autónoma de Barcelona ya habían dado esos pasos
con anterioridad.
Presupuestos
básicos de las universidades públicas en cooperación para el
desarrollo:
La
Universidad constituye un ámbito privilegiado para el conocimiento,
la investigación aplicada, el debate y la difusión del conocimiento.
El desarrollo no es simplemente el crecimiento económico sostenido,
sino que conlleva otras variables que el PNUD asume en su concepto
de Desarrollo Sostenible, como: la igualdad de oportunidades
en salud, educación y vivienda; la incorporación de la variable
de género y etnia para paliar las desigualdades, los aspectos
culturales y medioambientales, la participación democrática
y la gobernabilidad. En este concepto amplio de desarrollo y
en el nuevo contexto internacional, las universidades y los
universitarios tienen muchas cosas que aportar y una responsabilidad
frente a la sociedad nacional e internacional.
La universidad por su ámbito tradicional de actuación
es un espacio importante de debate que abarca todas las áreas
de conocimiento y cuenta con los medios necesarios para hacer
una investigación aplicada en materia de desarrollo, formación
de las futuras generaciones para su inserción laboral y para
su capacitación como voluntarios o cooperantes.
La Universidad, por los medios materiales y los recursos
humanos y por el ámbito de difusión a nivel nacional, puede
servir de foro de debate, de denuncia y de acogimiento de múltiples
iniciativas y de seminarios como la injusticia, la desigualdad,
la discriminación o la cooperación.
Las universidades españolas deben y pueden
ser un sujeto activo en la cooperación al desarrollo y tienen
los medios, la experiencia y el profesorado para formar académicamente
y en el ámbito de la investigación aplicada a aquellos estudiantes
y voluntarios que quieran dedicarse a la cooperación.
Las
universidades españolas, aunque con un poco de retraso en relación
a Europa, especialmente a las de los países nórdicos y anglosajones,
están preparadas para ser agentes directos de la cooperación,
y son unas entidades capaces de promover la solidaridad y de
llevar a la práctica proyectos concretos que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de los países en vías de desarrollo.
Las
universidades españolas y el Ministerio de Educación y Ciencia,
a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
Docente (ANECA) y de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva
de las Universidades de Madrid (ACAP), deben dejar de establecer
diferencias o discriminar negativamente entre la investigación
pura y la investigación aplicada, y de considerar que aquella
que se hace para la cooperación al desarrollo o para organismos
internacionales, como PNUD, BID, Cumbres Iberoamericanas, etc.,
no es investigación, sino labor humantaria o voluntariado.
Propuestas
Las
universidades españolas tienen el deber y el compromiso de contribuir
a promover, alentar y fomentar estos debates y estas investigaciones
sobre América Latina, ya que son la base para un buen diagnóstico
y unas propuestas de políticas públicas sobre América Latina,
en materia de cooperación, desarrollo -ecodesarrollo y etnodesarrollo-,
realizadas con trasversalidad de género, étnia e interculturalidad.
El gran reto de las universidades españolas es adecuar sus programas
curriculares, sus carreras de grado y de postgrado, de cara
a la Convergencia Europea, dentro del proceso de Bolonia, e
incorporar nuevas carreras y Masters, diplomaturas que vayan
dirigidos a la formación y a la investigación en América Latina.
Esta labor, las coloca en una importante ventaja comparativa
con el resto de Europa, reforzada además por la demanda de los
alumnos en este tipo de materias, que desde hace más de diez
años pretende ser escuchada, sin que se haya tenido en cuenta
hasta ahora.
Las
universidades españolas deben promover y alentar las relaciones
institucionales y académicas entre las mismas, para unificar
proyectos y programas sobre América Latina, ya sea entre las
universidades como con otros agentes sociales, ONGDs, Agencias
gubernamentales, empresas y ayuntamientos, con el fin de fijar
políticas y agendas de desarrollo, pactadas y consensuadas con
el conjunto de la sociedad. Por otra parte el gobierno y especialmente
la Secretaría de Cooperación y la Agencia Internacional de Cooperación
Internacional (AECI), deberían confiar más en las universidades,
en su capacidad instalada, en su asesoría técnica, en su capital
social a la hora de hacer consultorías, diagnósticos, evaluaciones
de impacto o investigación aplicada sobre América Latina, a
fin de contribuir a diseñar sus políticas de desarrollo nacionales
e internacionales.
La
relación entre España y América Latina en materia de cooperación,
no debería ser a título individual, con expertos o asesorías
concretas de profesionales, sino de forma institucional, de
modo que se aprovecharan, mediante convenios generales o cartas
de compromiso, los recursos y demás aspectos que caracterizan
o especializan a cada Centro o Institución.
