1. Introducción

Los movimientos migratorios transfronterizos han sido objeto de polémicas en los países receptores durante siglos. Dichas polémicas se han referido, la mayoría de las veces, a su impacto en la economía, sociedad y cultura de los países de acogida. Pero, desde el fin de la Guerra Fría, la redefinición del concepto de seguridad, en un contexto de procesos globalizadores y de diversificación de las corrientes migratorias, ha implicado una llamada de atención sobre el impacto de los nuevos residentes en términos de seguridad.

Entre los efectos producidos por la redefinición del concepto de seguridad destaca por un lado, el abandono de planteamientos militares como conformadores exclusivos de las políticas de seguridad y, en lógica relación, la ampliación del rango de fenómenos cuya respuesta se atribuye como competencia a las agencias de seguridad. Por otro lado, dicha redefinición abarca también otros aspectos como la modificación de los objetos de referencia de la seguridad, dónde la exclusividad de los Estados desaparece en aras de de sociedades, individuos y postulados axiomáticos compartidos en el seno de dichos Estados y sociedades.  

La amplia definición de seguridad acuñada ha permitido incluir entre los posibles riesgos o amenazas de las sociedades industriales avanzadas el fenómeno de los movimientos migratorios transfronterizos. Los flujos o corrientes migratorias ocupan cada vez un lugar más prominente en la escala de prioridades de los actores gubernamentales, llegando incluso a equipararse a temas de estado y defensa. Un análisis de las respuestas adoptadas por los gobiernos occidentales muestra la creciente vinculación entre los movimientos migratorios transnacionales y la seguridad en sus agendas políticas, y ello, unido a la escasez de estudios sistemáticos permite afirmar que dicha vinculación se realiza en variadas ocasiones en base a las percepciones o intuiciones de los distintos actores.

A continuación, y tras un breve repaso de las modificaciones producidas en el marco de la seguridad, se aborda la manera en que los movimientos migratorios transnacionales, y los inmigrantes como principales componentes de esas corrientes, son relacionados con la seguridad de los países de destino. Numerosos vínculos, la mayoría no exentos de polémica, permiten relacionar los fenómenos migratorios y la seguridad. Son objeto principal de este análisis los que relacionan la inmigración con actividades delictivas, bien por la implicación de los inmigrantes en actividades proscritas una vez en el país de acogida, y que van desde la delincuencia menor hasta la actividad terrorista, bien por su relación con mafias y organizaciones de criminalidad organizada que facilitan la entrada e incluso el trabajo de manera ilegal. Para concluir se identifican dos de los factores que motivan la caracterización de la inmigración como un fenómeno relacionado con la seguridad. Por una parte, la caracterización del fenómeno migratorio en la actualidad, esto es, del creciente número de personas que se desplazan a través de las fronteras y de su diversidad de orígenes y motivaciones. Por otra parte la falta de control que los gobiernos tienen sobre esos movimientos transnacionales de personas y sus consecuencias. [^ SUBIR]

2.  Los movimientos migratorios transfronterizos y la concepción de la seguridad.

Los resultados de numerosas encuestas muestran tanto la alta valoración que los ciudadanos atribuyen a la existencia de seguridad para el desarrollo de sus actividades vitales como su deseo y preocupación por su mantenimiento. Pero, el concepto de seguridad es un concepto rico y polisémico, con multitud de acepciones incrementadas exponencialmente durante el último tercio del siglo XX. Dicho aumento tiene a principios de los años 90 especial relevancia, en un contexto de globalización de relaciones y flujos, y en el que el clima de incertidumbre e inseguridad en el este de Europa implicó variaciones relevantes en la concepción de la seguridad.  Por un lado, los objetos expuestos a riesgo dejan de ser exclusivamente los  estados-nación y su supervivencia para incluir a individuos y sociedades, pero también, a los valores existentes en dichas sociedades y compartidos por los ciudadanos. Por otro lado, se multiplica el número de riesgos considerados, incluyéndose entre dichos riesgos los comúnmente llamados “soft”. Así, la seguridad deja de circunscribirse a la ausencia de amenazas directas contra la vida o los bienes para abarcar la estabilidad y prosperidad de los estados, las sociedades y los individuos, cuyas amenazas dejan de ser exclusivamente militares para abarcar la pobreza, la inestabilidad y turbulencias externas cada vez más cercanas debido al incremento del número de personas que se desplazan a través de las fronteras. En consecuencia, la seguridad empieza a ser considerada no sólo en términos militares o estratégicos sino que se produce una multiplicación de los retos, riesgos, tensiones y amenazas a diferentes niveles y en diversos órdenes.

