Ponencias
1)
Ludolfo Paramio Una posible
agenda en las relaciones España-América Latina.
2)
Marta Casáus Algunas reflexiones sobre la cooperacion
directa o inter-institucional. El papel de las universidades
en la cooperación al desarrollo.
3)
José Deniz Las relaciones económicas entre España
y América Latina: propuestas de acción.
4)
Laura Ruiz Jiménez Las políticas de cooperación con
América Latina y el papel de España.
Las más recientes encuestas sobre lo que piensan los
españoles en materia de política exterior y las declaraciones
de los representantes políticos tras las elecciones
de marzo de 2004 reflejan que América Latina ocupa un
destacadísimo lugar en las prioridades de España. Sin
embargo, esta orientación de la política exterior española
hacia América Latina hay que enmarcarla dentro del nuevo
escenario de una Europa de 25 Estados, lo cual sin duda
supone el replanteamiento del peso político de España
en la Unión Europea. Si a todo ello se le añade que
la actual agenda internacional está dominada por temas
como la inseguridad, el conflicto y la ampliación de
la brecha entre ricos y pobres, se entiende que es fundamental
tanto para España como para América Latina clarificar
los objetivos de sus relaciones y definir los mecanismos
que se pretenden utilizar para cumplir los planes trazados.
Comentaristas invitados:
Joaquín Estefanía
Elena Flores
Fernando García Casas
José Luis González Vallvé
Juan Pablo de la Iglesia
Dieter Koniecki
Carlos Malamud
Carlos Moreira
Leire Pajín Iraola
Joan Prats
Pedro Pitarch
José Juan Ruiz
José Antonio Sanahuja
Javier Santiso
María Solanas
Josefa Vega
Manuel Villoria
[^
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1)
Una posible agenda en las relaciones España-América
Latina
Ludolfo Paramio (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas)
Aproximación
a un diagnóstico
Durante los
pasados cinco años la agenda latinoamericana ha estado
marcada por la crisis económica, hasta el punto de que
el anterior secretario de la CEPAL, José Antonio Ocampo,
habló de media década perdida, por analogía con la década
perdida a causa de la crisis de la deuda en los años
ochenta. La frustración de las expectativas económicas
se ha traducido en varias significativas crisis de
gobernabilidad, de las cuales las más espectaculares
han sido la argentina y la boliviana, con las salidas
de la presidencia, respectivamente, de Fernando de La
Rúa y Gonzalo Sánchez de Lozada.
Sin alcanzar
esa misma dimensión, Ecuador y Perú atraviesan momentos
de baja legitimidad de sus gobiernos, en los que la
casi nula popularidad presidencial podría traducirse
también en crisis de gobernabilidad. Venezuela, por
su parte, se encuentra en una grave situación de polarización
social y política que puede desembocar en la revocación
del mandato del presidente Chávez en agosto de este
año, pero deja en todo caso muchas incógnitas sobre
la estabilidad institucional.
Las perspectivas
económicas de la región parecen haber mejorado durante
los últimos meses, y 2004 podría ser un año de recuperación.
Aunque el crecimiento podría verse amenazado por una
subida de las tasas de interés en Estados Unidos —que
afectaría a la financiación externa de la región— y
por el posible enfriamiento de la economía china —que
frenaría el actual auge de las exportaciones—, se puede
esperar, con algo de optimismo, que en bastantes países
los gobiernos estén en mejores condiciones para responder
a las demandas sociales.
Aun así, no
es seguro que las crisis de gobernabilidad que han surgido
en diferentes países se resuelvan de forma espontánea.
En primer lugar por lo que Hirschman denominó efecto
túnel: la exasperación de los conductores —de los
ciudadanos— puede crecer cuando dentro de un atasco
una de las filas se mueve con rapidez pero las demás
permanecen estancadas. Es muy posible que la recuperación
económica afecte a los distintos grupos sociales de
forma muy desigual, y que esto provoque una exasperada
acumulación de demandas de los sectores que se sientan
injustamente marginados de una nueva fase de crecimiento
económico. Este podría ser el caso de los trabajadores
del sector público, maestros y médicos.
En segundo lugar,
las crisis han revelado o han agudizado profundas crisis
de representación, es decir, de mal funcionamiento del
sistema político. Aunque la desconfianza hacia los partidos
políticos se haya convertido en un mal de época, extendido
en todos los países, la crisis de los partidos latinoamericanos
parece ir bastante más allá de lo que conocemos en Europa
occidental, con la posible salvedad de Italia, y sólo
en parte es consecuencia de la gravedad de las crisis
económicas recurrentes que han asolado la región. Hay
problemas estructurales que se refieren en unos casos
a la fragmentación y la debilidad de las raíces sociales
de los partidos, en otros a la exclusión política de
sectores significativos —los indígenas—, y en la mayoría
a una cultura clientelar que no sólo dificulta el gobernar
para el interés general sino que provoca creciente insatisfacción
ante la escasez y volatilidad de los pagos clientelares.
Una posible
agenda
Al hablar de
lo que puede hacer la UE en relación con América Latina,
o España para ser un puente de los intereses latinoamericanos
dentro de la UE, se suele hacer hincapié en la necesidad
de reformar la PAC o ampliar y profundizar las relaciones
comerciales con la región. Estos son objetivos del
mayor interés, pero no parece posible obtener avances
muy rápidos, en especial en el contexto de la ampliación
a 25, que va a significar la apertura del mercado del
Este y serios problemas para la adaptación de la agricultura
de aquellos países. Los tímidos avances del comisario
Fischler para desvincular las ayudas de la producción
son —suponiendo que la OMC no los denuncie como subsidios
fraudulentos a la exportación— lo más que parece posible
conseguir en este terreno durante los próximos años.
España posee
en cambio una experiencia muy importante como inversora
en empresas de banca, energía, telecomunicaciones y
otros servicios, que revela tanto las posibilidades
de la inversión extranjera directa en América
Latina como los límites que existen para esas posibilidades.
El balance de esas empresas muestra que el principal
riesgo para la inversión en América Latina en la actualidad
no es el derivado de la inestabilidad macroeconómica
o monetaria, como podía ser el caso antes de las reformas
estructurales, sino el vinculado a las crisis de gobernabilidad.