Debería
haber un diálogo más fluido entre las universidades españolas
y latinoamericanas, por medio de la Conferencia de Rectores
(CRUE) o de los representantes de alto nivel de todas y cada
una de las universidades, y con la Administración Pública, especialmente
con la Secretaría de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores,
pero también con otros Ministerios que desempeñan acciones de
cooperación como los ministerios de Economía, Comercio, Trabajo
y Asuntos Sociales, con el fin de fijar planes estratégicos
a medio y largo plazo en función de la agenda estratégica de
desarrollo.
Sin
duda alguna, se debería contar mucho más con las universidades
latinoamericanas para establecer las propuestas de políticas
de becas y ayudas en función de sus necesidades y no sólo de
las españolas. Tendría que haber una mejor coordinación entre
la Universidad y la Cooperación con América Latina, en materia
de oferta de grado y postgrado, desde las Fundaciones españolas
que dependan de la Cooperación como, la Fundación Carolina,
la FIIAP y de otras instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores,
en cuyas fundaciones prácticamente no existe la presencia ni
el asesoramiento o consulta con las universidades españolas
y latinoamericanas que, en esta materia, tienen mucho que opinar
y que ofrecer.
Por último y ésta constituye nuestra principal propuesta, es
que en el futuro plan estratégico de la Secretaría de Cooperación
se debería establecer como prioritaria una línea especial entre
las universidades públicas y las entidades públicas de cooperación
al desarrollo, con convocatorias especiales, desde la Administración
central, autonómica y Administración local, en lo que se llama
cooperación directa o inter-institucional, en temáticas específicas
y mediante concurso público, con el fin de contar plenamente
con el apoyo institucional de nuestras universidades. Mediante
este tipo de cooperación directa entre España y América Latina
se asegura:
a)
La calidad académica directa y el aval institucional
de las universidades en el proyectos de diagnóstico, cooperación,
evaluación o formación de larga duración.
b)
La continuidad
del proyecto y la seguridad de una gestión eficaz administrativa
y financiera entre ambas instancias.
c)
La reducción de costos económicos al no haber “overhead”
o tasas de gestión y no tener que pagar a los directores, coordinadores
y profesores participantes españoles por ser funcionarios públicos.
d)
La emisión de un título o diploma doble España – América
Latina en aquellos proyectos de formación profesional o académica
para los beneficiarios latinoamericanos que no pueden salir
de sus países, lo que siempre supondría un valor añadido para
su incorporación laboral.
Por todo ello se aboga por un nuevo modelo de cooperación
directa e inter-institucional entre las universidades y la Administración
Pública, y que aquéllas tengan un mayor peso en la gestión del
desarrollo y un mayor compromiso con otros agentes de la sociedad
civil y con la Administración en el campo de la solidaridad,
de la formación, y en general, en la cooperación internacional
para el desarrollo con la región.
3) Las relaciones económicas entre España y América Latina: propuestas
de acción
1.
Posiblemente una buena manera para iniciar un debate sobre una
agenda que pretenda compartir algunas propuestas de
acción entre diferentes partes, con la intención de que
tengan una continuidad por lo menos a medio plazo, es la de
dejar establecidos, con nitidez y sin suspicacias, algunos supuestos
y reglas de juego. En este caso, los referidos a la dimensión
económica y sus actores más relevantes en las relaciones entre
España y América Latina y el Caribe (ALC).
Un
primer y necesario supuesto se derivará de responder a la pregunta
de si efectivamente se quiere construir dicha agenda y, en el
caso de responder afirmativamente, plantearse qué se quiere
hacer para, entonces, averiguar qué y cómo se puede hacer.
Esto
hace necesario que se reconozca y asuma a estos efectos por
lo menos dos cosas:
-
a. que, en la
actualidad, ambas partes integran ámbitos institucionales y
supranacionales cuyas normativas y políticas tienen efectos
y condicionan sobre sus capacidades de decisión nacionales.
Una de ellas es reconocer que, aunque se examinen las relaciones
económicas entre España y ALC, de hecho estas se enmarcan en
la Unión Europea (UE) para el caso de España y con los correspondientes
procesos de integración subregionales para el caso de los países
de ALC.
-
b. que, si bien
seguramente hay mucho que compartir y por lo tanto mucho de
que beneficiarse mutuamente, existen muy notables asimetrías
estructurales (que se expresan en múltiples intereses) que,
más allá de la voluntad de las partes, hacen complejo y seguramente
conflictivo el diálogo y las negociaciones entre los actores
interregionales.
2.
Entre los posibles elementos contextuales que cabe citar
sin jerarquizarlos y sólo para ilustrar las relaciones asimétricas
existentes entre España-UE y ALC están los siguientes:
- La UE (de la que España es la quinta economía)
es el mayor bloque económico del mundo y sus habitantes tienen
una media de ingresos ocho veces mayor a la de ALC.