En este contexto, los movimientos migratorios transnacionales sufren cambios que los hacen cada vez menos controlables por los gobiernos y en consecuencia, más cercanos a ser percibidos como riesgos. Dos factores son especialmente importantes a este respecto: el número de personas en movimiento y sus características. De esta manera, surge la necesidad de conciliar el derecho a moverse libremente a través de las fronteras con la necesidad de proteger culturas locales, economías o medio ambiente, es decir los valores signo de estabilidad y de gobernabilidad de las sociedades receptoras. Dicha disquisición se resuelve estableciendo restricciones a los movimientos de personas. Sin embargo, las posibilidades de control disminuyen en la misma medida que se incrementan los desplazamientos efectivos por lo que el establecimiento de políticas restrictivas no impide que los flujos migratorios sean percibidos no como una posibilidad de incrementar la riqueza cultural e intelectual o un apoyo para el crecimiento industrial y económico de los países a los que llegan, sino como un riesgo a la seguridad interna, el bienestar económico o la identidad nacional. [^ SUBIR]

3. Una nueva fase en la definición de los riesgos.

Los riesgos a la estabilidad y gobernabilidad de las sociedades receptoras se concretan en dos ámbitos preferentemente. En el ámbito económico, los análisis del impacto de la inmigración se refieren esencialmente a dos aspectos. Por un lado, el mercado de trabajo y la competencia por recursos escasos (Borjas 1996; Ullman, 1995; Alvarado y Creedy 1998) y por otro, la sostenibilidad de los estados de bienestar en los países desarrollados (Freeman 1986; Stolker, 1994; Razin y Sadka 1995; Baldwin-Edwards 2002). En segundo lugar, los movimientos transfronterizos de personas son también analizados por sus implicaciones en términos culturales y para las características que conforman las identidades de los ciudadanos en los países de acogida, siendo observados como un riesgo o amenaza cultural o a la cohesión social y a los valores compartidos (Schieffer, 1997: 97; Sartori, 2001).

Sin embargo, otros dos aspectos ya apuntados a comienzos de los años 90 por Myron Weiner (1993) han cobrado especial relevancia en la actualidad. Por un lado, las actividades que suponen una carga social en términos de criminalidad o delincuencia. Por otro, los ataques terroristas lanzados por los inmigrantes y refugiados, o sus actividades relacionadas con el tráfico de armas o drogas (Weiner 1993: 109-117). La inmigración es entendida como un riesgo para la seguridad pública tanto en su vertiente de seguridad ciudadana como seguridad interior. Mientras que en el análisis de los riesgos referidos anteriormente es requisito sine qua non considerar un grupo más o menos amplio de personas, en este caso las generalizaciones pueden dañar las relaciones entre las poblaciones inmigradas y nativas. Dicha precaución no exime sin embargo, de un análisis en profundidad de las acciones delictivas relacionadas con la inmigración en los países de acogida. [^ SUBIR]

3.1 Inmigrantes en situación de marginalidad y delincuencia.

El término de ilegales se ha extendido como significante para hacer referencia a los inmigrantes que llegan a un territorio sin los documentos necesarios, exigidos para tal fin. Dicha denominación no está exenta de críticas por entender que la acción realizada al cruzar de esa manera las fronteras no implica una infracción penal sino administrativa. En este sentido, sería preferible el uso del término irregular. Sin embargo, es obligado reconocer la amplia extensión y utilización de la calificación de los inmigrantes como ilegales en el discurso público. Es decir, ambos se refieren a la misma realidad aunque puedan apreciarse connotaciones diferentes en la utilización de uno u otro término.