Las dificultades
de Repsol YPF, amenazada por el resurgir de un clima
favorable a la nacionalización de los recursos naturales
en Bolivia y Argentina, puede ser un caso extremo, pero
el problema más general de las inversiones en un contexto
de topes a las tarifas apunta a la vulnerabilidad central
de las inversiones: la inseguridad que las crisis de
gobernabilidad crean sobre las condiciones de rentabilidad
fijadas en los contratos iniciales. No es tan sólo un
problema cultural de inseguridad jurídica, aunque éste
tenga su propio peso, sino más bien de identificación
—por parte de la opinión pública— de las empresas trasnacionales
con los gobiernos o regímenes deslegitimados por su
falta de resultados ante la crisis económica.
Una primera
línea de actuación por parte española debería quizá
dirigirse a modificar las estrategias empresariales,
especialmente las de las empresas españolas. Es muy
posible que las dificultades de los dos últimos años
hayan provocado ya una reflexión sobre los errores cometidos
al invertir durante los procesos de privatización y
en los momentos de apogeo del nuevo paradigma económico
en América Latina. Pero también es probable que el resultado
de esa reflexión vaya más en la línea de una política
de imagen —que contribuya a rebajar la hostilidad pública—
que en la de un planteamiento distinto de las relaciones
deseables entre las empresas privadas, la sociedad y
los gobiernos para crear condiciones estables para la
rentabilidad.
Más allá de
errores puntuales —la apuesta por la convertibilidad
en Argentina, un error que compartieron las mismas agencias
multilaterales—, lo que se debería replantear es una
visión de las oportunidades de negocio escindida del
contexto económico y social de las sociedades receptoras.
A posteriori parece evidente que tanto los gobiernos
que realizaron las reformas estructurales como las empresas
que se beneficiaron de ellas confiaron con un exagerado
optimismo en la continuidad del crecimiento, sin prever
las consecuencias de que éste se pudiera ver frenado
por choques externos o por la caída de los mercados
de exportación. Es esa vulnerabilidad general del modelo
la que exigiría un replanteamiento.
Un replanteamiento,
por cierto, que las agencias multilaterales ya han llevado
a cabo en buena medida desde 1999, con su nuevo hincapié
en las reformas de segunda generación. Entre
éstas hay algunas que responden directamente a los intereses
de los inversores —la reforma judicial y, paralelamente,
la creación de condiciones de seguridad jurídica—, pero
en general se proponen crear condiciones institucionales
para dar estabilidad al crecimiento, desde las clásicas
medidas de redistribución y protección social —para
evitar que el consumo interno dependa excesivamente
del ciclo económico— a las estrategias esenciales para
garantizar la competitividad: las inversiones en educación,
salud e infraestructuras, la creación de instituciones
eficientes de representación y de gobierno.
Una posible
agenda de actuación desde España podría centrarse en
favorecer todas estas reformas de segunda generación
a través de la formación de profesionales y la
promoción de los conocimientos y valores que deberían
orientar las reformas. Pese al polémico balance de las
empresas españolas, se podría intentar potenciar la
formación empresarial con una perspectiva distinta,
haciendo hincapié en la responsabilidad social de la
empresa como condición para la rentabilidad y competitividad
de ésta a largo plazo. El contexto español puede ser,
pese a todo, más propicio a estos objetivos que la formación
en este campo en Estados Unidos. De igual forma se debería
favorecer la creación de empresas mixtas.
En el desarrollo
institucional, y en la creación de una cultura de gobierno
distinta, también se podría intentar que las experiencias
españolas sirvieran de referencia para abordar las tareas
pendientes para una reforma del Estado en los países
de la región. La gestión de la sanidad y la educación
públicas en España, o la organización de la administración
—incluyendo las administraciones autonómicas—, pueden
no constituir un modelo a imitar, pero tampoco constituyen
experiencias desdeñables. Favorecer su conocimiento
y promocionar la formación en España de técnicos y profesionales
en estos campos podría contribuir al éxito de las reformas
de segunda generación en América Latina.
Por último,
pese a las severas críticas que normalmente formulamos
a nuestro sistema de partidos y a nuestras normas electorales,
es bastante evidente que pueden servir como punto de
referencia para la progresiva transformación de lo que
podríamos llamar la cultura política de las élites dominantes
en América Latina. Una mayor proximidad y un diálogo
más intenso entre los partidos e instituciones españolas
y latinoamericanas podrían redundar no sólo en el
mejor conocimiento mutuo sino en la modificación de
la agenda política en muchos países de la región.
Todas
estas propuestas pueden ser criticadas como un intento
de proyectar el caso español como un modelo a imitar.
Sin embargo, es bastante sabido que el modelo de Estados
Unidos es el que viene actuando, sin ningún complejo,
como referente para gran parte de las élites latinoamericanas,
con el agravante de las notables distancias culturales
y estructurales que separan ambas realidades. La conciencia
de las limitaciones del caso español no debería ser
un obstáculo insalvable para intentar promocionar los
aspectos más positivos de nuestra sociedad y nuestra
economía, a la vez que intentamos mejorar los conocimientos
y las actuaciones de los empresarios e inversores españoles
en América Latina.
[^
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2) Algunas reflexiones sobre la
cooperación directa o inter-institucional. El papel
de las universidades en la cooperación para el desarrollo
Marta
Casaús Arzú (Profesora Titular de Historia de América
de la Universidad Autónoma de Madrid.)
Premisas
Las universidades
españolas, hasta hace menos de una década, se habían
mantenido al margen de la cooperación y, con algunas
excepciones, se hallaban desvinculadas del trabajo de
otros agentes sociales, entre ellos las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo (ONGD). Las actividades
de la cooperación eran vistas por las instituciones
académicas como empresas voluntaristas, ni científicas
ni académicas, y ni siquiera dignas de tenerse en cuenta
en el ámbito universitario.
El
contexto internacional de la cooperación para el desarrollo,
especialmente en América Latina, ha cambiado sustancialmente,
en parte por los grandes debates públicos que se han
generado a partir de las movilizaciones llevadas a cabo
por los movimientos antiglobalización, las cumbres internacionales
sobre el hambre, la pobreza o la discriminación y los
foros y encuentros internacionales del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el BID, las
cumbres iberoamericanas, la Plataforma del 2005 y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); [1] pero sobre todo ha sido el interés de la sociedad civil y
en especial de los estudiantes al involucrarse en todos
estos procesos como agentes sociales y participantes
activos de los mismos, lo que ha hecho que las universidades
hayan modificado su papel de acompañamiento a la Cooperación
Internacional.
