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1.
Introducción
2. La democracia representativa contemporánea
3. La representación política:
un concepto multidimensional
Dimensiones de la representación
La representación como autorización
La representación como responsabilidad
o rendición de cuentas (accountability)
La representación como receptividad
(responsiveness)
La representación como descripción
o representatividad
La representación simbólica
o legitimidad
4. Una propuesta de teoría integrada
de la representación política
La representatividad de las instituciones
políticas
La receptividad de los representantes
La rendición de cuentas de los
representantes
5. Conclusiones
6. Referencias bibliográficas
1. Introducción
La representación
política es el eje vertebrador fundamental de los regímenes
políticos democráticos contemporáneos. En la actualidad,
la representación política se halla ante un debate plenamente
abierto y amplio donde se multiplican las críticas y
las propuestas de mejora o de transformación de la misma
desde las más diversas corrientes teóricas e ideológicas.
No obstante, se trata de un debate poco ordenado y confuso.
¿Qué aspectos de la representación política se están
criticando? ¿Qué prácticas se pretenden transformar
con cada una de las propuestas?
El objetivo de
la presente investigación es separar y analizar las
distintas dimensiones latentes en la representación
política en categorías diferenciadas y agrupar bajo
las mismas cada una de las críticas y planteamientos
existentes. Los patrones puestos en evidencia por mi
análisis sugieren una relación considerablemente compleja
entre los distintos componentes de la representación
política. Es decir, estas dimensiones no son divisiones
independientes de un concepto amplio sino que son piezas
de un mismo engranaje del cual dependen para su correcto
funcionamiento las otras partes. Se observará así cómo
las críticas y propuestas de reforma que se dirigen
a algún aspecto concreto de la representación política
pueden repercutir positiva o negativamente sobre el
resto de dimensiones. De este
modo, pretendo integrar las diferentes dimensiones de
la representación política bajo un mismo cuerpo teórico
que contribuya a mejorar la tradicional fragmentación
en el estudio de esta materia.
Por otro lado, la
materialización en la esfera pública de cada una de
estas dimensiones corre a cargo de los partidos políticos
en cuanto agentes de intermediación entre las instituciones
políticas y los ciudadanos. No en vano la representación
política se realiza a través de los partidos.
Por lo tanto, cualquier crítica a la representación
política no es neutra para los partidos, antes al contrario,
afecta directamente a los roles que han venido desarrollando
hasta el presente y a la interacción de los mismos con
la sociedad. Por ello se pretende asimismo relacionar
cómo se articulan las funciones de los partidos políticos
con los distintos componentes de la representación política.
El trabajo se desarrolla
en tres secciones principales. En la primera sección
se realiza, en primer lugar, una sucinta introducción
a la historia moderna de la representación política.
En segundo lugar, se presenta el concepto básico del
estudio, la representación política, con especial atención
a sus dimensiones. La última sección desarrolla la teoría
integrada de la representación política, es decir, el
análisis de las críticas y propuestas de mejora y el
impacto que tienen sobre las diferentes dimensiones
del concepto. [^
SUBIR]
2. La democracia representativa contemporánea
La democracia representativa
contemporánea es resultado de la evolución desde un
modelo concebido por oposición a la democracia griega
[1] (Manin, 1998; Sánchez-Cuenca y Lledó,
2002; Lefort, 1991; Rivero, 1998; García, 1998). Se
constituyó así un régimen político donde las decisiones
colectivas no son tomadas directamente por quienes forman
la colectividad, sino por personas elegidas para ese
fin a través del principio representativo (Bobbio, 1992:
34). Además de la elección a intervalos regulares de
los gobernantes por parte de los gobernados, otros tres
principios definitorios han caracterizado a la democracia
representativa desde su instauración: la toma de decisiones
de los gobernantes conserva un grado de independencia
respecto de los deseos de los gobernados; los representados
pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin
estar sujetos al control de los representantes, y las
decisiones se alcanzan tras un proceso de discusión
(Manin, 1998: 237-238). A estos elementos pueden añadirse
otros tales como la división del gobierno en órganos
separados que se controlan recíprocamente, y la limitación
del mismo en cuanto a lo que puede hacer por una Constitución
(Przeworski, 1998: 8).
Históricamente, se ha
producido una “metamorfosis” del gobierno representativo
desde los regímenes representativos liberales o parlamentarismo
a las democracias representativas de partidos (Manin,
1998: 237-291). En la primera de las fases, la selección
de los representantes se asentaba sobre el principio
de distinción de donde surgía una elite de notables [2]. La relación del representante con su circunscripción era directa,
no había intermediarios. Estos notables empezaron a
articularse en partidos, denominados partidos de cuadros
o ‘partidos de representación individual’ (Neuman, 1990),
con el objetivo de reunir personal para preparar las
elecciones con base a su prestigio, habilidad técnica
o importancia de la fortuna. Los partidos de cuadros
no tenían miembros ni aspiraban a ello: el sufragio
censitario durante la época de vigencia de estos partidos
no requería el encuadramiento de las masas (Duverger,
1974: 94-5). Además, la entrada al partido se hacía
sin procedimientos oficiales y los donativos reemplazaban
a las cuotas. Su organización en comités presentaba
un carácter descentralizado y una articulación débil
ya que el partido “dormía” entre una elección y la siguiente.
Los representantes se caracterizaban por el “libre mandato”,
siendo responsables solamente ante su propia conciencia
(Neuman, 1990: 47). No eran portavoces de sus electores,
sino sus “fideicomisarios” [3], lo cual implica que la toma de decisiones nacía del intercambio
de argumentos
[4]; es decir, no existía la disciplina del partido porque el candidato
aportaba su propio capital político y las agrupaciones
de parlamentarios eran inestables.
A partir de los años
20, se produce la incorporación a la vida política de
nuevos grupos sociales surgidos del desarrollo de la
industrialización y la consolidación de un nuevo tipo
de partido: el partido de masas o partido de integración
democrática (Neuman, 1990). Con la ampliación del electorado
que conllevó la instauración del sufragio universal
promovida por este tipo de partidos, la relación personal
se hará imposibilitada y, así, los partidos pasan a
ejercer una función de intermediación entre los electores
y las instituciones. Los representantes son seleccionados
ahora de entre los partidos políticos existentes y sus
cualidades distintivas son su activismo y sus dotes
organizativas. A través de la función de socialización,
los partidos de masas tratan de reclutar a los dirigentes
políticos y a miembros permanentes ya que éstos son
doblemente funcionales desde un punto de vista político
y económico. A través de las cuotas que pagan los miembros
pueden financiarse las elecciones y, por otro lado,
los miembros extienden el mensaje del partido al público
y, por lo tanto, son vitales para el proceso de movilización
(Duverger, 1974: 93). Con la consolidación de los partidos,
todas las opiniones pasan a estar estructuradas siguiendo
divisiones partidistas, incluso la prensa está relacionada
con alguno de los partidos (Manin, 1998: 337-291) y
la confianza de los votantes deriva mayoritariamente
de la pertenencia e identificación con el partido.