Tanto desde la opinión pública como desde los medios de comunicación y posiciones gubernamentales es creciente la preocupación por la delincuencia en los países europeos. El incremento en las tasas de delincuencia se ha producido en la mayoría de estos países simultáneamente al crecimiento de las tasas de inmigración, tanto regular como irregular, por lo que una percepción de vinculación entre ambos fenómenos en el imaginario colectivo y la generalización de la consideración de los inmigrantes como colectivo relacionado con actividades delictivas se ha extendido ayudada por la cobertura de los medios de comunicación. En España por ejemplo, en el curso del debate sobre delincuencia en el Congreso de los Diputados, el 13 de marzo de 2002, el Gobierno identificó entre las “numerosas variables” relacionadas con el aumento de la delincuencia durante el año 2001 la bajada del número de policías y guardias civiles, el aumento de la población con perfil delincuencial (hombres entre 15 y 30 años) por la llegada de inmigrantes, el incremento de la denominada delincuencia multireincidente y la existencia de más denuncias por las facilidades incorporadas para ello (El País, 15 de marzo 2002). Dicha influencia de la inmigración sobre las tasas de delincuencia parece más clara si se discrimina por el tamaño del hábitat. En este caso, entre las causas de la delincuencia en las grandes ciudades, junto con la drogodependencia, paro juvenil y focos de marginalidad social, se considera la proliferación de núcleos estables de emigrantes extranjeros ilegales, enquistados en la marginalidad (Marti i Jusmet 1990: 586).

Distintas encuestas de opinión pública muestran que esta identificación-generalización de los inmigrantes como delincuentes había calado hondo entre los ciudadanos españoles ya en la década de los noventa. (Tabla 1). Encuestas recientes muestran que la tendencia en las opiniones se mantiene. En junio de 2002, un 15,3% de la población estaba muy de acuerdo con que hoy en aquel momento en España existía una relación entre inseguridad ciudadana e inmigración, y un 44,3% se declaraba bastante de acuerdo, siendo el porcentaje de aquellos que estaban poco o nada de acuerdo con esa relación un 32,4%[1].

Tabla 1. Influencia de la presencia de inmigrantes de países menos desarrollados sobre la delincuencia en España.

Fuente: Estudio Actitudes hacia los inmigrantes, realizado por ASEP y dirigido por Juan Díez Nicolás, Madrid: IMSERSO, 1998.

Diferentes explicaciones teóricas se han establecido desde la criminología para dar razón de la delincuencia y criminalización de los inmigrantes. Dichas teorías pueden clasificarse en torno a los factores explicativos utilizados como biológicas, psicológicas y sociológicas (García España 2001: 87-123). Tanto las explicaciones reduccionistas de corte biológico, que atendían como factores explicativos a características raciales,  como las de corte psicológico, centradas en las patologías o desórdenes mentales, de conducta o emocionales pueden considerarse ampliamente superadas. Las teorías sociológicas, aquellas que observan la delincuencia como una respuesta normal a la estructura social, los elementos de la vida social o situaciones relacionadas, son las que han cobrado protagonismo en la actualidad. En este sentido, las precisiones por parte de los actores gubernamentales, ante la oleada de críticas por la generalización en el discurso de un ligamen directo entre inmigración y seguridad, han llevado a establecer como verdadero precipitante de las actividades delictivas la vinculación de los inmigrantes en situación irregular con focos de marginalidad en los países de acogida (Crespo 2000). La estancia en situación irregular implica la existencia de posibilidades reducidas de acceso a un puesto de trabajo y, en consecuencia, de obtener medios lícitos de vida, todo lo cual sitúa a los extranjeros en la marginalidad. Dicha marginalidad laboral, económica, social y legal supone un precipitante para la realización de actividades delictivas tanto por parte de los inmigrantes como de los nativos en las mismas circunstancias.

En consecuencia, no se considera que los inmigrantes tengan unas características psicológicas o genéticas que induzcan al delito en diferente medida que a los nativos sino más bien del contexto de vida y las circunstancias personales facilitadoras de procesos de acercamiento a actividades delictivas, y motivadas por difíciles procesos de socialización y asimilación y carencia de medios de vida. En este mismo sentido, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, indicó ante la vinculación entre el aumento de la inseguridad ciudadana y la inmigración irregular basada en la cifra de que un 89% de los presos preventivos que ingresaron en los primeros meses del año 2002 en las cárceles eran extranjeros que “la marginación social y la indefensión de los extranjeros en situación irregular son los factores conducentes a esas tasas de presos preventivos y no la inmigración, así mismo tampoco se debe considerar inmigrantes a los miembros de bandas criminales organizadas” (El País, 15 de marzo 2002). Esta atención hacia la marginación como causa intermedia en la cadena explicativa despeja posibles diferencias naturales: biológicas o psicológicas, en la propensión a delinquir entre ambos. Por otra parte, la situación de irregularidad se establece como el precipitante de dicha marginalidad, una nueva cadena que parece difícil de romper. Esta visión se encuadra dentro de las aproximaciones teóricas que destaca la situación de privación (deprivation approach) o los conflictos-culturales (culture-conflict approach) como explicaciones más extendidas de la comisión de delitos por parte de los extranjeros (Hertz 2002: 136).