La
enorme participación en los últimos años de las ONGDs
y de los gobiernos en la cooperación para el desarrollo
y el papel activo de las organizaciones españolas en
la consecución de más fondos para los países en vías
de desarrollo, así como el esfuerzo por elaborar planes
estratégicos de largo alcance y conseguir una mayor
colaboración entre el gobierno y la sociedad civil ha
generado un importante consenso a nivel nacional e internacional
del que las universidades no han podido permanecer al
margen.
En
los últimos años la profesionalización de los voluntarios
y cooperantes de la ONGDs y de las agencias de cooperación
y los debates que se han producido sobre el desarrollo
y las políticas públicas para el desarrollo y la interculturalidad
han generado una mayor participación entre ambos instituciones
y se han establecido muchos cruces de caminos entre
ambas; si bien es verdad que las iniciativas casi siempre
han surgido de forma individual y voluntarista por parte
de los profesores y estudiantes que han colaborado a
título personal con las Ongs o con las agencias nacionales
e internacionales.
La
voluntad de las universidades de abrirse a la sociedad
y colaborar activamente con empresas, ayuntamientos
y ONGDs es muy reciente. De hecho en la Universidad
Autónoma (UAM), ha sido en 2003 cuando ha puesto en
marcha una oficina de Acción Solidaria y creado un Vicerrectorado
de Cooperación, en donde se fijan los objetivos a medio
plazo, que llevarán a consolidar la oficina, potenciar
las relaciones con otras ONGDs y poner en marcha un
Máster de Cooperación para el Desarrollo. Otras universidades,
como la Universidad Complutense, la Universidad del
País Vasco y la Universidad Autónoma de Barcelona ya
habían dado esos pasos con anterioridad.
Presupuestos
básicos de las universidades públicas en cooperación
para el desarrollo:
La
Universidad constituye un ámbito privilegiado para el
conocimiento, la investigación aplicada, el debate y
la difusión del conocimiento. El desarrollo no es simplemente
el crecimiento económico sostenido, sino que conlleva
otras variables que el PNUD asume en su concepto de
Desarrollo Sostenible, como: la igualdad de oportunidades
en salud, educación y vivienda; la incorporación de
la variable de género y etnia para paliar las desigualdades,
los aspectos culturales y medioambientales, la participación
democrática y la gobernabilidad. En este concepto amplio
de desarrollo y en el nuevo contexto internacional,
las universidades y los universitarios tienen muchas
cosas que aportar y una responsabilidad frente a la
sociedad nacional e internacional.
La universidad por su ámbito tradicional de actuación
es un espacio importante de debate que abarca todas
las áreas de conocimiento y cuenta con los medios necesarios
para hacer una investigación aplicada en materia de
desarrollo, formación de las futuras generaciones para
su inserción laboral y para su capacitación como voluntarios
o cooperantes.
La
Universidad, por los medios materiales y los recursos
humanos y por el ámbito de difusión a nivel nacional,
puede servir de foro de debate, de denuncia y de acogimiento
de múltiples iniciativas y de seminarios como la injusticia,
la desigualdad, la discriminación o la cooperación.
Las universidades españolas deben y pueden
ser un sujeto activo en la cooperación al desarrollo
y tienen los medios, la experiencia y el profesorado
para formar académicamente y en el ámbito de la investigación
aplicada a aquellos estudiantes y voluntarios que quieran
dedicarse a la cooperación.
Las
universidades españolas, aunque con un poco de retraso
en relación a Europa, especialmente a las de los países
nórdicos y anglosajones, están preparadas para ser
agentes directos de la cooperación, y son unas entidades
capaces de promover la solidaridad y de llevar a la
práctica proyectos concretos que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de los países en vías de desarrollo.
Las
universidades españolas y el Ministerio de Educación
y Ciencia, a través de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad Docente (ANECA) y de la Agencia de Calidad,
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid
(ACAP), deben dejar de establecer diferencias o discriminar
negativamente entre la investigación pura y la investigación
aplicada, y de considerar que aquella que se hace para
la cooperación al desarrollo o para organismos internacionales,
como PNUD, BID, Cumbres Iberoamericanas, etc., no es
investigación, sino labor humantaria o voluntariado.
Propuestas
Las
universidades españolas tienen el deber y el compromiso
de contribuir a promover, alentar y fomentar estos debates
y estas investigaciones sobre América Latina, ya que
son la base para un buen diagnóstico y unas propuestas
de políticas públicas sobre América Latina, en materia
de cooperación, desarrollo -ecodesarrollo y etnodesarrollo-,
realizadas con trasversalidad de género, étnia e interculturalidad.
El
gran reto de las universidades españolas es adecuar
sus programas curriculares, sus carreras de grado y
de postgrado, de cara a la Convergencia Europea, dentro
del proceso de Bolonia, e incorporar nuevas carreras
y Masters, diplomaturas que vayan dirigidos a la formación
y a la investigación en América Latina. Esta labor,
las coloca en una importante ventaja comparativa con
el resto de Europa, reforzada además por la demanda
de los alumnos en este tipo de materias, que desde hace
más de diez años pretende ser escuchada, sin que se
haya tenido en cuenta hasta ahora.
Las
universidades españolas deben promover y alentar las
relaciones institucionales y académicas entre las mismas,
para unificar proyectos y programas sobre América Latina,
ya sea entre las universidades como con otros agentes
sociales, ONGDs, Agencias gubernamentales, empresas
y ayuntamientos, con el fin de fijar políticas y agendas
de desarrollo, pactadas y consensuadas con el conjunto
de la sociedad. Por otra parte el gobierno y especialmente
la Secretaría de Cooperación y la Agencia Internacional
de Cooperación Internacional (AECI), deberían confiar
más en las universidades, en su capacidad instalada,
en su asesoría técnica, en su capital social a la hora
de hacer consultorías, diagnósticos, evaluaciones de
impacto o investigación aplicada sobre América Latina,
a fin de contribuir a diseñar sus políticas de desarrollo
nacionales e internacionales.