Los partidos de masas
se organizan en secciones, articulan fuertes lazos con
determinados grupos de interés (p.ej. entre partidos
socialistas y comunistas y los sindicatos) y están fuertemente
centralizados y articulados lo que ha llevado a algunos
autores a establecer la “ley de hierro de las oligarquías”
(Michels, 1915) o la democracia “plebiscitaria” (Weber,
1922/1990: 36). Los representantes obedecen a la disciplina
del partido de acuerdo a un programa que pretende representar
un grupo social particular. El representante está obligado
con el partido a través de una fuerte disciplina de
voto en el parlamento y un férreo control por parte
del aparato del partido. La consecuencia es que las
sesiones parlamentarias dejan de ser el foro de discusiones
deliberativas debido no sólo a la disciplina de voto
sino al hecho de que las decisiones se toman en el seno
de los partidos.
En
definitiva, los organismos y las instituciones políticas
de los regímenes políticos representativos pasarán a
ser configurados por y por medio de los
partidos políticos. Esto implica que el proceso representativo
contiene dos fases: entre los electores y su partido,
y entre el partido y sus representantes. Los electores
escogen al partido pero los electos son elegidos, en
realidad, por el partido. La representación incluye
entonces tres términos: los representados, los representantes
y el partido (Sartori, 1992: 241). Se podría decir así
que, actualmente, democracia y partidos son dos términos
indisociables
[5].
La democracia representativa ha sido objeto de críticas
prácticamente desde sus inicios, pudiendo hablar de
recurrentes “olas de crisis” desde el ámbito teórico.
A principios de siglo, se hablaba de la crisis de la
democracia representativa liberal a partir de la aparición
de los partidos en la arena parlamentaria. Los partidos
políticos generaron un fuerte rechazo desde dos corrientes
de opinión muy diferentes. Por un lado, aquellos defensores
de un orden político liberal tradicional veían la aparición
de los partidos políticos como una invasión perjudicial
del estado, el cual pasaría de ser el defensor de los
intereses generales a ser la víctima de intereses particulares
de corto plazo (Mosca, Pareto, Schmitt), y como un “peligro”
para el funcionamiento deliberativo del parlamento (Leibholz,
Triepel). Por otro lado, estaban aquellos teóricos que
defendían la soberanía del individuo libre y se oponían
a lo que consideraban iba a ser una tiranía del partido
que acabaría con la libertad de acción y de pensamiento
individual en beneficio de organizaciones colectivas
dirigidas por elites irresponsables (Luxemburg, Ostrogorski).
A fines de los años
sesenta y principios de los setenta surgirá una nueva
“ola” de crisis de la representación política: los partidos
continuaron acumulando recursos pero cada vez se distanciaron
más de los electores. Los militantes perderán su carácter
fundamental para los partidos ya que el Estado garantiza
su financiación y las nuevas tecnologías de la comunicación
permitirán la transmisión inmediata de los mensajes
partidistas a los electores. La irrupción de los medios
de comunicación de masas (MCM) en la arena política
fomentará un tipo de campaña más centrada en candidatos
y en temas específicos que en programas (Novaro, 2000:
181). Este cambio en las técnicas de propaganda supondrá
también que nuevas figuras profesionales en el interior
de los partidos adquirieran un peso creciente (Panebianco,
1990: 494-5). La transformación del partido de masas
a partir de la Segunda Guerra Mundial en partidos ‘catch-all’ [6] conllevará también la desideologización del partido, el fortalecimiento
de los dirigentes del partido respecto a las bases y
la búsqueda de un electorado amplio sin requisitos confesionales
o clasistas (Kirchheimer, 1966/1980: 337; Katz y Mair,
1993: 604). La función de socialización pierde también
importancia y la movilización de las masas queda prácticamente
reducida al momento electoral (Wright, 1971: 32-3).
Sin embargo, la aparición
y consolidación de este modelo de partido no es ajena
a los cambios socio-económicos que se inician en este
período y que transformarán fuertemente las pautas de
relación de los partidos con los ciudadanos así como
la identificación de los ciudadanos hacia los partidos.
En primer lugar, la proporción de trabajadores industriales
ha disminuido en los últimos veinte años, acompañada
del crecimiento de las clases medias, lo que habría
erosionado la conciencia de clase de los trabajadores
y difuminado así los cleavages partidistas
[7], especialmente entre las cohortes más jóvenes (Dalton, 1984:
453; Dogan, 2001: 94-5; Franklin, 1992: 395; Gray y
Caul, 2000: 114). Por otro lado, la urbanización masiva,
una mayor movilidad geográfica y social y una mayor
diversidad de ocupaciones e intereses han supuesto grandes
cambios en las formas de organización y de integración.
Los individuos participan de redes sociales más complejas
y competitivas que dividen sus lealtades, haciendo que
los lazos interpersonales o institucionales sean más
volátiles (Andeweg, 1996: 158; Dalton, 1984: 6; Offe,
2001:120). Los lazos de solidaridad se han reducido
a grupos más pequeños y vagamente estructurados. De
este modo, los ciudadanos se habrían hecho más independientes
de los partidos en cuanto a la interpretación de sus
intereses. Por otra parte, la articulación de las nuevas
demandas (medio ambiente, igualdad de género, participación,
cooperación al desarrollo, etc.) resulta enormemente
complicada por parte de los partidos políticos ya que
éstas no siempre encajan o no son formulables sobre
la base de una línea partidista exclusiva (Nedelmann,
1987: 196). En definitiva, el electorado se ha hecho
social y culturalmente más heterogéneo y menos abarcable
por los partidos políticos a través de su organización
(Wolinetz, 1991:118, Dalton, 1984: 6; Kitschelt, 1994:
33).
Se señala también
que la secularización y el incremento del nivel educativo
de los ciudadanos, junto a la diversificación de las
fuentes de información, ha aumentado la “movilización
cognitiva” de los ciudadanos [8] lo que permite al ciudadano analizar por sí mismo las situaciones
políticas en lugar de tomar por sentada la posición
del partido (Dalton, 1988: 18; Dalton, 2000: 31-33;
Gerlich, 1994: 7). Así, el ciudadano posee más herramientas
para llevar a cabo acciones políticas sin la intermediación
de los dirigentes partidistas (Andeweg, 1996: 154; Mackie
y Franklin, 1992: 39). Se ha producido asimismo
un cambio en la orientación de los valores (Fuchs y
Klingemann, 1995: 12). Individuos más educados y que
nunca han experimentado privaciones económicas han tendido
a adoptar valores postmaterialistas que han entrado
en conflicto con las ideologías tradicionales de muchos
partidos y han provocado el incremento de expectativas
participativas que son satisfechas mejor por los NMS,
los grupos de interés y otras formas no convencionales
de participación (Inglehart, 1987).
