La preocupación social e institucional por la violencia en el ámbito familiar surge ante la extensión de este fenómeno en todas las sociedades, con independencia de ingresos, clases sociales y culturas; así como por la evidencia de que es un fenómeno difícil de erradicar, dado que la violencia contra la mujer; es una realidad que se oculta y esconde tras las paredes de la vivienda familiar. Para abordar el conocimiento de esta realidad y poder ofrecer medidas que incidan sobre ella, resulta imprescindible conocer y manejar con rigor los conceptos teóricos básicos que hemos de utilizar. Con frecuencia nos encontramos reflexiones orales o escritas en las que no existe una previa identificación del contenido de los términos utilizados; de tal manera que se producen brumas intelectuales y equívocos, inadecuados para un tratamiento riguroso del problema y de la realidad social sobre la que se pretende intervenir. Tratamiento riguroso que resulta necesario para avanzar en la investigación y recogida de datos de las violencias en el hogar. En la Declaración de 20 de diciembre de 1993, sobre Eliminación de la violencia contra la mujer, se recomienda a los Estados promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar la investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones. La primera delimitación conceptual necesaria para una aproximación al problema de la violencia sobre las mujeres, nos obliga a diferenciar el concepto de “Violencia Doméstica” y el concepto de “Violencia de género en el ámbito familiar o de la pareja”. La Violencia Doméstica en un sentido amplio comprendería cualquier acción u omisión vejatoria o similar de uno o varios miembros de la familia contra los otros; en éste caso, el concepto abarcaría sin reparos los supuestos de violencia contra ancianos, hermanos u otras personas del círculo familiar.

         En un sentido más restringido, si la víctima es la esposa o mujer con la que el agresor tiene o ha tenido una vinculación, la violencia doméstica en realidad constituye una manifestación de la Violencia de Género, en cuanto que violencia cultural o de clase que tiene su origen en las desigualdades históricas tradicionalmente padecidas por las mujeres y sus hijos menores de edad. En éste sentido, Violencia de género en el ámbito familiar o de la pareja, sirve para señalar todas aquellas situaciones de amenazas, malos tratos físicos o psíquicos y agresiones sexuales ocasionadas a la mujer, dentro del ámbito familiar, de pareja o de cualquier otro tipo de convivencia y a sus hijos o hijas menores.

         Este trabajo tiene por objeto el análisis de los distintos términos gramaticales utilizados en documentos internaciones y normas jurídicas, para designar la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas en el ámbito familiar. La elección de este concreto ámbito de la violencia, se justifica por varias razones; pero de manera particular por tres razones que se exponen a continuación:

1º.- En primer lugar, porque “la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas” (Conclusión del párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990).

2º.- En segundo lugar, porque las investigaciones realizadas concluyen que la violencia en el ámbito familiar se ejerce mayoritariamente por los hombre sobre las mujeres [2].

3º.-En tercer lugar, porque la violencia de los hombres sobre las mujeres con las que tienen o han tenido vinculación matrimonial o análoga, ha sido objeto de tratamiento legislativo específico en España con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

         La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, se caracteriza, fundamentalmente, por las siguientes notas: el lugar de comisión normalmente es el domicilio común o la casa en la que se convive o se ha convivido, por ello se afirma que se produce en el ámbito doméstico; son acciones violentas equiparables a modelos de conducta y de comunicación propias de un relación asimétrica de dominio; el agresor tiene o ha tenido una relación o vinculación de afectividad con la víctima [3].

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1.1. Diferentes denominaciones del fenómeno.

         Circulan variados términos gramaticales como Violencia contra la Mujer, Violencia de Género; violencia machista o sexista; Violencia Doméstica, Violencia Familiar o Intrafamiliar [4].

1.1.1. Violencia contra la Mujer.

         Los trabajos elaborados en la Reunión de Grupo de Expertos celebrada en Viena los días 8 y 12 de diciembre de 1986 - organizada por el Servicio para la Promoción de la Mujer de las Naciones Unidas – constituyeron el necesario antecedente para que la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas recomendara la adopción de una Resolución sobre la Violencia contra la Mujer. En ejecución de esta Recomendación, el 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 48/104, que contiene una “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

         En su artículo 1 ofrece una interpretación auténtica del concepto de “Violencia contra la Mujer”, declarando que A los efectos de la presente Declaración por  violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

         Este concepto de violencia contra la mujer tiene una doble virtualidad: de un lado, proporciona visibilidad a las mujeres como víctimas de la violencia sufrida dentro del ámbito familiar y personas individuales a las que se niegan los derechos fundamentales.