La
relación entre España y América Latina en materia de
cooperación, no debería ser a título individual,
con expertos o asesorías concretas de profesionales,
sino de forma institucional, de modo que se aprovecharan,
mediante convenios generales o cartas de compromiso,
los recursos y demás aspectos que caracterizan o especializan
a cada Centro o Institución.
Debería
haber un diálogo más fluido entre las universidades
españolas y latinoamericanas, por medio de la Conferencia
de Rectores (CRUE) o de los representantes de alto nivel
de todas y cada una de las universidades, y con la
Administración Pública, especialmente con la Secretaría
de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores,
pero también con otros Ministerios que desempeñan acciones
de cooperación como los ministerios de Economía, Comercio,
Trabajo y Asuntos Sociales, con el fin de fijar planes
estratégicos a medio y largo plazo en función de la
agenda estratégica de desarrollo.
Sin
duda alguna, se debería contar mucho más con las universidades
latinoamericanas para establecer las propuestas de
políticas de becas y ayudas en función de sus necesidades
y no sólo de las españolas. Tendría que haber una mejor
coordinación entre la Universidad y la Cooperación
con América Latina, en materia de oferta de grado y
postgrado, desde las Fundaciones españolas que dependan
de la Cooperación como, la Fundación Carolina, la FIIAP
y de otras instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores,
en cuyas fundaciones prácticamente no existe la presencia
ni el asesoramiento o consulta con las universidades
españolas y latinoamericanas que, en esta materia, tienen
mucho que opinar y que ofrecer.
Por
último y ésta constituye nuestra principal propuesta,
es que en el futuro plan estratégico de la Secretaría
de Cooperación se debería establecer como prioritaria
una línea especial entre las universidades públicas
y las entidades públicas de cooperación al desarrollo,
con convocatorias especiales, desde la Administración
central, autonómica y Administración local, en lo que
se llama cooperación directa o inter-institucional,
en temáticas específicas y mediante concurso público,
con el fin de contar plenamente con el apoyo institucional
de nuestras universidades. Mediante este tipo de cooperación
directa entre España y América Latina se asegura:
a)
La calidad académica directa y el aval institucional
de las universidades en el proyectos de diagnóstico,
cooperación, evaluación o formación de larga duración.
b)
La continuidad
del proyecto y la seguridad de una gestión eficaz administrativa
y financiera entre ambas instancias.
c)
La reducción de costos económicos al no haber
“overhead” o tasas de gestión y no tener que pagar a
los directores, coordinadores y profesores participantes
españoles por ser funcionarios públicos.
d)
La emisión de un título o diploma doble España
– América Latina en aquellos proyectos de formación
profesional o académica para los beneficiarios latinoamericanos
que no pueden salir de sus países, lo que siempre supondría
un valor añadido para su incorporación laboral.
Por todo ello se aboga por un nuevo modelo de cooperación
directa e inter-institucional entre las universidades
y la Administración Pública, y que aquéllas tengan un
mayor peso en la gestión del desarrollo y un mayor compromiso
con otros agentes de la sociedad civil y con la Administración
en el campo de la solidaridad, de la formación, y en
general, en la cooperación internacional para el desarrollo
con la región.
[^
SUBIR]
3) Las relaciones económicas entre España y América Latina: propuestas
de acción
1.
Posiblemente una buena manera para iniciar un debate
sobre una agenda que pretenda compartir algunas
propuestas de acción entre diferentes partes,
con la intención de que tengan una continuidad por
lo menos a medio plazo, es la de dejar establecidos,
con nitidez y sin suspicacias, algunos supuestos y reglas
de juego. En este caso, los referidos a la dimensión
económica y sus actores más relevantes en las relaciones
entre España y América Latina y el Caribe (ALC).
Un
primer y necesario supuesto se derivará de responder
a la pregunta de si efectivamente se quiere construir
dicha agenda y, en el caso de responder afirmativamente,
plantearse qué se quiere hacer para, entonces, averiguar
qué y cómo se puede hacer.
Esto
hace necesario que se reconozca y asuma a estos efectos
por lo menos dos cosas:
-
a. que, en la
actualidad, ambas partes integran ámbitos institucionales
y supranacionales cuyas normativas y políticas tienen
efectos y condicionan sobre sus capacidades de decisión
nacionales. Una de ellas es reconocer que, aunque se
examinen las relaciones económicas entre España y ALC,
de hecho estas se enmarcan en la Unión Europea (UE)
para el caso de España y con los correspondientes procesos
de integración subregionales para el caso de los países
de ALC.
-
b. que, si bien
seguramente hay mucho que compartir y por lo tanto mucho
de que beneficiarse mutuamente, existen muy notables
asimetrías estructurales (que se expresan en múltiples
intereses) que, más allá de la voluntad de las partes,
hacen complejo y seguramente conflictivo el diálogo
y las negociaciones entre los actores interregionales.
2.
Entre los posibles elementos contextuales que
cabe citar sin jerarquizarlos y sólo para ilustrar las
relaciones asimétricas existentes entre España-UE
y ALC están los siguientes:
- La UE (de la que España es la quinta economía)
es el mayor bloque económico del mundo y sus habitantes
tienen una media de ingresos ocho veces mayor a la de
ALC.
- La UE, además de tener la mayor proporción sobre
el comercio mundial de mercancías, tiene una muy alta
concentración del comercio entre sus miembros. Por su
parte, el peso del comercio exterior entre la UE y ALC
es relativamente muy bajo (del mismo modo que para el
caso de España), mientras que el peso del comercio entre
Estados Unidos y ALC es bastante mayor y en la última
década ha crecido. Por supuesto que, inversamente, el
peso del comercio interregional considerado desde la
balanza comercial de los países de ALC es mucho mayor,
registrándose así otra asimetría entre unas regiones
y otras.
- Los países de ALC no sólo no ganan significativamente
mercado europeo sino que en muchos casos lo han perdido,
tanto por factores de oferta como de demanda, vinculados
a la competitividad de la región y a las políticas comerciales
de la UE, con marcadas diferencias en la composición
de sus relaciones, predominando los productos primarios
entre los primeros y los bienes manufacturados y los
servicios entre los segundos.
- No obstante lo anterior, la UE es el segundo socio
comercial de la región, y el primero con el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), donde también es el primer
inversor extranjero y el primer donante de ayuda, sobresaliendo
la preeminencia de España.