De este modo, se
observa la desafección de los ciudadanos hacia los partidos
a través del declive en los niveles de identificación
partidista, del descenso de la afiliación a los partidos,
del incremento de la volatilidad electoral y de la valoración
negativa de los partidos y de los políticos por parte
de los ciudadanos, indicadores todos ellos utilizados
para documentar la existencia de una nueva crisis de
la representación política.
A continuación se pretende
reflexionar sobre el concepto de la representación política
así como sobre las elaboraciones teóricas que se han
realizado con el objeto de superar las, a veces, denominadas
deficiencias de la democracia representativa. [^
SUBIR]
3. La representación política: un concepto
multidimensional
Hasta
aquí hemos visto el contexto bajo el cual se desarrolla
la representación política, pero ¿qué entendemos por
este concepto? Se trata de un proceso basado en diferentes relaciones
intercomunicativas entre la sociedad y el Estado centrado
en la transmisión de la ‘voz’ de los ciudadanos a la
esfera pública (Porras Nadales, 1994). La representación
política se definiría así como una relación entre intereses
y resultados con tres conexiones básicas entre ciudadanos
y políticos, los dos actores clave en este proceso:
i) entre señales y políticas denominada ‘policy-responsiveness’
(Eulau y Karps, 1977) o ‘representación dinámica’ (Stimson
et al, 1995). Un gobierno es responsive
si adopta las políticas que son señaladas como preferidas
por los ciudadanos; ii) entre mandatos y políticas
o ‘mandate-responsiveness’. Supone el seguimiento
de los representantes de los mensajes electorales que
éstos propusieron; iii) entre resultados y sanciones
o responsabilidad (accountability). Esta relación
indica la posibilidad de los ciudadanos, a través de
las elecciones, de juzgar la acción desarrollada por
sus representantes (Manin et al, 1999).
Para Pitkin, estos serían
los componentes que caracterizarían a la representación
política de un modo “sustantivo”. Los representantes
deben actuar en interés de los representados,
es decir siendo receptivos (responsive) a los
intereses y demandas de los ciudadanos. Sin embargo,
los representados no son agentes pasivos, éstos también
tienen un papel importante a desarrollar: deben ser
capaces de juicio y acciones independientes, es decir,
deben controlar a los representantes haciéndoles rendir
cuentas por su actuación (Pitkin, 1984: 209).
Cuadro
1: Conexiones de la representación
[^
SUBIR]
Dimensiones de la representación
El
estudio de Pitkin El concepto de la representación
política (1967) supone el mayor esfuerzo teórico
hasta la fecha para organizar y sistematizar la teoría
de la representación en torno a cinco grandes subconjuntos
que hacen referencia a aspectos distintos del mismo
concepto. Estos diferentes aspectos podrían ser agrupados
en cinco dimensiones: i) la representación como autorización;
ii) la representación como descripción o representatividad;
iii) la representación como receptividad (responsiveness);
iv) la representación como rendición de cuentas o responsabilidad
(accountability); y, v) la representación simbólica
o legitimidad.En las siguientes páginas, se presentan
las cinco dimensiones de forma diferenciada, si bien
es cierto que sólo a efectos analíticos puede establecerse
una clara diferenciación entre ellas, ya que, como se
verá en el siguiente apartado, las distintas dimensiones
están fuertemente relacionadas entre sí. [^
SUBIR]
La representación como autorización
Bajo la dimensión de
la autorización, un representante es alguien a quien
se ha autorizado para actuar en nombre de otro. En las
democracias representativas, las decisiones colectivas
no son tomadas directamente por quienes forman la colectividad,
sino por personas elegidas para ese fin a través de
las elecciones (Bobbio, 1992: 34). De este modo, las
elecciones se convierten en el mecanismo básico de concesión
de autoridad de los votantes a los electos: “people
participate primarily by choosing policymakers in competitive
elections” (Powell, 2000: 3). Es una concesión limitada
en el tiempo ya que el estatus de los políticos como
“representantes” termina cuando se inicia un nuevo período
electoral. Así, en cada elección se renovaría la autoridad
concedida. La democracia es, desde este punto de vista,
el proceso a través del cual “los individuos adquieren
el poder de decidir por medio de una lucha de competencia
por el voto del pueblo” (Schumpeter, 1984: 343).
Se
trata pues de una transacción que tiene lugar antes
de que comience la verdadera representación. Esta transacción
(las elecciones) supone una “investidura de autoridad”
que los votantes conceden a los votantes hacia los agentes
elegidos (Pitkin, 1984: 43). Para otros autores, la
autorización es algo más que una simple “investidura
de autoridad”. Además de la selección de los ciudadanos
de sus representantes a través de una lógica competitiva
en unas elecciones libres y con garantías, se produce
también una elección entre diferentes propuestas programáticas,
una “representación decisional” (Abellán, 1997). Es
decir, los representantes son elegidos a través del
método electoral y, por otro lado, son seleccionados
para que lleven a cabo un programa determinado que presentaron
en la campaña electoral (Gargarella, 1995; Müller, 2000).
[^
SUBIR]
La representación como responsabilidad o rendición
de cuentas (accountability)
De acuerdo
con la teoría de la responsabilidad, el representante
ha de responder de su actuación, es decir, debe rendir
cuentas ante quien representa. De esta manera, los ciudadanos
no son agentes pasivos sino que sólo han delegado la
capacidad de actuar por ellos por un tiempo limitado
tras el cual evalúan la forma cómo se ha desarrollado
tal delegación (Pitkin, 1984: 232). En palabras de Schedler: “If the exercise of
power were transparent, there would be no need for holding
anybody accountable” (Schedler, 1999: 20). Las
elecciones son de nuevo el mecanismo del que disponen
los ciudadanos para controlar a los políticos: equivaldrían
a una ‘tenencia de responsabilidad’ ya que los representantes
están sujetos a reelección o a deposición al final de
su período. La finalidad de que éstos rindan cuentas
es hacerles actuar de una determinada manera: que sean
‘sensibles’ a las necesidades y demandas de los electores
(Puhle, 2002: 79; Stimson et al, 1995; Von Beyme,
1996: 135; Wolinetz, 1991: 125). Es decir, los representantes
anticipan los resultados de su conducta ante la evaluación
de los ciudadanos (Stimson et al, 1995: 560;
Manin et al, 1999b: 31; Cheibub y Przeworski,
1999).