- La UE, además de tener la mayor proporción sobre
el comercio mundial de mercancías, tiene una muy alta concentración
del comercio entre sus miembros. Por su parte, el peso del comercio
exterior entre la UE y ALC es relativamente muy bajo (del mismo
modo que para el caso de España), mientras que el peso del comercio
entre Estados Unidos y ALC es bastante mayor y en la última
década ha crecido. Por supuesto que, inversamente, el peso del
comercio interregional considerado desde la balanza comercial
de los países de ALC es mucho mayor, registrándose así otra
asimetría entre unas regiones y otras.
- Los países de ALC no sólo no ganan significativamente
mercado europeo sino que en muchos casos lo han perdido, tanto
por factores de oferta como de demanda, vinculados a la competitividad
de la región y a las políticas comerciales de la UE, con marcadas
diferencias en la composición de sus relaciones, predominando
los productos primarios entre los primeros y los bienes manufacturados
y los servicios entre los segundos.
- No obstante lo anterior, la UE es el segundo socio
comercial de la región, y el primero con el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), donde también es el primer inversor extranjero
y el primer donante de ayuda, sobresaliendo la preeminencia
de España.
-
Durante los años noventa, a la vez que la globalización se impone
y el alcance de las empresas transnacionales se hace dominante,
aumenta la liberalización de los flujos comerciales y financieros
y se consolidan los bloques económicos regionales, comprobándose
como en ALC se incrementa notablemente el comercio intrarregional
y los múltiples procesos de negociación, incluidos los de integración
subregional y regional, además de hemisférica. Así es como
se firman acuerdos de liberalización preferencial entre la UE
y países de ALC, destacando los tratados de libre comercio (TLC)
con México y con Chile, y, próximamente, con los países del
MERCOSUR, además de los diversos acuerdos suscritos entre EE.UU.
y países del área y el impulso para formar la Asociación de
Libre Comercio de las Américas (ALCA).
-
ALC a pesar de aplicar unos programas de ajuste estructural,
recomendados por organismos internacionales, en cuyo marco se
incluyó un desarme arancelario unilateral emprendido por la
mayor parte de los países de la región, continúa siendo el lugar
del mundo con el mayor nivel de desigualdad social, con una
enorme concentración de la riqueza, con altos niveles de pobreza
y hambre, con altas tasas de desempleo e informalidad en el
empleo, con gran debilidad de los sistemas de protección social,
con altos niveles de deuda externa, etc., lo que ha incrementado
los niveles de corrupción, criminalidad e impunidad, generando
una insatisfacción generalizada de la población con sus instituciones
y gobernantes, lo que debilita sus posibilidades de gobernabilidad
y su capacidad de negociación internacional.
3.
Ante este panorama, breve y parcialmente expuesto, se defiende
la idea de que vale la pena elaborar una agenda que pretenda
construir y fortalecer acciones compartidas estratégicamente,
basadas, entre otros componentes, en las relaciones económicas
entre España y ALC. Los siguientes son algunos de los razonamientos
y argumentos a favor de esta opinión:
-
Los vínculos regulares, económicos y políticos,
mantenidos entre los países de la actual UE y ALC se vienen
intensificando en las últimas décadas, pero adquirieron una
especial relevancia en los últimos años a partir de la primera
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina
y la Unión Europea, celebrada en Río de Janeiro en junio
de 1999, seguida por otra en Madrid en 2002 y cuya tercera Cumbre
acaba de realizarse en Guadalajara (México) en mayo de 2004,
donde asistieron representantes de 58 países (25 de la UE y
33 de ALC) y alrededor de mil millones de habitantes. Unos años
antes, estas relaciones estuvieron marcadas por el singular
protagonismo de España y Portugal, antiguas metrópolis de la
mayoría de los países latinoamericanos y que en 1986 se integraron
a la Comunidad Europea. Tiempo después, gracias al acuerdo
original de varios gobiernos, se da inicio a un proceso de reuniones
periódicas que se han llevado desde 1991 hasta la fecha en el
marco de las llamadas Cumbres Iberoamericanas, que reúne
solamente a los Jefes de Estado y Gobierno de América Latina,
España y Portugal.
-
De las declaraciones y documentos emanados de estas
reuniones se detecta la existencia, por lo menos nominal y formalmente,
de unos valores, de unos principios, de un lenguaje y de unas
ideas compartidas, que lleva a pensar en que se quiere coordinar
acciones en la escena internacional. Así es como se defiende
la necesidad de una asociación estratégica, cuyas dimensiones
deben ser la asociación económica, el diálogo político y la
cooperación, todo ello basado en principios de igualdad y alianza.