-
Durante los años noventa, a la vez que la globalización
se impone y el alcance de las empresas transnacionales
se hace dominante, aumenta la liberalización de los
flujos comerciales y financieros y se consolidan los
bloques económicos regionales, comprobándose como en
ALC se incrementa notablemente el comercio intrarregional
y los múltiples procesos de negociación, incluidos los
de integración subregional y regional, además de hemisférica.
Así es como se firman acuerdos de liberalización preferencial
entre la UE y países de ALC, destacando los tratados
de libre comercio (TLC) con México y con Chile, y, próximamente,
con los países del MERCOSUR, además de los diversos
acuerdos suscritos entre EE.UU. y países del área y
el impulso para formar la Asociación de Libre Comercio
de las Américas (ALCA).
-
ALC a pesar de aplicar unos programas de ajuste estructural,
recomendados por organismos internacionales, en cuyo
marco se incluyó un desarme arancelario unilateral emprendido
por la mayor parte de los países de la región, continúa
siendo el lugar del mundo con el mayor nivel de desigualdad
social, con una enorme concentración de la riqueza,
con altos niveles de pobreza y hambre, con altas tasas
de desempleo e informalidad en el empleo, con gran debilidad
de los sistemas de protección social, con altos niveles
de deuda externa, etc., lo que ha incrementado los niveles
de corrupción, criminalidad e impunidad, generando una
insatisfacción generalizada de la población con sus
instituciones y gobernantes, lo que debilita sus posibilidades
de gobernabilidad y su capacidad de negociación internacional.
3.
Ante este panorama, breve y parcialmente expuesto, se
defiende la idea de que vale la pena elaborar una agenda
que pretenda construir y fortalecer acciones compartidas
estratégicamente, basadas, entre otros componentes,
en las relaciones económicas entre España y ALC.
Los siguientes son algunos de los razonamientos y argumentos
a favor de esta opinión:
-
Los vínculos regulares, económicos y políticos,
mantenidos entre los países de la actual UE y ALC
se vienen intensificando en las últimas décadas, pero
adquirieron una especial relevancia en los últimos
años a partir de la primera Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de América Latina y la Unión Europea,
celebrada en Río de Janeiro en junio de 1999, seguida
por otra en Madrid en 2002 y cuya tercera Cumbre acaba
de realizarse en Guadalajara (México) en mayo de 2004,
donde asistieron representantes de 58 países (25 de
la UE y 33 de ALC) y alrededor de mil millones de habitantes.
Unos años antes, estas relaciones estuvieron marcadas
por el singular protagonismo de España y Portugal, antiguas
metrópolis de la mayoría de los países latinoamericanos
y que en 1986 se integraron a la Comunidad Europea.
Tiempo después, gracias al acuerdo original de varios
gobiernos, se da inicio a un proceso de reuniones periódicas
que se han llevado desde 1991 hasta la fecha en el marco
de las llamadas Cumbres Iberoamericanas, que
reúne solamente a los Jefes de Estado y Gobierno de
América Latina, España y Portugal.
-
De las declaraciones y documentos emanados de
estas reuniones se detecta la existencia, por lo menos
nominal y formalmente, de unos valores, de unos principios,
de un lenguaje y de unas ideas compartidas, que lleva
a pensar en que se quiere coordinar acciones en la escena
internacional. Así es como se defiende la necesidad
de una asociación estratégica, cuyas dimensiones
deben ser la asociación económica, el diálogo político
y la cooperación, todo ello basado en principios de
igualdad y alianza. Lógicamente, que como trasfondo
de esta concordancia aparecen las relaciones con Estados
Unidos y sus condicionantes y obligaciones de todo tipo,
mientras se negocia el ALCA, por lo que el estrechar
lazos y coordinarse internacionalmente entre la UE y
ALC debería entenderse más como un esfuerzo común en
términos positivos que como alianza que pueda entenderse
en términos negativos hacia otros.
-
Aquí se considera que es desde el reconocimiento
de lo anterior desde donde España debe plantear
su visión sobre la dirección que deben seguir dichas
relaciones con ALC y asumir coherentemente sus acciones,
consciente de cual es su peso y su papel en el escenario
europeo, mediterráneo y mundial, a la vez de reconocer
y apostar por proyectar a sus relaciones con ALC la
visión de lo que coloquialmente se consideran son los
valores y principios en los que se fundamenta el
modelo europeo de sociedad, donde históricamente
han predominado los valores de justicia social (con
redistribución de la riqueza) y solidaridad. En todo
caso, esto quiere decir que España debe tener también
una política en el seno de la UE que se encuentre en
esta sintonía para, entonces, poder ser proyectada en
ALC, en un momento en que emerge una UE de 25 países
y que está por concretar su primera Constitución y un
nuevo reparto de poder institucional. Una UE, en definitiva,
pendiente de resolver su peso económico y, sobre todo,
político.
-
Esos vínculos orgánicos y esa voluntad declarada
de carácter estratégico de las relaciones entre las
partes, a través de la búsqueda de la convergencia de
posiciones, tendría que tener para su continuidad el
establecimiento de unos marcos y mecanismos institucionales
y la definición de proyectos a mediano y largo
plazo, con objetivos y mecanismos precisos que
sean capaces de encausar dichas relaciones.
-
Dado que en la profundización de las relaciones
con ALC la dimensión económica es de vital
importancia, España, desde el ámbito de la UE, debería
estimular una asociación económica que profundice
las complementariedades y busque nuevos espacios y actividades
y que sea capaz de avanzar en la instrumentación de
los acuerdos de asociación vigentes con México y Chile,
mediante la concreción y puesta en práctica de convenios
sectoriales específicos; que se concrete el TLC con
el Mercosur en el mes de octubre próximo; que además
de impulsar la aplicación de los acuerdos de diálogo
político y cooperación con la Comunidad Andina y con
Centroamérica se inicien las negociaciones de futuros
acuerdos de asociación y se avance en las negociaciones
con los países del Caribe en el marco del Acuerdo de
Cotonú. Todo ello, seguramente, como resultado de estos
acuerdos parciales, derivará en un acuerdo de asociación
birregional, que podría entrar en vigor en 2010.
-
El acuerdo intercontinental
no debe ser un acuerdo de liberalización comercial más,
no debe abarcar sólo las relaciones comerciales,
debería incluir también otro tipo de relaciones, que
aunque muy directamente vinculadas a éstas tienen sus
especificidades como, por ejemplo, son los ámbitos científico,
tecnológico y educativo.