La noción de accountability
política conlleva tres dimensiones básicas: la información
que los políticos deben ofrecer a sus principales, por
lo tanto, la transparencia proporcionada por los electos;
en segundo lugar, la obligación de los primeros de explicar
los motivos de sus acciones y, en último lugar, la capacidad
de imponer sanciones por parte de los segundos. [^
SUBIR]
La representación como receptividad (responsiveness)
La representación como descripción o representatividad [10]
Desde esta perspectiva,
la representación depende de las características del
representante, de lo que es y de lo que parece
ser (Pitkin, 1984: 61). El énfasis dedicado a las
características de los representantes se produce en
tanto que el tamaño y la extensión de los estados modernos
habría imposibilitado el ideal de una asamblea de todo
el pueblo, y la “representación-espejo” se perfilaría
así como la mejor aproximación a la participación de
cada ciudadano (Mansbridge, 2000; Taylor, 1995). Son
varios los autores que plantean que la verdadera representación
exige que las instituciones representativas sean elegidas
de forma que su composición corresponda con cierta exactitud
a la de toda la nación para que puedan reflejar de este
modo la variedad de intereses existentes –características
específicas de algunos grupos, experiencias compartidas
(Mansbridge, 2000: 101), perspectivas sociales (Young,
2000: 150), etc. – y, de este modo, puedan expresar
y traducir de manera más sensible e inteligible aquello
que tratan de “representar” (Agacinski, 1998: 167).
En esta línea se expresan
también los defensores de la representación proporcional
[11]. Estos teóricos se preocupan por la composición del legislativo
porque esa composición, argumentan, determinará las
actividades del mismo
[12]. El criterio de la mayoría es, desde este punto de vista, aplicable
como un instrumento de decisión, pero no como un instrumento
de representación. Este planteamiento implica pues la
defensa de las minorías, ya que si éstas están representadas
en las instituciones existen mayores posibilidades de
que sus intereses sean escuchados y concretados en políticas
(Phillips, 1995; Taylor, 1994). [^
SUBIR]
La representación simbólica o legitimidad
Los símbolos materializan
la presencia de alguna cosa aunque dicha cosa no esté
de hecho presente. En este sentido, representar significa
ser aceptado como símbolo de la nación por los representados
(Pitkin, 1984: 92, 104). Las instituciones políticas
crean un ambiente de aprendizaje que delimitan los puntos
de acceso para los ciudadanos al proceso político, configuran
sus percepciones, asignan responsabilidades, etc. (Offe,
2001: 1216; Saward, 2000). Así, la dimensión simbólica
de la representación se asocia comúnmente a la función
integradora del gobierno, en general, y de la
representación, en particular (Pitkin, 1984: 106). Consiste
en la legitimación del sistema político, aspecto vital
para la ejecución de los mandatos, ya que, finalmente,
su efectividad depende de que sean creídos y motiven
el reconocimiento y el juicio afirmativo de los ciudadanos
(Benhabib, 2002: 417; Easton, 1975: 451).
Desde el punto de vista
individual, la relación entre el individuo y el sistema
político puede definirse en términos de actitudes políticas
tales como el sentimiento de eficacia subjetiva, el
interés por la política, la conciencia cívica, las identidades
políticas con los partidos políticos, las ideologías
o la satisfacción con el sistema democrático en general.
Todos estos sentimientos afectivos (system affect)
hacia el sistema político aseguran la legitimidad de
los gobiernos democráticos y encuadran las expresiones
de descontento al interior del sistema (Almond y Verba,
1963). En definitiva, la viabilidad del sistema depende
del apoyo difuso de los ciudadanos hacia las autoridades,
hacia el régimen político y hacia la comunidad política
(Easton, 1965b: 267-277). [^
SUBIR]
4. Una propuesta de teoría integrada de la
representación política
En
las siguientes páginas se analizarán las críticas que
se vierten sobre el sistema representativo y sobre sus
intermediarios, es decir, los partidos políticos, así
como las propuestas de mejora que se han realizado desde
diferentes perspectivas teóricas. El objetivo es doble.
En primer lugar, se pretende ubicar cada una de las
críticas en la dimensión correspondiente a la que hace
referencia. Esto nos permitirá comprender mejor a qué
aspecto concreto de la representación se dirigen tales
críticas y propuestas. En segundo lugar, se pondrán
en tensión cada una de las críticas o propuestas con
las diferentes dimensiones para comprender el efecto
que dichas propuestas tendrían sobre el resto de las
dimensiones. Como se ha anunciado, las dimensiones de
la representación no son compartimentos estancos. Están
relacionadas entre sí en ocasiones de manera positiva,
es decir, una consecución exitosa de una de ellas coadyuva
a la realización satisfactoria de otra de ellas, y en
otras ocasiones, está relación presenta signo negativo
(trade-off) de suerte que tanto el éxito como
el fracaso en la materialización de una de las dimensiones
tiene consecuencias negativas para la segunda de las
dimensiones en correspondencia.
A
pesar de haber anunciado la existencia a nivel teórico
de cinco dimensiones distintas, solamente vamos a considerar
aquí tres de ellas: la representatividad, la receptividad
y la rendición de cuentas. Consideramos que la dimensión
de la autorización es en sí misma un requisito de toda
democracia, es decir, una característica procedimental
del ejercicio del poder que da inicio a la representación
política. Sin embargo, como se podrá constatar, el diseño
a través del cual se configura la autorización (especialmente,
la forma de elección del gobierno y el sistema electoral
bajo el cual se eligen los representantes) tiene implicaciones
importantes sobre el resto de dimensiones. Tampoco vamos
a analizar de forma diferenciada la dimensión simbólica
ya que estimamos que la legitimidad es dependiente de
la concretización de las otras dimensiones consideradas.
Es decir, la legitimidad de la representación política
deriva de la satisfacción de los ciudadanos con sus
representantes y del modo en que éstos ejercen el poder
que les ha sido delegado. [^
SUBIR]
La representatividad de las instituciones
política
En primer lugar, cabe
señalar que las variables sistémicas en las que los
partidos operan influyen en el grado en que los ciudadanos
se sienten representados en el sistema político. Es
decir, el modo de elección de los representantes y
la oferta partidista tienen importantes repercusiones
sobre el grado de ‘semejanza’ de las instituciones representativas
respecto a la realidad social. Nos referimos al sistema
electoral y a los sistemas de partidos.
Según Powell (2000),
los sistemas mayoritarios y los proporcionales parten
de dos visiones diferentes de las elecciones como “instrumentos
de la democracia” y de dos imágenes diferentes de la
influencia de los ciudadanos a través de este mecanismo.
El primero se centra en las mayorías, asumiendo que
es posible identificar a través de las elecciones lo
que los ciudadanos quieren y el objetivo de las elecciones
es conseguir una efectividad en el proceso de decision-making.