En la sensación o percepción de seguridad de los habitantes de un determinado territorio no sólo influyen los niveles objetivos apreciables en dicho lugar, sino también factores subjetivos que juegan un papel esencial, tanto o más importante que los objetivos. Cifras sobre comisión de delitos o sobre personas que cumplen condena como consecuencia de esa comisión, son un indicativo de la realidad ilícita. Sin embargo, un índice bajo de criminalidad no excluye una percepción de inseguridad de los ciudadanos provocada por temores, sensación de peligro o amenaza provocada por los medios de comunicación u otros actores o mensajes u otros factores objetivos no directamente ligados a la criminalidad como el mal estado de los lugares, la suciedad o lo desconocido. (Ruidíaz, 1997:25).

Un estudio pormenorizado de las tasas de delincuencia e inmigración se hace en consecuencia necesario. El mejor indicador de que disponemos para estimar la incidencia de la población extranjera en el incremento de la delincuencia es el número de detenciones de extranjeros por presuntas infracciones. Diversos problemas en el análisis de estos datos han sido destacados frecuentemente, principalmente la inclusión en las tasas de detención no sólo de inmigrantes sino de extranjeros en general, lo cual conduce a la sobrerrepresentación en dichas estadísticas de las personas de origen foráneo frente a los residentes (Lynch y Simon 2002: 81). Otra circunstancia a tener en cuenta es la probabilidad de detención, más alta entre los extranjeros debido a los tipos de delitos que cometen o la mayor propensión a ser considerados sospechosos (Aranda 2004: 109).

Todas estas precisiones deben ser tenidas en cuenta al observar datos como los recogidos en la tabla 2. En ella se presentan los resultados de un estudio realizado acerca de las detenciones practicadas por la Guardia Civil española en relación al origen de los detenidos. Como se puede observar en los porcentajes de extranjeros detenidos, por los distintos delitos considerados, en relación al total de ciudadanos detenidos es superior a la tasa de inmigrantes en nuestro país. En consecuencia, se constataría la mayor propensión a delinquir o al menos su detención en un número mayor de lo esperado según los comportamiento de los españoles.

Tabla 2. Detenidos por la Guardia Civil. Año 2000

(1)  Por delitos, por faltas y por hallarse reclamados.
Fuente: Juan Avilés: “Inmigración y seguridad ciudadana”, Cuadernos de la Guardia Civil, nº 25, 2001.

Avilés (2001) destaca algunos otros problemas relacionados con la creación de estas razones entre delitos cometidos por extranjeros y españoles. En primer lugar, la necesidad de tomar en cuenta la población extranjera de hecho, lo que implica incluir a los residentes irregulares. En segundo lugar, se debe tomar en cuenta la estructura por edades poniendo en relación las edades en las que se producen la mayoría de las detenciones y calculando la tasa anterior de delincuencia de la población entre 16 y 44 años. En tercer lugar, introducir un coeficiente en relación al sexo. Y, por último corregir por aquellos detenidos cuya residencia sea efectiva en España, con el fin de diferenciar entre extranjeros e inmigrantes. De los resultados obtenidos destaca este mismo investigador que la tasa de delincuencia de los residentes europeos parece marcadamente superior a la de los restantes extranjeros pero no se percibe ningún resultado concluyente. Por lo tanto, el estudio de la variable nivel social, en base a las teorías de privación social relativa, aún está necesitado de desarrollo y aplicación práctica con el fin de dar respuesta a la delincuencia de determinados grupos de población en las sociedades occidentales. [^ SUBIR]