-
Es lógico y, seguramente, necesario que en toda
negociación existan concesiones de ambas partes
para definir los compromisos mutuos, pero el problema
radica cuando existen marcadas asimetrías entre los
actores y la razón principal son las diferencias
de poder, como suele objetarse por una de las partes.
Lo habitual son las impugnaciones, tanto cuando se negocia
una zona de libre comercio o el comercio birregional.
Así es como el principal interés de muchos países latinoamericanos
(de particular importancia en las negociaciones con
el Mercosur) es obtener una propuesta europea atractiva
en términos de una mayor apertura del mercado para sus
alimentos, limitados por medidas proteccionistas (como
subsidios a diversos tipos de cultivo y restricciones
sanitarias) que los excluyen. Además, consideran preocupante
que con regularidad las concesiones que hacen para lograr
incrementar la venta de sus productos agrícolas a la
UE incluye el tener que permitir la intervención ajena
en sectores estratégicos para el desarrollo. Por su
parte, desde la UE las quejas se dirigen contra las
dificultades (incluidas las inseguridades jurídicas)
que tienen sus empresas en determinadas actividades,
como, por ejemplo, los servicios y el deseo de ampliar
su presencia en áreas como la energética y la de productos
industrializados, además de tener mayor acceso a las
inversiones públicas.
-
España, desde
la UE, debería buscar el consenso para enmarcar sus
relaciones económicas en la conformación de un nuevo
orden internacional que apueste nítidamente por apoyar
el desarrollo de ALC, como se reivindica desde diversos
foros internacionales, gubernamentales y sociales, incluido
los latinoamericanos. Este compromiso serio, que en
muchos casos ha dificultado el diálogo, significa conectar
con empeños tales como la exigencia de un sistema multilateral
efectivo, a la vez que la reforma y revitalización de
Naciones Unidas, incluida su democratización y la de
otras instituciones (como el FMI, el Banco Mundial y
la OMC), siguiendo las orientaciones del desarrollo
sustentable (que incluye lo económico, lo social y lo
ambiental). Posiblemente esto podría incidir en el crecimiento
económico de la región y sería incluso uno de los mejores
respaldos a sus instituciones democráticas. Para ello,
entre otras cosas, sería necesario marcar como objetivo
prioritario el desarrollo integral y la cohesión social,
mediante la erradicación de la pobreza, del hambre,
de la mortandad y desnutrición infantil, el desempleo
y la precariedad laboral; planes de acción concreto
que pongan fin a la violencia política y social, consolidando
la opción de negociación política como única salida
posible a los conflictos; políticas negociadas con los
países receptores que hagan posible reconocer la plenitud
de sus derechos a los emigrantes; concretar medidas
claras para resolver mutuamente el tema de la deuda
externa, anteponiendo el derecho al desarrollo de los
deudores; etc.
-
Como resultado
de las transformaciones que se produjeron en España
y la internacionalización de sus empresas, más
las transformaciones que se produjeron en la propia
ALC y las ventajas de localización que ello produjo,
las inversiones directas españolas (IDE) en la
última década se incrementaron de manera espectacular,
especialmente de parte de los grandes bancos, el sector
energético y las telecomunicaciones, convirtiéndose
en algunos de aquellos países en líderes en sus actividades.
Años después existe suficiente camino recorrido como
para recoger aprendizajes para todas las partes implicadas.
Entre otros, los que tienen que ver con el papel de
los actores de los sectores público y privado, tanto
español como latinoamericano. Aquí lo que se quiere
subrayar es el apoyo institucional que han tenido muchas
IDE, que consistieron en una serie de medidas que supuestamente
respondían a una estrategia inversora en el exterior
y que se expresaron mediante medidas fiscales, de financiación
y de garantía de riesgos, muy similares a las existentes
en otros países europeos. En varios casos las negociaciones
y algunos conflictos suscitados en estos tiempos se
convirtieron en temas de Estado en ALC, que los medios
de comunicación recogieron y proyectaron socialmente,
creando estados de ánimo en muchos casos desfavorables
a la inversión empresarial española y a su comportamiento.
Ante esta situación, que requeriría un compromiso diferente
de parte de los distintos actores, algunos ven unas
mejores perspectivas para las pequeñas y medianas empresas
españolas que, por operar en el segmento intermedio
del mercado y por su componente horizontal, estarían
en mejores condiciones para establecer acuerdos de cooperación
empresarial, que al no explotar relaciones de contenido
desiguales aportaría beneficio mutuo, lo que crea un
clima más propicio. En cualquier caso, entre las posibles
políticas e instrumentos que podrían impulsarse estarían
el fortalecimiento de la cooperación empresarial, el
uso satisfactorio de los convenios internacionales y
bilaterales, la homologación de las regulaciones y normativas
de los productos, el impulso (desde la UE) de instrumentos
de investment partners que permitan financiar
la creación de empresas mixtas y la transferencia de
tecnología, la creación de una agencia de inversiones
y de una red informática iberoamericana, etc., etc.
4.
En definitiva, estos son simplemente algunos elementos
para elaborar una agenda. Un mayor conocimiento de
las realidades concretas de ALC con toda seguridad
permitiría hacer un diagnóstico y unas propuestas más
cercanas a las mismas realidades y a su diversidad y
complejidad, donde los actores son múltiples y tienen
enfoques alternativos. Quizá con alguna imaginación,
si la voluntad es modificar el ser, se debe intentar
pasar de lo normativo a lo positivo (como ha sido dicho
por alguien).
[^
SUBIR]
4) Las políticas de cooperación con América Latina
y el papel de España
Laura Ruiz Jiménez (Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset)
Estas
páginas se enmarcan en la propuesta lanzada por la SECIB
y el IUIOG para reflexionar sobre la política de España
hacia América Latina, concretamente sobre las políticas
de cooperación en las que esta región ha tenido siempre
un papel muy destacado como receptora de fondos.
España
mantiene relaciones de cooperación al desarrollo con
América Latina a través de tres canales distintos: la
Unión Europea, la cooperación bilateral y el sistema
de Cumbres Iberoamericanas. En esta breve reflexión
me interesa centrarme en los dos últimos ámbitos y ponerlos
en relación, puesto que el foro iberoamericano ha desarrollado
un sistema de cooperación con características particulares
que le hacen superior al de la cooperación bilateral.