De otro lado, elimina la privacidad como elemento justificador de la tolerancia o inactividad de los poderes públicos en el tratamiento de este fenómeno.

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1.1.2. Los conceptos de Violencia de Género y perspectiva de género.

         Diferenciar entre el significado del término sexo (diferencias biológicas entre mujeres y hombres) y el término “género” (diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres) resulta un instrumento útil para poner de manifiesto cómo algunas desigualdades son naturales, mientras que otras se han construido a los largo de los siglos por una organización social patriarcal, y no están determinadas por la naturaleza.

         Las afirmaciones realizada a lo largo de los siglos - por personajes relevantes en la historia de la religión y de la cultura - relativas a una supuesta inferior capacidad intelectual de las mujeres o de la conveniencia social de que la mujer ocupe una posición de sumisión y sometimiento, ha sido un factor determinante en la socialización y normalización de la desigualdad de las mujeres y de la discriminación socialmente construida, que todavía no ha sido totalmente superada. En el año 1995 la IV Conferencia Mundial de Mujeres sobre el avance las mujeres - celebrada en Pekín ( o Beijing) y auspiciada por la Organización de Naciones Unidas – reafirma ambos conceptos, al tiempo que propugna un nuevo consenso o pacto social que permita a hombres y mujeres compartir las responsabilidades en todos los ámbitos: familia, trabajo, política y economía.

         Entonces se acuña la expresión “violencia de género” como una parte de la violencia cultural que se ejerce, de forma mayoritaria por los hombres sobre las mujeres, y se manifiesta como una técnica de control que permite mantener a estas en una situación de inferioridad y subordinación. Así como el la expresión “Perspectiva de género” como “instrumento“ necesario para cambiar la tradicional concepción del papel de la mujer en la sociedad. Con esta nueva terminología se pretende identificar las diferencias culturales y sociales entre hombres y mujeres como una elaboración de siglos mantenida por los intereses del régimen patriarcal.

         La denominación “Violencia de Genero” tiene indudables ventajas: por un lado, nos señala las causas estructurales de la violencia, imbricadas en la histórica posición inferior de las mujeres en el ámbito familiar, social, económico y cultural; de otro lado, enlaza con el derecho y principio de igualdad, como regla social y proyecto de las sociedades democráticas. Además, permite comprender la violencia como elemento útil en la perpetuación de los estereotipos sexuales y patrones culturales e históricos, y mecanismo que persigue mantener el papel de dominio del hombre y el papel de sumisión de la mujer. Como afirma MARINA SUBIRASCH  Si alguna ventaja tiene el concepto de género es la de librarnos definitivamente del eterno femenino, la de poder expresar la variabilidad interna en el tiempo, de modo que lo que un día pareció una prescripción inamovible acaba siendo una curiosidad del pasado [5].

         En ésta línea discursiva, y como ya anticipamos, la violencia doméstica contra la esposa o análoga, se presenta como una manifestación de la violencia de género; y ello en la medida que la violencia en el ámbito familiar o doméstico se ejerce de manera mayoritaria por los hombres contra las mujeres y sigue respondiendo a patrones históricos y culturales desigualitarios. Hasta épocas recientes España disponía de normas, socialmente aceptadas y recogidas por las leyes, que otorgaban el poder de dirección de la familia al marido, o mitos como los que identifican el ámbito familiar como privado y excluido de la eficacia de las leyes. Un ejemplo lo encontramos en el deber de obediencia de la mujer casada al marido, necesitaba su licencia para abrir un comercio o vender sus propios bienes. El marido era el único administrador de la economía familiar. Así ocurrió hasta la Ley de 2 de mayo de 1975. Estas leyes del siglo XX fundamentaban la posición de inferioridad de la mujer en la necesidad de preservar el bien jurídico de la unidad matrimonial; y justificaban la potestad de dirección de marido por la naturaleza, la religión y la historia.

         En estos términos se pronunciaba el legislador en la Ley 24 de abril de 1958, que ampliaba la capacidad de obrar de las mujeres casadas. Según su Exposición de Motivos por exigencias de la unidad matrimonial existe una potestad de dirección que la naturaleza, la Religión y la Historia atribuyen al marido.

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1.2. La terminología en España.