3.2. La inmigración ilegal y el cruce de fronteras.

La situación de irregularidad de las personas inmigrantes es por tanto, una variable a destacar en lo relativo a la seguridad ciudadana, por tanto no se considera una voluntad delictiva previa del sujeto al trasladarse al país receptor. Sin embargo, si es relevante prestar atención al dato de que sólo el 78% de los extranjeros detenidos en el año 2000 residía habitualmente en territorio español a la hora de estimar razones entre categorías delictivas de los distintos colectivos. Los movimientos de personas a gran escala, como los que se producen en la actualidad, parecen ser también en consecuencia utilizados por criminales “transnacionales” que observan en la incapacidad por parte de los gobiernos y las agencias de seguridad de controlar efectivamente las fronteras un incremento de sus expectativas delictivas. La extensión de las redes y actividades este tipo de organizaciones relacionadas con diversos tipos de acciones criminales parece obtener beneficios del incremento de la movilidad internacional, la facilidad para desplazarse y establecerse de facto en otros lugares, el multiculturalismo de hecho, sobre todo en las grandes ciudades, y el fortalecimiento de redes de comunicación características de la era de globalización.

En este clima transnacional, la Unión Europea tomó conciencia de esos retos y de los vínculos existentes entre terrorismo, crimen organizado y tráfico de drogas, y desde mediados de la década de los ochenta el grupo de TREVI ve incrementadas y reforzadas sus estructuras y mecanismos. En este contexto los movimientos transfronterizos de personas cobran especial importancia. Monar (2000: 6-15) observa en el elevado incremento en el número de peticiones de asilo y la presión de la inmigración ilegal a mediados de dicha década juegan un papel crucial en el acuerdo para la entrada del asilo y la inmigración en la agenda de la Conferencia Intergubernamental de 1990-1991 y en el quehacer de los Estados Miembros dentro del Tercer Pilar. Dicha entrada en la agenda política de la actual Unión Europea y en su estructura de pilares, bajo la misma rúbrica que otros tipos de movimientos criminales o terroristas lleva a críticas sobre la criminalización de la inmigración y la denominación del proyecto Europeo como “Europa fortaleza” (Geddes 2000:26).

Sin embargo, no podemos olvidar que una nota característica de este final del siglo XX, es la relación y lazos entre actividades que afectan a la seguridad y otras que tradicionalmente no suponían una preocupación en ese campo. Las bandas organizadas integradas tanto por nacionales como extranjeros, aprovechan las ventajas de la mundialización en sentido amplio, pero sus integrantes no pueden ser calificados como inmigrantes en la mayoría de los casos, ya que su perfil no se ajusta al de los inmigrantes económicos o solicitantes de protección bajo el régimen del asilo. Los vínculos más fuertes entre la inmigración y el crimen organizado se basan en la creciente evidencia de que las redes criminales organizadas se han convertido rápidamente- y están tomando el control- del tráfico de seres humanos, (Laczko y Thompson, 2000: 18). La preocupación de seguridad en este tipo de delitos toma como objeto a proteger no sólo al estado y a sus fronteras, sino también al inmigrante que unas veces elige voluntariamente este medio para salir de su país de origen pero que en otras es víctima de engaño. Así, el tráfico de personas parece haberse desarrollado como complemento al tráfico de drogas, armas o sustancias prohibidas, constituyéndose en las últimas décadas en una nueva fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado (Collinson, 1999: 316). 

El terrorismo debe ser considerado entre este tipo de fenómenos transnacionalizados que afectan a la seguridad de los estados, sociedades e individuos y que a su vez se relacionan con los movimientos migratorios transfronterizos. Sus nexos con el fenómeno de la inmigración han sido clara y públicamente debatidos a partir de los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Algunos precedentes son bien conocidos: el anterior ataque al World Trade Center o los atentados del verano de 1994 en Francia relacionados con la posición de Francia frente al conflicto civil en Argelia. En este caso, se constató que estos ataques no hubiesen sido tan fáciles de realizar sino hubiese sido por la habilidad de los grupos terroristas con base en Argelia para establecer redes de apoyo en la comunidad árabe en Francia (Collinson, 1999: 315).