Por
otro lado, la concepción horizontal del sistema iberoamericano
(no siempre asumida pero sí marcada como fundamentación
y objetivo) constituye un marco idóneo desde el que
relanzar las relaciones de España con América Latina.
España debe tener en cuenta que su relación con la región
no puede ser planteada como la de una potencia frente
a países en desarrollo medios o pequeños, pues estados
como Brasil o México requieren otras premisas de partida
y otro tratamiento. El espacio iberoamericano resulta
también en este caso un contexto apropiado desde el
que defender intereses comunes en el ámbito internacional.
1. Cooperación
bilateral vs cooperación en el sistema de Cumbres
América
Latina ha sido siempre un área preferente para la cooperación
al desarrollo de España. La consolidación del país como
donante de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha ido
acompañada de una creciente diversificación de los países
beneficiarios, pero Latinoamérica continúa siendo el
principal receptor con gran diferencia sobre el resto
de destinos ya que concentra prácticamente la mitad
de la ayuda bilateral.
El
nuevo gobierno de Rodríguez Zapatero, a través del Ministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación, ha manifestado
su voluntad de mantener a Latinoamérica como receptora
prioritaria de la AOD española y se ha comprometido
a aumentar los actuales fondos de ayuda al desarrollo
desde 1700 millones de euros (0,24 del PIB) a más de
5000 para el año 2009 (0,5 del PIB). Este aumento viene
impuesto por la necesidad de España de acercarse a los
otros donantes de la Unión Europea y para cumplir con
compromisos internacionales adquiridos. Queda pendiente,
sin embargo, la tarea de mejorar la calidad de la ayuda
y de asegurar su impacto sobre la superación de la pobreza,
objetivo muchas veces ausente en los programas ejecutados.
Respecto
de la calidad de la ayuda española, el último examen
realizado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
en el año 2002 denunciaba su alta condicionalidad (una
de las mayores entre los miembros del CAD) vinculada
al uso de créditos como parte de la ayuda (créditos
FAD y microcréditos) o a la entrega de fondos ligados
a la adquisición de bienes y servicios españoles. La
evaluación del CAD también cuestionaba la contribución
de la AOD española a la reducción de la pobreza cuando
sólo una parte mínima de la misma se dirige a los sectores
sociales básicos (el CAD recomienda que, al menos, un
20% de la ayuda al desarrollo se destine a éstos). Los
fondos de cooperación españoles dedicados, por ejemplo,
a la restauración del patrimonio de la época colonial
o a la promoción cultural en el extranjero a través
del Instituto Cervantes introducen nuevos cuestionamientos
sobre los objetivos últimos de nuestra ayuda al desarrollo.
Otros aspectos mejorables de la AOD bilateral española señalados por
el CAD se refieren a la falta de coordinación entre
los distintos organismos ejecutores, la dispersión de
los proyectos o la falta de sistemas de seguimiento
y evaluación. Es en este contexto en el que las Cumbres Iberoamericanas, concretamente el sistema de
cooperación articulado en su seno, adquiere trascendencia
al haber sido capaz de quebrar buena parte de estos
defectos de la AOD bilateral.
El sistema de Cooperación Iberoamericano arrancó en la II Cumbre celebrada en Madrid (1992) cuando los países asistentes
se comprometieron a impulsar una serie de proyectos
cuyo número y alcance no dejó de crecer desde entonces.
Algunos de ellos han llegado a recibir reconocimiento
internacional por su calidad y sostenibilidad, como
es el caso de los Programas de Alfabetización de Adultos
premiados por la UNESCO.
Los mecanismos de cooperación del sistema iberoamericano
quedaron fijados en un protocolo de acción aprobado
en Bariloche en 1995. El Convenio para la Cooperación
en el marco de la Conferencia Iberoamericana estableció
un sistema caracterizado por la horizontalidad y corresponsabilidad.
Para obtener la aprobación de un programa en el ámbito
de las Cumbres, se hizo imprescindible la implicación
activa, con fondos económicos o recursos humanos, de
tres países iberoamericanos y el posterior aval de cuatro
estados más. Se introdujo así la obligatoriedad de articular
consensos entre donantes y receptores en torno a cada
programa, una concepción que impide la ayuda ligada
o los fondos que favorecen más los intereses del país
que los concede que los del receptor.
El modelo horizontal y corresponsable del sistema de Cumbres
Iberoamericanas contrasta agudamente con las prácticas
habituales de la ayuda bilateral y sería un excelente
marco para canalizar de forma creciente la AOD española
hacia América Latina. Mejorarían así sustancialmente
la calidad y el impacto de las acciones emprendidas.
2. Cooperación multilateral
El modelo de cooperación puesto en marcha por las Cumbres,
pese a su potencialidad, tiene por el momento importantes
limitaciones. En primer lugar, moviliza fondos todavía
exiguos. En segundo, la mayoría de los programas aprobados
han funcionado hasta ahora financiados casi exclusivamente
por España.
Existen, sin embargo, importantes intereses comunes entre
los países iberoamericanos que pueden favorecer la puesta
en marcha de proyectos de cooperación conjuntos. Para
diseñarlos, gestionarlos e impulsarlos, el sistema de
Cumbres resulta muy conveniente. El respaldo a la presencia
de la cultura iberoamericana en los Estados Unidos o
en el mundo o la promoción del uso del español en internet
son, por ejemplo, dos objetivos concretos, asequibles
y con resultados suficientemente prometedores como para
favorecer el diseño de estrategias coordinadas entre
varios de sus miembros. Son intereses que pueden movilizar
los recursos de varios estados en lugar de que cada
uno trabaje en solitario por objetivos semejantes.
Habría que dar el paso que permita convertir el foro iberoamericano
en un espacio de promoción de objetivos conjuntos. En
lugar de una cooperación al desarrollo fruto de una
política bilateral entre dos gobiernos, las Cumbres
permiten el diálogo entre varios actores para articular
soluciones efectivas a problemas comunes. Pocos foros
multilaterales tienen tantas ventajas para aplicar formas
de cooperación triangular, en las que los países con
más recursos financien los programas y se aproveche
la proximidad de problemas y estructuras para promover
una buena circulación de técnicos y proyectos exitosos.