         Los primeros datos estadísticos sobre la violencia en el ámbito familiar aparecen en España en el año 1.984, cuando se publicaron por el Ministerio del Interior el número de denuncias presentadas en las Comisarías de la Policía Nacional, bajo el enunciado de “denuncias por malos tratos”.

         En esta década de los ochenta empieza a divulgarse el término “violencia familiar” y “violencia doméstica”. Se contaba con la definición del Primer Congreso de Organización Familiares - celebrado en Madrid en diciembre de 1987 - que definía la violencia familiar como Toda acción u omisión de uno o varios miembros de la familia que dé lugar a tensiones, vejaciones u otras situaciones similares en los diferentes miembros de la misma. El término de “violencia doméstica” ha servido para identificar e integrar en el ámbito de la violencia doméstica cualquier forma de acción violenta ejercida por un miembro de la familia sobre otro. En diciembre de 1997, la opinión pública conoció un hecho de violencia de un marido sobre la anterior esposa, con resultado de muerte, que movilizó a las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres y a los medios de comunicación. Se conoce como el asesinato de Ana Orantes. En síntesis y a mi entender, las notas del hecho que hicieron despertar a la opinión pública fueron dos. En primer lugar, se manifestaba como un caso paradigmático de violencia de género, en tanto que la muerte de la mujer fue la respuesta de “género” del despechado agresor que, al conocer que su anterior esposa hizo pública su vida matrimonial de malos tratos, no admitió la posible deshonra pública, ni la disminución de su rol de masculinidad. En segundo lugar, el hecho de que víctima y agresor habitaran en un edificio común, si bien con viviendas separadas, a pesar de la historia de malos tratos padecida por la esposa. En el debate social se reflexionaba y criticaba la idoneidad de las decisiones institucionales en esta materia; pues existió una decisión judicial que aprobó el convenio de mutuo acuerdo de división de la casa común [6].

         A partir de éste suceso, las asociaciones de mujeres –respaldadas por los medios de comunicación- comenzaron a exigir a los poderes públicos el cumplimiento de las Declaraciones Internacionales suscritas por el Estado español en materia de Derechos Humanos. Las mujeres afirmaban que la denuncia y el proceso judicial, aumentaba el riesgo para sus vidas y las de hijos. Estas quejas, difundidas por prensa, radio, televisión y la implantación de un cómputo de muertes de mujeres víctimas de sus parejas, provocaron un estudio monográfico del Defensor del Pueblo - publicado en 1998 - con el título de “Informes, Estudios y Documentos. La violencia domestica contra las mujeres”.

         Los medios de comunicación españoles, en este año 1998, comienzan a generalizar el término de “Violencia Doméstica” para informar y describir las noticias de violencias de los hombres contra sus esposas o ex esposas e hijos. Ante la ausencia de una definición legal auténtica del concepto de “violencia doméstica” – ni el Código Penal de 1995 ni las normas procesales penales re referían a ella –surgieron conceptos y definiciones instrumentales con las que se pretendía dar respuesta desde las distintas instituciones.

         La Fiscalía General del Estado español, en el año 1998 dictó la Instrucción número 1/1998, en la que utiliza un concepto amplio de violencia doméstica, en cuanto que incluye las acciones u omisiones penalmente sancionables cuando se cometen por un miembro de la familia contra otro miembro que convive en el mismo domicilio [7].

         El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial – creado en septiembre de 2002 y presidido por la Vocal Montserrat Comas d’Argemir – desde el Acuerdo del Pleno de fecha 19 de noviembre de-2002 también utiliza el concepto operativo de “Violencia Doméstica”, en el cual incluye los ilícitos penales fijados por la Fiscalía. Gracias a la actividad de este Observatorio, desde el año 2002 disponemos de datos estadísticos sobre denuncias presentadas en esta materia, muertes de mujeres a manos de sus maridos y otras variables del tratamiento judicial.

         En la actualidad y de manera paulatina se está implantando y aceptando el término “Violencia de Género” para dar noticia de las muerte y lesiones sufridas por las mujeres a manos de sus maridos o parejas.

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2.- La historia de los malos tratos, violencia doméstica y violencia de género en el ordenamiento jurídico estatal y autonómico.

         EI informe del Defensor del Pueblo publicado en el año 1998, literalmente declara:

Desde el punto de vista histórico esta materia no ha suscitado interés social ni jurídico, debido al papel reservado tradicionalmente para la mujer [8]. Esta afirmación se constata con un breve repaso de la normativa hasta entonces vigente y que afectaba a ésta materia.