Lógicamente, que como trasfondo de esta concordancia aparecen
las relaciones con Estados Unidos y sus condicionantes y obligaciones
de todo tipo, mientras se negocia el ALCA, por lo que el estrechar
lazos y coordinarse internacionalmente entre la UE y ALC debería
entenderse más como un esfuerzo común en términos positivos
que como alianza que pueda entenderse en términos negativos
hacia otros.
-
Aquí se considera que es desde el reconocimiento de
lo anterior desde donde España debe plantear su visión
sobre la dirección que deben seguir dichas relaciones con ALC
y asumir coherentemente sus acciones, consciente de cual es
su peso y su papel en el escenario europeo, mediterráneo y mundial,
a la vez de reconocer y apostar por proyectar a sus relaciones
con ALC la visión de lo que coloquialmente se consideran son
los valores y principios en los que se fundamenta el modelo
europeo de sociedad, donde históricamente han predominado
los valores de justicia social (con redistribución de la riqueza)
y solidaridad. En todo caso, esto quiere decir que España debe
tener también una política en el seno de la UE que se encuentre
en esta sintonía para, entonces, poder ser proyectada en ALC,
en un momento en que emerge una UE de 25 países y que está por
concretar su primera Constitución y un nuevo reparto de poder
institucional. Una UE, en definitiva, pendiente de resolver
su peso económico y, sobre todo, político.
-
Esos vínculos orgánicos y esa voluntad declarada de
carácter estratégico de las relaciones entre las partes, a través
de la búsqueda de la convergencia de posiciones, tendría que
tener para su continuidad el establecimiento de unos marcos
y mecanismos institucionales y la definición de proyectos
a mediano y largo plazo, con objetivos y mecanismos precisos
que sean capaces de encausar dichas relaciones.
-
Dado que en la profundización de las relaciones con
ALC la dimensión económica es de vital importancia,
España, desde el ámbito de la UE, debería estimular una asociación
económica que profundice las complementariedades y busque
nuevos espacios y actividades y que sea capaz de avanzar en
la instrumentación de los acuerdos de asociación vigentes con
México y Chile, mediante la concreción y puesta en práctica
de convenios sectoriales específicos; que se concrete el TLC
con el Mercosur en el mes de octubre próximo; que además de
impulsar la aplicación de los acuerdos de diálogo político y
cooperación con la Comunidad Andina y con Centroamérica se inicien
las negociaciones de futuros acuerdos de asociación y se avance
en las negociaciones con los países del Caribe en el marco del
Acuerdo de Cotonú. Todo ello, seguramente, como resultado de
estos acuerdos parciales, derivará en un acuerdo de asociación
birregional, que podría entrar en vigor en 2010.
-
El acuerdo intercontinental
no debe ser un acuerdo de liberalización comercial más, no
debe abarcar sólo las relaciones comerciales, debería incluir
también otro tipo de relaciones, que aunque muy directamente
vinculadas a éstas tienen sus especificidades como, por ejemplo,
son los ámbitos científico, tecnológico y educativo.
-
Es lógico y, seguramente, necesario que en toda negociación
existan concesiones de ambas partes para definir los
compromisos mutuos, pero el problema radica cuando existen marcadas
asimetrías entre los actores y la razón principal son las diferencias
de poder, como suele objetarse por una de las partes. Lo
habitual son las impugnaciones, tanto cuando se negocia una
zona de libre comercio o el comercio birregional. Así es como
el principal interés de muchos países latinoamericanos (de particular
importancia en las negociaciones con el Mercosur) es obtener
una propuesta europea atractiva en términos de una mayor apertura
del mercado para sus alimentos, limitados por medidas proteccionistas
(como subsidios a diversos tipos de cultivo y restricciones
sanitarias) que los excluyen. Además, consideran preocupante
que con regularidad las concesiones que hacen para lograr incrementar
la venta de sus productos agrícolas a la UE incluye el tener
que permitir la intervención ajena en sectores estratégicos
para el desarrollo. Por su parte, desde la UE las quejas se
dirigen contra las dificultades (incluidas las inseguridades
jurídicas) que tienen sus empresas en determinadas actividades,
como, por ejemplo, los servicios y el deseo de ampliar su presencia
en áreas como la energética y la de productos industrializados,
además de tener mayor acceso a las inversiones públicas.