Por otro lado, la visión proporcional, parte de
la representación de todas las “facciones” de la sociedad
en la arena de decisión ya que se asume que los ciudadanos
no son un bloque homogéneo y que hay que tener en cuenta
todas las alternativas que existen en la sociedad. Asegura
en mayor medida la representación de los diferentes
cleavages presentes en la sociedad, cuestión
especialmente relevante en contextos plurinacionales
o multilingües. Tiene la ventaja de permitir la representación
de aquellas minorías que se definen a sí mismas como
grupos que desean tener representación como partidos
minoritarios (Lijphart, 1995: 199), favoreciendo de
este modo la inclusividad del sistema (Dahl, 1989: 11).
Las elecciones sirven en este caso para que los políticos
capten las demandas de la sociedad, para que representen
los diferentes intereses. De este modo, los sistemas
proporcionales no consiguen sólo mayor representatividad
sino también una mayor responsiveness.
No obstante, los sistemas
electorales proporcionales tampoco garantizan una traslación
perfecta de las preferencias electorales de los ciudadanos.
Aunque el sistema proporcional garantiza una correspondencia
mucho mayor entre el número de votos dirigidos a un
partido y el número de escaños obtenidos por el mismo
en las instituciones que los sistemas mayoritarios [13] (Powell, 2000; Lima Jr., 1998: 22), las desproporcionalidades
pueden producirse también en los sistemas proporcionales.
El tamaño de las circunscripciones, la designación de
los cocientes electorales y los restos, así como el
porcentaje mínimo de votos exigido para que un partido
obtenga representación pueden ser fuertes correctivos
al principio de proporcionalidad
[14] (Lijphart, 1990; Montero: 1991: 9-10). Estas modificaciones
a la proporcionalidad pueden ser funcionales a la estabilidad
de gobierno y a la reducción del número efectivo de
partidos pero afectan negativamente a la representatividad
de las instituciones (Abellán, 1997: 299).
Los sistemas de partidos
también pueden contribuir a una sensación de mayor o
menor representatividad de las instituciones. Los formatos
bipartidistas, relacionados con las visiones mayoritarias,
implican que aquellos ciudadanos que no se identifiquen
con ningún partido, o cuando su partido pierda, sientan
que el sistema no les ofrece opciones reales (Norris,
1999: 219; Ritchie, 2003). Los sistemas bipartidistas
tienden a generar una dicotomía “ganadores-perdedores”
que conlleva que los “perdedores” no se sientan representados
(Schugart, 1994: 35), que su eficacia subjetiva externa
sea más baja y que otorguen una menor legitimidad al
sistema político [15] (Norris, 1999: 219). En este sistema, la opción del votante
queda restringida a los grandes partidos, “unless he
prefers to waste his vote” (Sartori, 1994: 36; Cox,
1997: 30-32). Por otro lado, en un sistema multipartidista,
normalmente vinculado a los sistemas electorales proporcionales,
los ciudadanos saben que su partido va a obtener representación
parlamentaria y que sus intereses van a estar presentes
en dicha institución. De este modo, se produce una relación
positiva entre la representatividad y la receptividad
de las instituciones ya que si la representación
de los intereses es más amplia, las políticas públicas
estarán también más de acorde con las demandas de los
ciudadanos. Por otro lado, la amplitud de las opciones y la extensión
de las preferencias pueden afectar pues el nivel de
satisfacción con el funcionamiento del sistema político
e incluso el nivel de identificación con los partidos
políticos: a mayor proporcionalidad del sistema electoral,
mayor identificación con los partidos y más alta la
satisfacción con el funcionamiento de la democracia
(Anderson, 1998: 163-164).
Pese a lo dicho, los
sistemas mayoritarios, generalmente con sistemas bipartidistas,
aunque son menos representativos conllevan más
eficacia en la toma de decisiones y ofrecen una mayor
“claridad de la responsabilidad” que los sistemas
proporcionales (Sartori, 1992: 234-236). Esto se debe
a que los sistemas proporcionales multipartidistas son
más proclives al establecimiento de coaliciones post-electorales
lo que, por un lado, puede complicar la toma de decisiones
del gobierno y, por otro lado, dificulta la capacidad
del electorado de discernir quién es responsable por
las acciones emprendidas (Lima, 1998; Linz, 2002; Powell,
2000: 237), y en este sentido, se diluye la responsabilidad
política
[16]. Se constituye así un trade-off entre la dimensión de
la representatividad y la dimensión de la accountability.
Cuadro
2: Conexión entre las preferencias de los ciudadanos
y las políticas públicas
|
Sistema electoral
|
Sistema de partidos
|
Representatividad
|
Accountability
|
|
|
|
|
Claridad de la responsabilidad
|
Eficacia
|
|
Mayoritario
|
Bipartidista
|
Baja
|
Más
alta
|
Mayor
|
|
Proporcional
|
Multipartidista
|
Alta
|
Más
baja
|
Menor
|
(Fuente: elaboración
propia)
La dimensión de la representatividad
se refiere asimismo a las características que deben
tener los representantes. Los partidos políticos han
sido los actores tradicionalmente encargados de la selección
de los representantes de los ciudadanos en las instituciones
y de la plasmación de los diferentes intereses sociales
existentes en la nación. ¿Significa esto que todos los
grupos y sus intereses están así representados en los
órganos de elección popular? Los planteamientos multiculturales
y feministas han puesto en cuestión la supuesta neutralidad
etnocultural de la representación liberal (Kymlicka,
2001: 43; Taylor, 1994: 85; Young: 1998). Se argumenta
que los intereses no tienen una definición neutra y
que, por lo tanto, requieren la “presencia” de los diferentes
grupos (Phillips, 1993: 108). Sin tal presencia, la
democracia representativa liberal estaría incumpliendo
la promesa de la igualdad política ya que no todos los
mismos grupos tienen la misma capacidad de influencia
política (Aguiar, 2001: 28; Phillips, 1993: 94; Phillips,
1995: 32).
Las reivindicaciones
por una mayor representatividad se originaron
en los sesenta con la lucha contra las discriminaciones
por razón de raza, sexo, nacionalidad, etc. Estos movimientos
insistían en la necesidad de tener en cuenta la diferencia
con una estrategia basada en el cambio cultural. A partir
de los ochenta, se recuperará el interés por la presencia
en las instituciones, hecho que se acentuará de los
noventa en adelante (García Guitián, 2001: 218, Kymlicka,
2001: 6). El multiculturalismo bebe de la crítica del
individualismo liberal sentada por los comunitaristas
en los años 80, desarrollada sobre todo en Estados Unidos
y Canadá
[17]. Se criticaba y se critica la concepción individualista supuestamente
neutra de la representación liberal y la defensa de
una dimensión colectiva negligida en los supuestos teóricos
del liberalismo (Requejo, 1998: 89; Tully, 1995: 6).