         El Código Penal de 1995 no recogía el término ni el concepto de “violencia doméstica o de violencia de género”. Tampoco formaba parte de las enseñanzas en las Facultades de Derecho, ni de la especialización jurídica posterior en la abogacía o en las oposiciones de acceso a la Carrera judicial o fiscal. Este era un concepto desconocido para el ordenamiento jurídico de nuestro país, que resolvía las violencias físicas contra las esposas dentro de las categorías penales genéricas de “lesiones” constitutivas de delito o falta, según que el daño corporal causado precisara o no asistencia médica o tratamiento médico quirúrgica, con posibilidad de agravar o atenuar la pena en el delito con la aplicación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad de “parentesco”. Dentro de la categoría de “malos tratos”, la práctica forense abarcaba las violencias que no hubieran dejado rastro físico, como empujones, tirones de pelo o bofetadas, así como las violencias verbales entre esposos.

         Desde 1989 se introdujo una respuesta penal específica para dar respuesta a la violencia habitual contra alguno de los miembros de la familia que expresamente menciona la ley. El conocido como “círculo de sujetos pasivos”: inicialmente formado por cónyuge o persona a la que se halle ligado el autor, de forma estable, por análoga relación de afectividad, o sobre los hijos, ascendientes o incapaces convivientes.

         Con la ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las “Víctimas de Violencia Doméstica”, se incorpora este término a la normativa procesal [9]. En cuanto al término “Violencia de Género”, como afirma Maria Durán, el vocablo y concepto ha encontrado grandes resistencias para ser recogido en el derecho positivo: unas veces por reparos gramaticales y otras por la tradicional “conceptuación abstracta y asexuada del sujeto de derecho”. No obstante, paulatinamente se impone su aceptación, tanto en los documentos internaciones como en las leyes estatales y autonómicas [10].

         En el contexto del Tratado de Amsterdam (1999) la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y la eliminación de las desigualdades, constituye una de las prioridades a tener en cuenta en el diseño de las políticas de la Unión Europea. Esta prioridad ha sido ratificada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con ocasión de la Cumbre Europea que tuvo lugar en Niza.

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2.1.- Leyes autonómicas en el Estado español.

         El concepto y término “violencia de género” es utilizado cada vez con más frecuencia en los parlamentos autonómicos; unas veces en leyes específicas que pretenden abordar este problema desde el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma; otras veces, dentro de leyes de contenido más amplio, que tienen por objeto la implantación de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Mencionaremos las siguientes:

2.1.1. Ley Foral de Navarra nº 12/2003, de 7 de marzo, de modificación de la Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista. Define la violencia sexista o de género como “todo acto de violencia o agresión, basado en la superioridad de un sexo sobre otro, que tenga o pueda tener como consecuencia daño físico, sexual o psicológico, incluida la amenaza de tales actos y la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto si ocurren en público como en la vida familiar o privada”.

2.1.2. Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.1.3. Decreto 52/2004, de 2 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se crea el Foro de la Comunidad Valenciana contra la Violencia de Género y Personas Dependientes en el Ámbito de la Familia. Otras leyes autonómicas no utilizan el término violencia de género pero ofrecen una respuesta integral contra la violencia hacia las mujeres. La primera fue la ley 5/2001, 17 de mayo, de Castilla - La Mancha, de prevención de malos tratos y atención a mujeres maltratadas. Cantabria aprobó la Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.

             A través de ella se modifica el apartado 2 del Art. 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, exigiendo en los Anteproyectos presentados por los Ministerios, un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar. En su Exposición de Motivos se justifica tal medida en atención a que el proceso para conseguir la equidad entre los géneros sigue siendo lento y errático desde la Conferencia de Pekín; y expresamente reconoce que las preocupaciones de la mujer aún tienen una prioridad secundaria en algunas partes del mundo.

         Galicia la ley número 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres, en la cual dedica un capítulo a la violencia sobre las mujeres, utilizando en alguna de sus normas el término de violencia de género. La ley 4/2005 de 18 de febrero, de igualdad del País Vasco, dedica el Capítulo VII a la violencia contra las mujeres y su artículo 50 dispone:

A los efectos de la presente Ley, se considera violencia contra las mujeres cualquier acto violento por razón del sexo que resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad que se produzcan en la vida pública o privada. A continuación dispone medidas de prevención, asistencia, coordinación institucional, formación de personal y prestaciones económicas dentro del marco de sus competencias.