-
España, desde
la UE, debería buscar el consenso para enmarcar sus relaciones
económicas en la conformación de un nuevo orden internacional
que apueste nítidamente por apoyar el desarrollo de ALC,
como se reivindica desde diversos foros internacionales, gubernamentales
y sociales, incluido los latinoamericanos. Este compromiso serio,
que en muchos casos ha dificultado el diálogo, significa conectar
con empeños tales como la exigencia de un sistema multilateral
efectivo, a la vez que la reforma y revitalización de Naciones
Unidas, incluida su democratización y la de otras instituciones
(como el FMI, el Banco Mundial y la OMC), siguiendo las orientaciones
del desarrollo sustentable (que incluye lo económico, lo social
y lo ambiental). Posiblemente esto podría incidir en el crecimiento
económico de la región y sería incluso uno de los mejores respaldos
a sus instituciones democráticas. Para ello, entre otras cosas,
sería necesario marcar como objetivo prioritario el desarrollo
integral y la cohesión social, mediante la erradicación de la
pobreza, del hambre, de la mortandad y desnutrición infantil,
el desempleo y la precariedad laboral; planes de acción concreto
que pongan fin a la violencia política y social, consolidando
la opción de negociación política como única salida posible
a los conflictos; políticas negociadas con los países receptores
que hagan posible reconocer la plenitud de sus derechos a los
emigrantes; concretar medidas claras para resolver mutuamente
el tema de la deuda externa, anteponiendo el derecho al desarrollo
de los deudores; etc.
-
Como resultado
de las transformaciones que se produjeron en España y la internacionalización
de sus empresas, más las transformaciones que se produjeron
en la propia ALC y las ventajas de localización que ello produjo,
las inversiones directas españolas (IDE) en la última
década se incrementaron de manera espectacular, especialmente
de parte de los grandes bancos, el sector energético y las telecomunicaciones,
convirtiéndose en algunos de aquellos países en líderes en sus
actividades. Años después existe suficiente camino recorrido
como para recoger aprendizajes para todas las partes implicadas.
Entre otros, los que tienen que ver con el papel de los actores
de los sectores público y privado, tanto español como latinoamericano.
Aquí lo que se quiere subrayar es el apoyo institucional que
han tenido muchas IDE, que consistieron en una serie de medidas
que supuestamente respondían a una estrategia inversora en el
exterior y que se expresaron mediante medidas fiscales, de financiación
y de garantía de riesgos, muy similares a las existentes en
otros países europeos. En varios casos las negociaciones y algunos
conflictos suscitados en estos tiempos se convirtieron en temas
de Estado en ALC, que los medios de comunicación recogieron
y proyectaron socialmente, creando estados de ánimo en muchos
casos desfavorables a la inversión empresarial española y a
su comportamiento. Ante esta situación, que requeriría un compromiso
diferente de parte de los distintos actores, algunos ven unas
mejores perspectivas para las pequeñas y medianas empresas españolas
que, por operar en el segmento intermedio del mercado y por
su componente horizontal, estarían en mejores condiciones para
establecer acuerdos de cooperación empresarial, que al no explotar
relaciones de contenido desiguales aportaría beneficio mutuo,
lo que crea un clima más propicio. En cualquier caso, entre
las posibles políticas e instrumentos que podrían impulsarse
estarían el fortalecimiento de la cooperación empresarial, el
uso satisfactorio de los convenios internacionales y bilaterales,
la homologación de las regulaciones y normativas de los productos,
el impulso (desde la UE) de instrumentos de investment partners
que permitan financiar la creación de empresas mixtas y la transferencia
de tecnología, la creación de una agencia de inversiones y de
una red informática iberoamericana, etc., etc.
4.
En definitiva, estos son simplemente algunos elementos para
elaborar una agenda. Un mayor conocimiento de las realidades
concretas de ALC con toda seguridad permitiría hacer un
diagnóstico y unas propuestas más cercanas a las mismas realidades
y a su diversidad y complejidad, donde los actores son múltiples
y tienen enfoques alternativos. Quizá con alguna imaginación,
si la voluntad es modificar el ser, se debe intentar pasar de
lo normativo a lo positivo (como ha sido dicho por alguien).
4) Las políticas de cooperación con América Latina
y el papel de España
Laura Ruiz Jiménez (Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset)
Estas
páginas se enmarcan en la propuesta lanzada por la SECIB y el
IUIOG para reflexionar sobre la política de España hacia América
Latina, concretamente sobre las políticas de cooperación en
las que esta región ha tenido siempre un papel muy destacado
como receptora de fondos.
España
mantiene relaciones de cooperación al desarrollo con América
Latina a través de tres canales distintos: la Unión Europea,
la cooperación bilateral y el sistema de Cumbres Iberoamericanas.
En esta breve reflexión me interesa centrarme en los dos últimos
ámbitos y ponerlos en relación, puesto que el foro iberoamericano
ha desarrollado un sistema de cooperación con características
particulares que le hacen superior al de la cooperación bilateral.