Es decir, a partir del universalismo individualista,
los valores colectivos de los grupos minoritarios habrían
sido laminados a favor de los valores, también colectivos,
de la mayoría
[18] (Requejo, 1998: 109). Se objeta que el liberalismo confunde igualdad con uniformidad y que los individuos son tratados
injustamente si reciben un trato uniformizador. Al contrario,
la diferencia posibilita la participación y la inclusión
(Young, 1996: 124).
La justificación
de la representación de los grupos desaventajados en
las asambleas representativas por individuos que “reflejen”
sus propias características se basa en los siguientes
argumentos. Por un lado, la presencia de representantes
de estos grupos motiva la comunicación vertical entre
el grupo mayoritario y el grupo minoritario generando
procesos de confianza entre los diferentes grupos (Mansbridge,
2000: 99-100). Paralelamente, se estimula la comunicación
horizontal entre los representantes. Es decir, cuando
un tema (“issue”) no ha cristalizado en la agenda
política es más difícil que los representantes que no
están en contacto con la problemática puedan contribuir
adecuadamente a la deliberación de estos temas (Mansbridge,
2000: 103; Phillips, 1999: 244). De este modo se establece
una relación positiva con la dimensión de la receptividad:
las políticas públicas resultan más responsive
cuando estos grupos están representados ya que se tienen
en cuenta intereses que de otro modo serían obviados
y, por tanto, sirven mejor al bien público (Mansbridge,
2000: 106; Pettit, 1999: 249; Phillips, 1995: 55; Porras
Nadales, 2000: 432; Young, 2000:6). El incremento de
la participación y de la implicación de estos grupos
deriva asimismo en un aumento de la legitimidad de la
política para sus miembros y otorga al sistema un “plus”
de legitimidad (García Guitián, 2001: 225; Kymlicka,
2001: 36; Taylor, 1994 :81; Young,
2000: 144; Zimmerman, 1994: 11). La incorporación en
las instituciones supone así un “beneficio psicológico”
para los miembros del grupo, simboliza el reconocimiento
de los derechos políticos del grupo en cuestión (Birch,
1971: 21). La “política del reconocimiento” (Taylor,
1994) o “política de la presencia” (Phillips, 1995)
es, en definitiva, una forma de discriminación positiva
para conseguir que las instituciones sean más representativas
contribuyendo de este modo también a reforzar la dimensión
simbólica de la representación.
¿Qué
propuestas concretas materializan estas demandas en
la práctica institucional? Las diferencias entre las
demandas de reconocimiento de estos grupos son considerables
dependiendo de las características de los propios colectivos:
mientras que los movimientos feministas y los movimientos
de grupos de población inmigrantes demandan una integración
política igualitaria, los movimientos indígenas y nacionales
exigen una diferenciación política con base territorial
(Requejo, 1998: 90-95; Kymlicka,
1996). Las demandas de reconocimiento cultural son aspiraciones
de “ciudadanía diferenciada” (Gutmann, 2002; Vallespín,
1998 :31; Young, 1996: 100) o de autogobierno, ya sea
este ejercido a través de una modificación institucional
-grupos indígenas o nacionales- o a través de la participación
en las instituciones existentes -minorías lingüísticas-
[19] (Kymlicka, 2001; Tully, 1995: 4). En términos generales, las
propuestas defienden la solución del déficit representativo
actual mediante la introducción de cuotas en las instituciones
representativas y de modelos estatales institucionalizados
a través de federalismos multinacionales (Baubök, 1996;
Requejo, 1998).
Por otro lado, como
decíamos, se encuentran las reivindicaciones de integración
política igualitaria, encabezadas principalmente por
la demanda feminista. Desde estas posiciones, la plasmación
de la desigualdad política de géneros se observa en la subrepresentación de las mujeres en las asambleas
políticas, suponiendo un desequilibrio entre la proporción
de mujeres en la ciudadanía y en el cuerpo representativo.
Se exige al Estado, por un lado, que tome parte en la
eliminación de aquellos factores de los ámbitos social,
económico y familiar que impiden a las mujeres una mayor
implicación en la política y que por lo tanto estarían
reduciendo su capacidad de ejercer una ciudadanía plena
(Okin, 1989: 125-133; Pateman, 1996: 41).
Junto a esta demanda,
se reclama una mayor presencia de las mujeres en la
vida política
[20]. Una de las soluciones que se han propuesto
para solucionar este déficit representativo es la introducción
de cuotas en las instituciones representativas las cuales
aumentarían las “probabilidades objetivas” de las mujeres
para acceder a cargos públicos (Aguiar, 2001: 30). Aunque
la cuota tenga un carácter colectivo, su aplicación
permitiría satisfacer los derechos individuales de ciudadanía:
el derecho de las mujeres a acceder a funciones y cargos
públicos (Martínez Sampere, 2000: 134). No se trata
de que las mujeres tengan que representar a las mujeres
sino que las mujeres estén igualmente presentes en las
asambleas legislativas nacionales (Aguiar, 2001: 31;
Biglino, 2000: 412). Es decir, esta propuesta no procura
la división en secciones del electorado sino que pretende
normalizar la participación de la mujer en la política
dividiendo por igual el interés por la cosa pública
y las responsabilidades que se derivan del ejercicio
del poder (Agacinski, 1998: 161). Las cuotas pueden
tener carácter constitucional o legal y establecer diferentes
criterios de representación: desde el establecimiento
de un porcentaje mínimo para garantizar que las mujeres
constituyen una minoría crítica (20, 30 o 40% de representantes)
hasta la constitución de una representación realmente
paritaria (50%) [21]. Young propone que la reserva de cuotas se realice también en
órganos no elegidos como por ejemplo en las comisiones
(Young, 2000: 150). La finalidad sería que los decisores
se vieran obligados a tener en cuenta las perspectivas
de estos grupos, que incluso podrían tener derecho de
veto respecto de políticas específicas que afectaran
directamente al grupo (Young, 1996: 111; Young: 1998:
413).
Para algunos autores,
la institucionalización de las cuotas en el parlamento
atentaría contra la igualdad ya que supondría una restricción
a la libertad de candidatura –derecho de ser elegible-
y violaría del principio de neutralidad –las medidas
igualitarias deben ser neutrales con respecto al sexo-,
sobre todo porque constituiría una limitación definitiva
y no temporal de tales principios (Favoreu, 1997: 22-26).
Se argumenta también que la introducción de cuotas atenta
contra el principio meritocrático (Hang, 1995).