2.2 Leyes estatales.

         En el ámbito del Estado Español se utiliza el término “género” en la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno [11]. No obstante, la definitiva incorporación al ordenamiento jurídico del concepto y término de Violencia de Género, tiene lugar con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

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3.- Alcance de la implantación legal del concepto de violencia de género en la Ley Orgánica 1/2004.

         La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, a pesar de la polémica lingüística que generó, finalmente recogió los términos de “género” y “perspectiva de género”, contribuyendo así a su generalización y difusión. En el párrafo tercero de su Exposición de Motivos, justifica las razones de la nueva ley y declara:

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombre… Esta ley orgánica se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de diciembre del año 2004; tras ser aprobada por unanimidad en el Parlamento español. Entró en vigor a los treinta días de su publicación, salvo lo dispuestos en los títulos IV y V que entraron en vigor a los seis meses (el día 29 de junio de 2004), conforme a su Disposición Final Séptima. El artículo 1.1º de la LO 1/2004 resulta de especial relevancia, en cuanto que sirve para delimitar el objeto de la ley. Por su interés se reproduce literalmente su primer apartado:

         La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

         De esta redacción se deducen varias cuestiones susceptibles de reflexión:

A.- En principio, sus medidas no afectarán a las mujeres que han sufrido violencia por hombres con los que no han mantenido vinculación afectiva, como serían los casos de violaciones por extraños, por amigos o familiares que no sean el cónyuge o persona con la que se mantiene análoga relación. La ley solo se refiere a la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres que sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

         Ofrece un concepto instrumental de Violencia de Género, referido a la violencia que se ejerce dentro del ámbito de relación matrimonial o análogo, contra las mujeres y de la que son víctimas directas o indirectas los hijos. Este concepto instrumental, si bien excluye otros supuestos de violencia sobre la mujer, tiene la virtualidad de cumplir un doble objetivo:

a.- En primer lugar, tiene siempre presente los presupuestos sociológicos e ideológicos de este tipo de criminalidad, y mantiene la vinculación entre la noción de “violencia” y la noción de “discriminación”, relación que aparece por vez primera en la Declaración de 20 de diciembre de 1993, sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer. En su preámbulo declara:

“reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.

         La Violencia de género contra la mujer con la que el hombre mantiene vínculos hunde sus raíces en relaciones de dominio y sumisión  en la construcción de identidades de género desiguales, en la división sexual del trabajo recreada por la economía capitalista y en el mantenimiento de relaciones patriarcales o pre-modernas en la esfera de la familiar [12].

b.- En segundo lugar, el concepto instrumental de violencia de género de la ley integral, permitirá un análisis más sistemático y coherente de las respuestas legales e institucionales frente a las violencias que se ejercen sobre las mujeres en el entorno familiar, y de la que son víctimas indirectas los hijos e hijas menores de edad.

B.- La frase contenida en el actual art. 1.1 como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres implica la asunción de la “perspectiva de género” por la normativa. Es una referencia sociológica y más concretamente una referencia al factor cultural como causa de la violencia contra la esposa o análoga.

         En apoyo de esta tesis, se ha de observar que el Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio de 2004 se hizo eco, en este punto, de algunas críticas del informe del Consejo General del Poder Judicial – centradas en que la frase introducía problemas probatorios y de competencias entre órganos judiciales- y sin renunciar a mencionar la desigualdad y relaciones de poder como causa de la violencia contra las mujeres por sus parejas, suprimió la frase ( …como instrumento para mantener la discriminación …) y la sustituye por “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres…. El cambio desde la redacción inicial a la definitiva, si bien hace reducir el elemento intencional de la norma, revela que el legislador no ha renunciado a mencionar el factor cultural y sociológico como causa última de esta violencia.

         A mi entender, el legislador quiere reiterar con esta frase que el concepto instrumental de “violencia de género contra la mujer con la que el agresor mantiene o ha mantenido vínculos afectivos”, ha de tener presentes los presupuestos culturales y sociológicos de este tipo de criminalidad - reiteradamente declarados por la Declaraciones y Tratados Internacionales - en el sentido de que esta violencia hunde sus raíces en relaciones sociales de dominio y sumisión y en la construcción de identidades de género desiguales.