Por
otro lado, la concepción horizontal del sistema iberoamericano
(no siempre asumida pero sí marcada como fundamentación y objetivo)
constituye un marco idóneo desde el que relanzar las relaciones
de España con América Latina. España debe tener en cuenta que
su relación con la región no puede ser planteada como la de
una potencia frente a países en desarrollo medios o pequeños,
pues estados como Brasil o México requieren otras premisas de
partida y otro tratamiento. El espacio iberoamericano resulta
también en este caso un contexto apropiado desde el que defender
intereses comunes en el ámbito internacional.
1. Cooperación
bilateral vs cooperación en el sistema de Cumbres
América
Latina ha sido siempre un área preferente para la cooperación
al desarrollo de España. La consolidación del país como donante
de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha ido acompañada de una
creciente diversificación de los países beneficiarios, pero
Latinoamérica continúa siendo el principal receptor con gran
diferencia sobre el resto de destinos ya que concentra prácticamente
la mitad de la ayuda bilateral.
El
nuevo gobierno de Rodríguez Zapatero, a través del Ministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación, ha manifestado su voluntad
de mantener a Latinoamérica como receptora prioritaria de la
AOD española y se ha comprometido a aumentar los actuales fondos
de ayuda al desarrollo desde 1700 millones de euros (0,24 del
PIB) a más de 5000 para el año 2009 (0,5 del PIB). Este aumento
viene impuesto por la necesidad de España de acercarse a los
otros donantes de la Unión Europea y para cumplir con compromisos
internacionales adquiridos. Queda pendiente, sin embargo, la
tarea de mejorar la calidad de la ayuda y de asegurar su impacto
sobre la superación de la pobreza, objetivo muchas veces ausente
en los programas ejecutados.
Respecto
de la calidad de la ayuda española, el último examen realizado
por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en el año 2002 denunciaba
su alta condicionalidad (una de las mayores entre los miembros
del CAD) vinculada al uso de créditos como parte de la ayuda
(créditos FAD y microcréditos) o a la entrega de fondos ligados
a la adquisición de bienes y servicios españoles. La evaluación
del CAD también cuestionaba la contribución de la AOD española
a la reducción de la pobreza cuando sólo una parte mínima de
la misma se dirige a los sectores sociales básicos (el CAD recomienda
que, al menos, un 20% de la ayuda al desarrollo se destine a
éstos). Los fondos de cooperación españoles dedicados, por ejemplo,
a la restauración del patrimonio de la época colonial o a la
promoción cultural en el extranjero a través del Instituto Cervantes
introducen nuevos cuestionamientos sobre los objetivos últimos
de nuestra ayuda al desarrollo.
Otros aspectos mejorables de la AOD bilateral española señalados por
el CAD se refieren a la falta de coordinación entre los distintos
organismos ejecutores, la dispersión de los proyectos o la falta
de sistemas de seguimiento y evaluación. Es en este contexto
en el que las Cumbres Iberoamericanas, concretamente el sistema de
cooperación articulado en su seno, adquiere trascendencia al
haber sido capaz de quebrar buena parte de estos defectos de
la AOD bilateral.
El sistema de Cooperación Iberoamericano arrancó en la II Cumbre celebrada en Madrid (1992) cuando los países asistentes
se comprometieron a impulsar una serie de proyectos cuyo número
y alcance no dejó de crecer desde entonces. Algunos de ellos
han llegado a recibir reconocimiento internacional por su calidad
y sostenibilidad, como es el caso de los Programas de Alfabetización
de Adultos premiados por la UNESCO.
Los mecanismos de cooperación del sistema iberoamericano
quedaron fijados en un protocolo de acción aprobado en Bariloche
en 1995. El Convenio para la Cooperación en el marco de la
Conferencia Iberoamericana estableció un sistema caracterizado
por la horizontalidad y corresponsabilidad. Para obtener la
aprobación de un programa en el ámbito de las Cumbres, se hizo
imprescindible la implicación activa, con fondos económicos
o recursos humanos, de tres países iberoamericanos y el posterior
aval de cuatro estados más. Se introdujo así la obligatoriedad
de articular consensos entre donantes y receptores en torno
a cada programa, una concepción que impide la ayuda ligada o
los fondos que favorecen más los intereses del país que los
concede que los del receptor.
El modelo horizontal y corresponsable del sistema de Cumbres
Iberoamericanas contrasta agudamente con las prácticas habituales
de la ayuda bilateral y sería un excelente marco para canalizar
de forma creciente la AOD española hacia América Latina. Mejorarían
así sustancialmente la calidad y el impacto de las acciones
emprendidas.
2. Cooperación multilateral
El modelo de cooperación puesto en marcha por las Cumbres,
pese a su potencialidad, tiene por el momento importantes limitaciones.