Otras propuestas reclaman
la paridad como exigencia de reparto del poder político
a través de un escrutinio binomial
[22]. Planteamientos más radicales incluso plantean la posibilidad
de reclutar a los representantes a través de un proceso
aleatorio de selección o de complementar y/o sustituir
la representación institucional a través de la selección
de muestras representativas de ciudadanos que discutan
temas específicos (Mansbridge, 2000: 123). La aleatoriedad
del mecanismo garantizaría así la representación de
todos los grupos existentes en la sociedad.
Las demandas
de igualdad política se dirigen también hacia los partidos
políticos puesto que las instituciones representativas
se configuran a través de las listas presentadas por
los partidos que concurren a las elecciones. De este
modo, el papel de los partidos en la inclusión de los
grupos es clave para la representación de las diferentes
perspectivas sociales (Ryder, 1996: 110-138; Young,
2000: 150). Los partidos políticos pueden adoptar tres
tipos de estrategias en relación a estas demandas. En
primer lugar, pueden, a nivel retórico, aceptar las
demandas de las mujeres a nivel de discurso y del reconocimiento
público de la importancia de su presencia política.
En segundo lugar, emprender acciones positivas que intenten
animar a las mujeres a participar activamente en política,
impulsando su formación y organización dentro del partido.
Por otro lado, pueden llevar a término estrategias de
discriminación positiva basadas en asegurar una presencia
mínima para las mujeres, estableciendo medidas concretas
para ello, como por ejemplo cuotas para las candidaturas
electorales
[23] (Elizondo, 1997: 105; Agacinski, 1998: 157;
Martínez Sampere, 2000: 143).
La nominación
de más mujeres o de más miembros de grupos minoritarios
da señales sobre el partido en su conjunto (Katz, 2001:
278). La captación del voto de los miembros de aquellos
grupos que los partidos consideran relevantes se sitúa en la más absoluta coincidencia de intereses
con la finalidad última de los partidos de obtener la
mayor cantidad de votos (Rule, 1994: 18; Sánchez Ferriz,
2000: 221; Vallès y Bosch, 1997: 148). La incorporación
de la mujer en la vida política es especialmente relevante
para los partidos en el sentido aquí presentado teniendo
en cuenta que constituyen la mitad del cuerpo electoral.
Esta ha sido una demanda tradicionalmente defendida
y apoyada desde los partidos de izquierda, sin embargo
con la difuminación de la relación entre el voto femenino
y el apoyo a partidos de derechas (Uriarte, 1997b: 26;
Lovedunski y Norris, 1993), estos últimos partidos se
han visto también obligados a incorporar en sus listas
y cargos a un número creciente de mujeres como un incentivo
para atraer el voto de las mujeres (Ruiz Jiménez, 2002:
68-72). Como
plantea Phillips: “In an era of increased voter volatility,
they cannot afford to disparage issues that competitors
might turn into electoral advantage" (Phillips,
1998: 224). De
todas formas, la ideología del partido marca todavía
una diferencia importante respecto a la inclusión de
las mujeres: cuanto más a la izquierda se sitúa el partido
político, mayor es el porcentaje de mujeres que acceden
a las instituciones de poder político (Uriarte, 1997a:
60).
Aparte
de la voluntad política de los partidos de dotar a sus
listas de una mayor “representatividad social”, existen
también otras condiciones posibilitadoras de una más
alta inclusividad dependientes de los sistemas electorales.
En primer lugar, los sistemas electorales proporcionales
con distritos multinominales hacen más fácil la incorporación
de los diferentes sectores en las listas electorales [24]
(Farrell, 2001: 166; Phillips, 1995:59; Ritchie,
2003; Rule, 1994: 20; Young, 2000: 152; Zimmerman, 1994:
6) y viceversa. Los distritos uninominales suelen asociarse a la baja representación
que obtienen los grupos socialmente marginados o menos
activos en la vida política (Taagapera,
1994: 243). Además,
en ocasiones, los distritos electorales uninominales
con fórmulas de representación mayoritaria han sido
utilizados perversamente para limitar la representación
de algunos sectores o razas –por ejemplo, el “gerrymandering”
en EE.UU- (López Nieto, 1993: 52). Algunos países han
solventado el problema de la representación de estos
grupos con la creación de distritos de base personal
y no territorial, reservados a los miembros de un determinado
colectivo con el objetivo de asegurar su presencia
en la representación política –en Portugal para los
emigrantes, en Nueva Zelanda para la comunidad maorí
y en Eslovenia y Croacia para minorías nacionales- (Vallès
y Bosch, 1997: 147).
En
segundo lugar, el modo de configuración de las listas
electorales puede ser también una variable importante
para explicar la mayor o menor presencia en éstas de
las mujeres o de otros grupos. Las listas bloqueadas
y cerradas no favorecen la promoción de las mujeres
o de miembros de otros grupos ya que el partido puede
cumplir con el aspecto formal de su “presencia” pero
ubicarlas en los últimos puestos de las listas (Abad,
1993: 45). En cambio, las listas abiertas pueden favorecer
la presencia de más mujeres o de miembros de grupos
minoritarios en los puestos altos de las listas ya que
sería el electorado quien realizaría la selección (Rule,
1994: 18). Otras propuestas van en la línea de listas
cerradas pero no bloqueadas (Mitchell, 2000; Santaolalla,
1986). Tanto las listas abiertas como las listas cerradas
pero no bloqueadas permitirían que los miembros de grupos
minoritarios o las mujeres, en el caso de que hubieran
sido dispuestos en los puestos inferiores de las listas,
resultaran igualmente elegidos, pero no evitan el obstáculo
del “filtro” previo realizado en exclusiva por los partidos.
Es decir, estos tipos de listas no garantizan que estén
todos los candidatos que podrían estar ya que, en última
instancia, es el partido quien avala las candidaturas.
En último lugar, se argumenta que la centralización
o descentralización de la nominación de los candidatos
en el partido puede condicionar también la mayor o menor
presencia de mujeres en las listas electorales. Lovedunski
y Norris (1993) constatan que cuando la selección se
produce en los niveles local o regional se observa un
mayor número de mujeres en las listas.
La receptividad de los representantes
La dimensión
de la receptividad de la representación política, como
ya se ha dicho, trata, en primer lugar, de la conexión
entre las señales emitidas por los ciudadanos y las
políticas adoptadas por las instituciones. En las democracias
representativas contemporáneas, son los partidos políticos
quienes actúan como “radar” de tales señales en su función
de agregación de intereses y demandas de la población
(Panebianco, 1990: 498; Pizzorno, 1986: 274), son conductos
de expresión de las exigencias de los ciudadanos (Sartori,
1980: 57). Corresponde así a los partidos políticos
permitir que se expresen las opiniones y criterios de
la sociedad civil y canalizarlos hacia una concreción
eficaz: los partidos transforman los intereses de los
ciudadanos en entradas (inputs) para el sistema
político, que, en caso de llegar al gobierno, se materializarán
en resultados (outputs) (Knutsen, 1995: 490).