Esta colaboración resultaría muy interesante, por ejemplo,
en el ámbito de la reforma del estado en la que están
implicados los países latinoamericanos actualmente.
La cercanía de sus sistemas administrativos y los éxitos
alcanzados en este terreno por algunos países iberoamericanos
puede favorecer el intercambio de experiencias. El camino
recorrido por unos será de suma utilidad para los demás.
3.
Multilateralismo y Concertación política
El sistema iberoamericano parece adecuado para desarrollar
no sólo proyectos de cooperación conjuntos, sino también
para impulsar iniciativas políticas comunes en el sistema
internacional. Para España podría resultar conveniente
dirigir una estrategia hacia América Latina que se base
tanto en las relaciones bilaterales con cada uno de
los 19 países como en el establecimiento de una sólida
asociación multilateral. En la región existen naciones
de peso como Brasil, México o Chile que están trabajando
activamente por tener una mayor presencia en el ámbito
internacional y desarrollando iniciativas a las que
puede sumarse España. La Alianza contra el Hambre
y la Pobreza promovida por los presidentes Da Silva
y Lagos o la concertación orientada reforzar el papel
de Naciones Unidas, son buenos ejemplos de políticas
en las que la asociación iberoamericana resulta especialmente
conveniente para España.
El
sistema iberoamericano aparece también en este ámbito
de la concertación política como un buen contexto en
el que ubicar las relaciones de España con América Latina.
De hecho, la concertación ha sido, junto a la cooperación,
pilar central del sistema de Cumbres desde el principio
[2]. Aprovechando que las Cumbres son un espacio que reúne
a los más altos mandatarios iberoamericanos, las conferencias
han sido utilizadas por ellos para mantener encuentros
al más alto nivel que han producido avances en la resolución
de controversias fronterizas (Ecuador-Perú), han impulsado
proyectos conjuntos (polo de desarrollo Chile-Bolivia,
2000) o ha permitido la realización de declaraciones
consensuadas en torno a diferentes asuntos.
En cualquier caso, la posibilidad de establecer agendas comunes en temas
de cooperación y concertación política no debe llevar
a pensar que existe la posibilidad de crear una Comunidad
Iberoamericana que funcione como un actor internacional
con posiciones homogéneas. Aunque en el pasado se hayan logrado importantes avances
en la concertación política, también se han producido
sonoros desencuentros entre los países iberoamericanos
que muestran bien los límites de la asociación. Existen
algunos intereses tan opuestos entre las dos regiones
implicadas en el sistema, que resulta difícil pensar
en una unidad de acción; las crecientes denuncias de
los países latinoamericanos contra la política agraria
de subvenciones practicada por la UE ilustra muy bien
este punto. Pero ni si quiera en el interior de cada
uno de los bloques regionales que integran la CIN hay
homogeneidad en los posicionamientos internacionales:
la pasada intervención en Irak o el trato concedido
a Cuba evidencian la existencia de profundas divisiones.
Pensar
en una Comunidad Iberoamericana que actúa al unísono
en el ámbito internacional no resulta realista, pero
el espacio iberoamericano sí puede ser un útil foro
desde el que impulsar determinadas estrategias y posicionamientos
comunes. El gobierno de Rodríguez Zapatero ha señalado
su intención de renovar sus relaciones con América Latina
y hacerlo desde la cooperación y la horizontalidad.
Para este objetivo el sistema iberoamericano puede resultar
un marco adecuado en el que España promueva iniciativas
o se sume a los proyectos impulsados por otros socios
latinoamericanos.
4.
Adaptar el sistema de Cumbres Iberoamericanas a nuevos
objetivos
Si se acepta que el espacio de Cumbres es un marco adecuado para la
promoción de proyectos de cooperación y de iniciativas
políticas conjuntas, será necesario introducir en él
ciertos cambios puesto que fue creado con otros objetivos
y se encuentra en la actualidad sumido un una fase de
marcado agotamiento.
El sistema iberoamericano comenzó muy pronto a recibir críticas
referidas a su escasa trascendencia política y a su
carácter excesivamente retórico. Esta situación es consecuencia
directa de la falta de objetivos claramente fijados
y del hecho de que cada reunión se cierra con una Declaración
Final, un documento no vinculante que es poco más que
una largo listado de principios y deseos. Las declaraciones
recogen las múltiples aspiraciones de los miembros,
se refieren a problemas de imposible resolución en el
ámbito de las conferencias iberoamericanas como el control
de los flujos financieros internacionales o la renegociación
de la deuda y carecen de cualquier plan de acción que
ayuda a conseguir los intereses señalados.
Establecer
objetivos concretos y claramente definidos y articular
mecanismos de acción para lograrlos haría a las Cumbres
menos declarativas y más ejecutivas. Las Conferencias
Iberoamericanas no deberían ser un espacio para hacer
grandes declaraciones de principios, sino un ámbito
en el que desarrollar programas de cooperación y acciones
conjuntas concretas. En él deberían elaborarse planes
de acción siempre definidos y establecerse los mecanismos
que permitan asegurar su aplicación y realizar balances
de lo conseguido.
Ajustar
el sistema iberoamericano a estos objetivos requiere,
por un lado, interrogarse sobre la necesidad de mantener
la periodicidad de las Conferencias de Jefes de Estado
y de Gobierno, hasta ahora anuales. Por otro lado, implica
potenciar las actividades que viene desarrollando la
SECIB y que están tratando tanto de ampliar la horizontalidad
del sistema como de agilizar los mecanismos de ejecución
y control de los proyectos de cooperación.
Un replanteamiento del sistema iberoamericano en el que
se afiance la horizontalidad y se de impulso a proyectos
conjuntos puede revertir lo que, hasta ahora, ha sido
el principal escollo a la consolidación del mismo: la
escasa implicación de la mayor parte de los países latinoamericanos
en el proyecto.
Cuando en 1991 fue lanzada la idea de crear una Comunidad
Iberoamericana de Naciones, se generaron importantes expectativas entre los países latinoamericanos [3]. Era un momento
de cambio en el sistema internacional y América Latina se
encontraba realizando profundas reformas económicas
marcadas por una fuerte apertura comercial. En este
contexto, una relación privilegiada con la
Unión Europea fue percibida como muy beneficiosa y | 