En primer lugar, moviliza fondos todavía exiguos. En segundo,
la mayoría de los programas aprobados han funcionado hasta ahora
financiados casi exclusivamente por España.
Existen, sin embargo, importantes intereses comunes entre
los países iberoamericanos que pueden favorecer la puesta en
marcha de proyectos de cooperación conjuntos. Para diseñarlos,
gestionarlos e impulsarlos, el sistema de Cumbres resulta muy
conveniente. El respaldo a la presencia de la cultura iberoamericana
en los Estados Unidos o en el mundo o la promoción del uso del
español en internet son, por ejemplo, dos objetivos concretos,
asequibles y con resultados suficientemente prometedores como
para favorecer el diseño de estrategias coordinadas entre varios
de sus miembros. Son intereses que pueden movilizar los recursos
de varios estados en lugar de que cada uno trabaje en solitario
por objetivos semejantes.
Habría que dar el paso que permita convertir el foro iberoamericano
en un espacio de promoción de objetivos conjuntos. En lugar
de una cooperación al desarrollo fruto de una política bilateral
entre dos gobiernos, las Cumbres permiten el diálogo entre varios
actores para articular soluciones efectivas a problemas comunes.
Pocos foros multilaterales tienen tantas ventajas para aplicar
formas de cooperación triangular, en las que los países con
más recursos financien los programas y se aproveche la proximidad
de problemas y estructuras para promover una buena circulación
de técnicos y proyectos exitosos. Esta colaboración resultaría
muy interesante, por ejemplo, en el ámbito de la reforma del
estado en la que están implicados los países latinoamericanos
actualmente. La cercanía de sus sistemas administrativos y los
éxitos alcanzados en este terreno por algunos países iberoamericanos
puede favorecer el intercambio de experiencias. El camino recorrido
por unos será de suma utilidad para los demás.
3.
Multilateralismo y Concertación política
El sistema iberoamericano parece adecuado para desarrollar
no sólo proyectos de cooperación conjuntos, sino también para
impulsar iniciativas políticas comunes en el sistema internacional.
Para España podría resultar conveniente dirigir una estrategia
hacia América Latina que se base tanto en las relaciones bilaterales
con cada uno de los 19 países como en el establecimiento de
una sólida asociación multilateral. En la región existen naciones
de peso como Brasil, México o Chile que están trabajando activamente
por tener una mayor presencia en el ámbito internacional y desarrollando
iniciativas a las que puede sumarse España. La Alianza contra
el Hambre y la Pobreza promovida por los presidentes Da
Silva y Lagos o la concertación orientada reforzar el papel
de Naciones Unidas, son buenos ejemplos de políticas en las
que la asociación iberoamericana resulta especialmente conveniente
para España.
El sistema iberoamericano aparece también en este ámbito
de la concertación política como un buen contexto en el que
ubicar las relaciones de España con América Latina. De hecho,
la concertación ha sido, junto a la cooperación, pilar central
del sistema de Cumbres desde el principio
[2]. Aprovechando que las Cumbres son un espacio que reúne
a los más altos mandatarios iberoamericanos, las conferencias
han sido utilizadas por ellos para mantener encuentros al más
alto nivel que han producido avances en la resolución de controversias
fronterizas (Ecuador-Perú), han impulsado proyectos conjuntos
(polo de desarrollo Chile-Bolivia, 2000) o ha permitido la realización
de declaraciones consensuadas en torno a diferentes asuntos.
En cualquier caso, la posibilidad de establecer agendas comunes en temas
de cooperación y concertación política no debe llevar a pensar
que existe la posibilidad de crear una Comunidad Iberoamericana
que funcione como un actor internacional con posiciones homogéneas.
Aunque en el pasado se hayan logrado importantes avances
en la concertación política, también se han producido sonoros
desencuentros entre los países iberoamericanos que muestran
bien los límites de la asociación. Existen algunos intereses
tan opuestos entre las dos regiones implicadas en el sistema,
que resulta difícil pensar en una unidad de acción; las crecientes
denuncias de los países latinoamericanos contra la política
agraria de subvenciones practicada por la UE ilustra muy bien
este punto. Pero ni si quiera en el interior de cada uno de
los bloques regionales que integran la CIN hay homogeneidad
en los posicionamientos internacionales: la pasada intervención
en Irak o el trato concedido a Cuba evidencian la existencia
de profundas divisiones.
Pensar en una Comunidad Iberoamericana que actúa al unísono
en el ámbito internacional no resulta realista, pero el espacio
iberoamericano sí puede ser un útil foro desde el que impulsar
determinadas estrategias y posicionamientos comunes. El gobierno
de Rodríguez Zapatero ha señalado su intención de renovar sus
relaciones con América Latina y hacerlo desde la cooperación
y la horizontalidad. Para este objetivo el sistema iberoamericano
puede resultar un marco adecuado en el que España promueva iniciativas
o se sume a los proyectos impulsados por otros socios latinoamericanos.