Las comunidades inmigrantes se convierten en fuentes de recelo por sus actividades políticas que pueden tomar forma de ataques terroristas tanto hacia el país receptor como hacia su país de origen. Las acciones emprendidas y medidas puestas en marcha a partir de los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001 no se han centrado exclusivamente en este tipo de apoyos sino que su carácter preventivo ha inducido a erigir controles y barreras con el fin de vigilar y mejorar los sistemas de concesión de visados, las inspecciones en la entrada, los controles en frontera, la vigilancia interna o los permisos de los estudiantes. El motivo es que de los 19 secuestradores que actuaron ese día, 16 habían utilizado visados de turistas o estudiantes. Dichos terroristas, llegaron al país con sus operaciones planificadas a grandes rasgos y, en algunos casos, no salieron del país cuando expiró el tiempo de estancia concedido, mientras que en otros casos, nunca llegaron a ser estudiantes cómo y dónde afirmaron al solicitar sus visados. Las reformas realizadas se han considerado en consecuencia parte esencial en los esfuerzos para combatir el terrorismo, ya que su objetivo es facilitar la entrada de las personas que se desea, e identificar y detener la entrada de terroristas y extranjeros indeseados (Martín y Martín 2001: 1). El hecho de que los terroristas del 11 de septiembre fueran extranjeros, algunos irregularmente residentes, plantea cuestiones como si es demasiado fácil para los extranjeros abusar del sistema de inmigración y si se puede hacer más para proteger a los americanos de los terroristas extranjeros (Kritz, 2002: 33).

Al analizar todos estos vínculos de la inmigración con otros fenómenos transnacionales que aprovechan la permeabilidad de las fronteras tanto en Estados Unidos como en Europa, hemos visto que desaparece la consideración de inmigrantes para denominarlos extranjeros. En la Unión Europea, dicha tendencia a la restricción de la inmigración se ha considerado acompañada de un reforzamiento de la racionalidad que legitima proveer a los ciudadanos europeos con unos elevados niveles de seguridad, basados en la distinción de “seguro” dentro e “inseguro” fuera (Monar: 2000: 17). Los riesgos y amenazas a la seguridad para las sociedades industriales avanzadas provienen de “personas en movimiento”, dónde el carácter dinámico y las posibilidades que se ofrecen en la actualidad para tales desplazamientos juegan en contra del control de los estados.

Sin embargo, la inmigración ilegal o irregular como tal, sí vulnera la concepción de las fronteras de los estados modernos y, por lo tanto, sus competencias soberanas, al quedar los movimientos de entrada o salida de personas que llegan con fines de mejorar sus condiciones económicas o sociales o de solicitar la protección de los estados de acogida fuera de la fiscalización y control de las autoridades. En este caso, la llegada de manera irregular se convierte en una amenaza directa para la seguridad nacional, relacionada con la soberanía y en consecuencia con la invulnerabilidad del territorio. Dicha contravención de la legalidad vigente, trata de ser atajada por los gobiernos con urgencia por sus implicaciones indirectas en términos de credibilidad, legitimidad y eficacia ante los ciudadanos en el cumplimiento de sus funciones esenciales. En consecuencia, y aunque son evidentes los signos de disolución de los estados como referentes principales o únicos de la seguridad tanto en el pensamiento convencional como en el no convencional, dónde las nuevas adjetivaciones de la seguridad llevan a pensar en los individuos como referentes principales, en el caso de los movimientos migratorios no registrados ni consentidos se conciben como su amenaza hacia los actores estatales receptores en tanto vulneran su soberanía. Seguridad es entendida en la política internacional y nacional en toda su extensión protectora tanto del territorio como de los ciudadanos frente a la anarquía. Seguridad equivale a control no sólo a estabilidad.

Las predicciones de movimientos masivos de población hacia los países occidentales desarrollados han contribuido a esta sensación de falta de control e incluso a la extensión del miedo a la invasión. Aunque entre el potencial migratorio de una población y su realización media un abismo, existe una gran desproporción entre la percepción del potencial migratorio de los países de origen y la escasa disposición de acogida por parte de los receptores (Arango, 1998:14)[2].  Sin embargo, la amenaza a la soberanía no descansa tanto en el número de personas, es decir al volumen del fenómeno en su conjunto, como en la falta de eficacia en la actividad gubernamental y policial de controlar el acceso al territorio. Cuando los países adoptan políticas de inmigración cero o restrictivas a la entrada de personas, el incumplimiento de estas prescripciones y de la normativa emanada al efecto mediante la entrada en dichos países implica una vulneración del ordenamiento jurídico del Estado receptor y de sus políticas públicas (y su legitimidad) por incumplimiento de las reglamentaciones relativos al acceso, estancia o el régimen para la contratación laboral, independientemente del fin para el que se crucen: encontrar un trabajo mejor, la seguridad de la vida o la realización de actividades criminales. Dichos inmigrantes tratan de evadir el principio de control territorial, unas veces voluntariamente y otras como sujetos pasivos de algún tipo de organización delictiva.