Esta nota de dominación y de desigualdad ha sido apreciada por nuestro Tribunal Supremo en numerosas Sentencias. La pionera es de la Sala 2ª, S 26-12- 2002, nº 2197/2002, rec. 1693/2001. Ponente: Giménez García, Joaquín, que considera los hechos enjuiciados, constituyen, por encima de las concretas calificaciones jurídicas, un hecho típico de violencia familiar caracterizado por una situación de intento de dominación del recurrente sobre su mujer que tiene su origen en la separación, lo que se ha diversificado en diversos ataques a bienes jurídicos con el denominador común de victimización de aquélla. Dice la sentencia: En el presente caso, los hechos que lo integran constituyen, por encima de las concretas calificaciones jurídicas, un hecho típico de violencia familiar caracterizado por una situación de dominación, o intento de dominación del recurrente sobre su mujer que tiene su origen en la separación existente y en la no aceptación de esta situación por aquél, lo que se ha diversificado en diversos ataques a bienes jurídicos con el denominador común de victimización de aquélla.

         En la actualidad, las sentencias de los órganos judiciales españoles está incorporando el término de Violencia de Género. Ejemplo de ello es la Sentencia de fecha 28-02-2005, nº 2/05, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Asturias. En ella se deja sin efecto la atenuante de arrebato, apreciada por los miembros del Jurado, tras declarar probado que el acusado actuó “obcecado por los celos”. En dicha sentencia se declara:

         El acusado se prevalió de su condición masculina, peyorativamente machista, para atemorizar y tener sometida a su voluntad a la víctima que, por causa del miedo que tenía al agresor nunca tuvo el valor que debería para denunciar formalmente los malos tratos, las amenazas de que era objeto y las continuas coacciones a que era expuesta por el acusado para que no hiciera uso de su condición de igualdad de género respecto al varón y poder desarrollar su vida con plena libertad de elección de pareja.Nos hallamos ante una víctima más de la violencia de género ejecutada por el acusado, que no quería que la víctima desarrollara todas sus capacidades como mujer en igualdad de condiciones que el hombre.

Las nuevas normas penales y procesales con frecuencia se refieren literalmente a delitos relacionados con la violencia de género sin contener una norma que los identifique de manera auténtica. Por ello, en una labor de interpretación sistemática de las normas, este concepto ha de integrarse con los art. 1.3 de la Ley Orgánica 1/2004 y con el art. 87 ter de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial, tras la redacción introducida por el art. 44 de la LO.1/2004 [13]

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4. Reflexiones finales

         En el derecho positivo paulatinamente se impone la aceptación del término violencia de género para designar las violencias que se ejercen contra las mujeres. Esto merece una valoración positiva porque permite mantener la dialéctica entre igualdad formal e igualdad material, al tiempo que pone de manifiesto la pervivencia de desigualdades materiales y discriminatorias para las mujeres, que los poderes públicos tienen la obligación de eliminar por mandato del art. 9.2 de la Constitución española.

         La implantación del concepto de “violencia de género” hace conveniente diferenciarlo respecto de otros términos como el de malos tratos, violencia doméstica o violencia familiar. La utilización rigurosa de los términos y conceptos y su uniformidad a la hora de recoger datos estadísticos, permitirá conocer mejor la realidad y arbitrar medidas adecuadas a la misma.

         Por ello y como conclusiones de este trabajo, se exponen las siguientes propuestas:

1.- Necesidad de unificar los conceptos y categorías utilizados por las distintas Administraciones e instancias oficiales. Si las Administraciones utilizan categorías conceptuales distintas será muy difícil obtener datos estadísticos plenamente fiables, así como conocer la envergadura del problema, sus variables y la incidencia de las medidas legales y sociales que se adopten. Para proyectar medidas preventivas y de respuesta más eficaces es necesario investigar en profundidad el fenómeno social y sus distintas manifestaciones.

2.- El concepto instrumental de violencia de género en el ámbito de la pareja sería idóneo para cuantificar los datos relativos a actuaciones policiales y judiciales referidas a alguno de los delitos mencionados en el art. 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando la víctima sea esposa o mujer con la que el agresor mantiene análoga relación de afectividad, o bien sean víctimas sus hijos o hijas menores de edad, aún sin convivencia.

3.- La concepto instrumental de “violencia de género” se utilizará para designar y cuantificar el resto de delitos de los que son víctimas las mujeres, por razón exclusiva de su sexo. Como son los delitos de ablación, trata de blancas, violaciones y resto de delitos contra la libertad sexual.

4.- El concepto instrumental de “Violencia Doméstica” quedaría reservada para las violencias que se ejercen por un miembro de la familia contra otro con el que exista convivencia, y que no sea esposa o mujer vinculada al agresor por análoga relación de afectividad.