4. Adaptar el sistema de Cumbres Iberoamericanas a nuevos
objetivos
Si se acepta que el espacio de Cumbres es un marco adecuado para la
promoción de proyectos de cooperación y de iniciativas políticas
conjuntas, será necesario introducir en él ciertos cambios puesto
que fue creado con otros objetivos y se encuentra en la actualidad
sumido un una fase de marcado agotamiento.
El sistema iberoamericano comenzó muy pronto a recibir críticas
referidas a su escasa trascendencia política y a su carácter
excesivamente retórico. Esta situación es consecuencia directa
de la falta de objetivos claramente fijados y del hecho de que
cada reunión se cierra con una Declaración Final, un documento
no vinculante que es poco más que una largo listado de principios
y deseos. Las declaraciones recogen las múltiples aspiraciones
de los miembros, se refieren a problemas de imposible resolución
en el ámbito de las conferencias iberoamericanas como el control
de los flujos financieros internacionales o la renegociación
de la deuda y carecen de cualquier plan de acción que ayuda
a conseguir los intereses señalados.
Establecer
objetivos concretos y claramente definidos y articular mecanismos
de acción para lograrlos haría a las Cumbres menos declarativas
y más ejecutivas. Las Conferencias Iberoamericanas no deberían
ser un espacio para hacer grandes declaraciones de principios,
sino un ámbito en el que desarrollar programas de cooperación
y acciones conjuntas concretas. En él deberían elaborarse planes
de acción siempre definidos y establecerse los mecanismos que
permitan asegurar su aplicación y realizar balances de lo conseguido.
Ajustar
el sistema iberoamericano a estos objetivos requiere, por un
lado, interrogarse sobre la necesidad de mantener la periodicidad
de las Conferencias de Jefes de Estado y de Gobierno, hasta
ahora anuales. Por otro lado, implica potenciar las actividades
que viene desarrollando la SECIB y que están tratando tanto
de ampliar la horizontalidad del sistema como de agilizar los
mecanismos de ejecución y control de los proyectos de cooperación.
Un replanteamiento del sistema iberoamericano en el que
se afiance la horizontalidad y se de impulso a proyectos conjuntos
puede revertir lo que, hasta ahora, ha sido el principal escollo
a la consolidación del mismo: la escasa implicación de la mayor
parte de los países latinoamericanos en el proyecto.
Cuando en 1991 fue lanzada la idea de crear una Comunidad
Iberoamericana de Naciones, se generaron importantes expectativas entre los países latinoamericanos [3]. Era un momento
de cambio en el sistema internacional y América Latina se
encontraba realizando profundas reformas económicas marcadas
por una fuerte apertura comercial. En este contexto, una relación privilegiada con la
Unión Europea fue percibida como muy beneficiosa y las Cumbres
Iberoamericanas ofrecían la ventaja de reunir a estados de las
dos regiones.
Desde mediados de la década de los noventa, sin embargo,
el desinterés latinoamericano ha ido en aumento. La Unión Europea
ha mostrado claramente su limitado compromiso con América Latina
y el diálogo y las relaciones comerciales entre ambas regiones
se han canalizado a través de las Cumbres Unión Europea-América
Latina que se vienen realizando desde 1999. Por otro lado, el
proyecto iberoamericano es visto como una apuesta española y
son muy limitadas las expectativas que los países latinoamericanos
tienen en este liderazgo. La insuficiente influencia de España
en la UE para revertir la falta de interés de ésta por Latinoamérica
o su papel secundario en el ámbito de la cooperación avalan
esta percepción[4].
Como se viene insistiendo en estas páginas se considera que
existen suficientes intereses compartidos por los países iberoamericanos
en el ámbito de la cooperación y la concertación política como
para impulsar iniciativas conjuntas. Estas iniciativas tienen
en el sistema iberoamericano un buen espacio de desarrollo,
pero resultará imprescindible establecer en el interior del
mismo un liderazgo compartido en el que actúen junto a España
países como Brasil, México o Chile.
[2]Cuando el sistema arrancó en Guadalajara en 1991 lo hizo sobre un acuerdo de
mínimos, sin organismo permanente para sustentarlo y sin objetivos
claros. La primera declaración sólo marcó la voluntad de seguirse
reuniendo para construir una Comunidad Iberoamericana de Naciones
(CIN) que fuera un actor con peso internacional. Pese a esa
indefinición, desde la segunda Cumbre celebrada en Madrid
se fue avanzando en dos direcciones precisas: la concertación
política y la cooperación al desarrollo.
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