La expresión más
evidente de esta agregación de demandas se manifiesta
en los programas electorales presentados por los partidos
[25]. De este modo, las elecciones sirven para que los ciudadanos
seleccionen buenas políticas o a los políticos que realizan
ciertas propuestas de políticas para ser implementadas
en caso de que salgan elegidos. (Abellán, 1997; Gargarella,
1995; Müller, 2000). Se trata de un juicio prospectivo
acerca de lo que los representantes deberían hacer [26].
Es una concepción de “mandato” (mandate-view):
qué actuación deben llevar a cabo los representantes
(Manin et al, 1999b: 29).
Algunos
autores plantean que los partidos han sido incapaces
de incorporar algunas de las nuevas demandas sociales
(medio ambiente, igualdad social, derechos de las mujeres,
nuevo orden mundial, participación ciudadana en las
decisiones públicas, etc.) que en ocasiones cortan las
divisiones tradicionales de alineación partidista [27] (Dalton et al,
1984: 8; Offe, 1987: 69; Dalton, 1988: 136; Offe, 1988:
164; Tarrow, 2000). También defienden esta falta de
responsiveness los defensores del modelo cártel
de partido bajo la lógica explicativa que, al tener
asegurada la financiación por parte del Estado, ninguno
de los partidos queda definitivamente fuera de la arena
política y esto disminuye los incentivos para que los
políticos sean sensibles a las demandas de los
ciudadanos (Katz y Mair, 1995: 21-22). El carácter oligopólico
de la competición partidista reduciría los incentivos
para que los partidos fueran responsive y permitiría
que fueran éstos quienes crearan las demandas (Macpherson,
1977/1997: 107-110).
No obstante, la lógica
competitiva puede ser beneficiosa para los ciudadanos.
Por un lado, la inherente debilidad estructural de los
partidos catch-all en cuanto a su capacidad de
integración y de mantenimiento de lealtades supone que
los partidos se hallan ante verdaderas dificultades
a la hora de sostener su núcleo de miembros y votantes.
Estos constreñimientos habrían motivado a los partidos
a restablecer parte del potencial de la responsiveness
para captar el apoyo de la población (Kitschelt, 2000:
164; Puhle, 2002: 79; Stimson et al, 1995; Von
Beyme, 1996: 135; Wolinetz, 1991: 125). Al disminuir
los incentivos materiales y de solidaridad que los partidos
pueden ofrecer, los partidos se ven obligados a sondear
las preferencias del electorado de forma constante para
conseguir votos (Manin et al, 1999b: 31; Stimson
et al, 1995: 560) -lo cual también induce, por
otro lado, a la convergencia programática de los partidos
[28] -. Esto se hace todavía
más evidente para los partidos de la oposición ya que
éstos no pueden ser juzgados por la satisfacción inmediata
de intereses sino en función de los contenidos programáticos
propuestos en las nuevas elecciones (Pizzorno, 1986:
253).
Ahora
bien, ¿supone esta mayor responsiveness programática
el seguimiento por parte de los representantes de los
mensajes electorales que éstos propusieron? Dicho de
otra manera, ¿están los representantes obligados a cumplir
lo prometido en el programa? La respuesta a esta pregunta
amaga la controversia en torno al grado de independencia
que deberían observar los representantes respecto a
los representados [29]. Por un lado, encontramos aquellos autores que plantean que
los manifiestos y las campañas expresan las preferencias
de los votantes, por lo tanto, si los representantes
siguen los programas electorales permanecen responsive
a los electores [30] (Gargarella, 1995: 116-117). Se establecería un “contrato implícito”
entre los partidos y los votantes con el fin de reducir
el espacio para el oportunismo de los representantes
(Müller, 2000: 330). El programa electoral se constituiría
así en un mandato de los electores a los partidos.
Desde otra perspectiva
se defiende que los representantes pueden actuar en
interés de los representados, “actuar de manera sensible”,
a pesar de no cumplir los mandatos, es decir, actuando
de forma independiente (Manin et al, 1999b:40;
Pitkin, 1984: 209-210), y aún cuando este incumplimiento
no sea producido por los intereses privados y egoístas
de los mismos. Este incumplimiento estaría justificado
cuando: 1) un cambio en las condiciones contextuales
implique que la implementación del mandato ha dejado
de ser lo mejor para los electores [31];
2) tras llegar al gobierno, con un mayor acceso a la
información, resulta imposible aplicar lo prometido
sin agravar la situación [32]. Es decir, un gobierno responsable ha de operar teniendo en
cuenta no sólo sus formulaciones ideológicas sino, ante
todo, las consecuencias previsibles de su acción, lo
que puede implicar la adaptación o rectificación de
su propio programa si de su aplicación se siguen consecuencias
indeseables para la globalidad de la sociedad (Almond
y Verba, 1963: 343; Birch, 1993: 77; García-Pelayo,
1986: 105-106; Hungtington et al, 1975: 161;
Stokes, 1998: 352). En otras ocasiones la receptividad
puede verse sacrificada en aras a una mayor capacidad
y eficiencia del gobierno
[33] (Sartori, 1992: 234-236; Dunn, 1999: 299). El mandato también
puede verse alterado por la formación de coaliciones
ya que el pacto interpartidista puede conllevar modificaciones
de los programas iniciales
[34] (Klingemann et al, 1994: 241; Powell, 2000: 237-239).
De este modo, la
democracia no contendría ningún mecanismo institucional
para hacer que las decisiones de los ciudadanos sean
respetadas: “The abandonment of campaign promises is
not a perversion of representative democracy but part
of its normal functioning” (Stokes 2001: 154).
Queda así a juicio de los ciudadanos valorar en la siguiente
contienda electoral si se concede un voto de confianza
a la desviación respecto al programa propuesto (reelección
del incumbent) o si ésta es castigada. Volveremos
sobre este punto en el siguiente apartado.
Hasta aquí se han presentado
las controversias que se derivan de la receptividad
que se materializa en torno a las elecciones: los compromisos
programáticos de los representantes a través de los
respectivos partidos y su cumplimiento (o no) y la elección
de los ciudadanos emitida a través del voto. A continuación
se presentan los límites y críticas a los mecanismos
que tradicionalmente han sido utilizados por los ciudadanos
para hacer llegar sus demandas a los representantes
y las propuestas alternativas para mejorar la participación
de la población en el proceso de toma de decisiones
así como el procedimiento mediante el cual se discute.
La extensión
de la democracia participativa es positiva para el desarrollo |