Las fronteras no sólo dividen territorios sino que marcan diferentes sistemas legales, niveles de desarrollo económico y culturas políticas. Pese a los procesos de globalización o a la creación de nuevas formas supraestatales de organización económica y política que implican una cierta cesión de soberanía voluntaria y que han supuesto la erosión de algunas zonas fronterizas a favor de la libre circulación de mercancías, capitales y personas el control sobre los individuos que acceden al territorio, cualquiera que sean los límites fronterizos de éste, se mantienen entre las funciones que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados. Dicha vulneración de los límites fronterizos se comparte con otras formas de trasgresión como el tráfico de drogas. La clave por tanto no es, lo nocivo de personas o mercancías para la sociedad receptora sino la negación o prohibición de la entrada que realiza el estado. Dicha vulneración tiene sus consecuencias no sólo en términos de descrédito de las acciones y políticas gubernamentales, así como de la capacidad de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de dicho control fronterizo, sino que también, puede influir los sentimientos subjetivos de inseguridad de los individuos por su relación con el temor. Temor que en ocasiones ha sido empleado para explicar las reacciones violentas de los ciudadanos europeos frente a los inmigrantes. Así fue en Alemania, en los años sesenta, dónde la falta de control de la inmigración, es decir el resultado de una carencia de estructuración política de los procesos de llegada de inmigrantes fue considerado factor determinante de la respuesta agresiva de los nativos[3]. [^ SUBIR]

4.Conclusión.

La seguridad no se descubre sino que se construye con elementos objetivos y subjetivos mediatizados por mecanismos de percepción y de creación de opinión individual y colectiva. Los momentos en que se vinculaba inseguridad y guerra están ya caducos. Si “vivir mejor” se limitaba en un primer momento a estar libre de amenaza física, su alcance subsiguiente se ha expandido. Dicha expansión del contenido de seguridad, especialmente en los estados más avanzados, se explica por la necesidad de garantizar al máximo las demandas sociales crecientes que a menudo escapan a las capacidades puramente estatales y van mucho más allá de la pacificación de la sociedad y de la defensa de las fronteras.

Se ha producido por tanto, un claro cambio de énfasis en la percepción de la seguridad, los estados-nación han perdido relevancia frente a los individuos que los integran. Aquí surge una paradoja: cómo conciliar el derecho a moverse libremente con la necesidad de proteger culturas locales, economías, medio ambiente, salud e incluso la paz. En este contexto, las fronteras y su control no sólo no pierden relevancia sino que se constituyen en elementos esenciales. Las fronteras tienen su impronta en la relación entre la inmigración y la seguridad. A través de ellas discurren fenómenos como el crimen organizado transfronterizo, el tráfico de drogas o el terrorismo en un momento en que la inexistencia o la ineficacia de los controles es manifiesta. Cuestiones de soberanía, legitimidad y gobernabilidad nos muestran porqué el control de las fronteras y la inmigración ilegal se han convertido en objetivo prioritario para los actores gubernamentales.

Por tanto, que la inmigración sea percibida como un problema de seguridad depende en gran medida de la percepción de los ciudadanos acerca de su control por los entes públicos de los fenómenos que afectan directamente a su seguridad o aquellos que producen sensación de inseguridad o descontrol. Dicha percepción en la opinión pública de los países receptores es coadyuvada por acontecimientos en los que los inmigrantes se relacionan con acciones criminales de bandas organizadas transnacionales o con actividades terroristas o con crecientes índices de delincuencia en las sociedades de acogida. Esta última relación, está lejos de ser completamente explicada aunque el entramado de variables entre las que destacan la situación social y económica de la persona abre nuevas líneas de trabajo empírico. [^ SUBIR]

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