Sin ánimo de entrar a discutir el tema de la globalización en detalle, pero dado que en mi introducción señalé que con este nombre se conoce al actual estadio del capitalismo en tanto que modo de producción, haré unas sucintas reflexiones con el mismo espíritu pragmático que planteé entonces. En primer lugar, porque me parece que la globalización no es realmente una opción, o al menos una sobre la que nuestros países tengan gran influencia. En segundo lugar, porque tampoco creo que aceptar su predominio equivalga a la adopción de una postura ideológica; es simplemente entender un hecho. Finalmente, porque me parece que sin satanizarla, por un lado, ni elevarla a la categoría de doctrina, por el otro, debe reconocerse como la fase más avanzada del desarrollo capitalista. Es necesario lidiar con ella de una manera ciertamente novedosa; una que no le dé la espalda a la gente, que la incorpore y no la margine; una que implique cierta regulación del mercado por parte del Estado sin que ello redunde en obstrucción a la libertad, base de la democracia, pero que implante a la justicia social como su complemento.

Con un dejo de sarcasmo, el pensador Zaki Laïdi ha dicho que la globalización no es noticia ni buena ni mala. Se trata, afirma, de un fenómeno esencialmente ambivalente. De nosotros depende, entonces, la voluntad y la sabiduría para saber conducirla. En la medida en que la expresión más clara de la globalización radica en la permanente vinculación a nivel mundial de los diversos actores políticos, económicos y sociales, personalidades como Giddens concluyen que la cuestión a dilucidar no es su existencia sino sus consecuencias. Me gustaría referirme brevemente aquí a dos de ellas: su impacto sobre el concepto de soberanía y sus repercusiones por lo que toca al tema de la seguridad. Más adelante trataré con lo que constituye el corazón de esta presentación: la influencia de la globalización en las crisis actuales de América Latina, su especial efecto en el ámbito financiero, y las consecuencias de todo ello sobre nuestros países.

Empiezo por señalar que es un hecho que la globalización ha afectado intensamente el concepto de soberanía, especialmente a partir del reconocimiento de que cincuenta años después de su creación como la institución responsabilizada de la paz y la seguridad internacionales, a través del mantenimiento del status quo y del principio de no injerencia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha debido volver sobre sus pasos para aceptar que, en la práctica, es imposible mantenerse al margen de conflictos que acaban en genocidios.

Esa admisión adquiere mayor relevancia cuando se toma conciencia de que los pasados conflictos inter-estatales han cedido, al menos en número, a los intra-estatales donde los protagonistas ya no son los Estados sino banderas que podemos considerar equivocadas, como el racismo o la religión, pero que lamentablemente han causado numerosas víctimas y planteado el tema de la "intervención humanitaria". Ésta puede, por cierto, adoptar diversas formas, pero cuando en el extremo implica el uso de la fuerza, debe tenerse especial cuidado y evitar que sirva para fines encubiertos. De igual manera, debe garantizarse que el empleo de la fuerza no exceda de ciertos límites, que no se dé al margen de las disposiciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y que no resulte a su vez en violaciones a los derechos humanos. A menos que existan tales garantías, el recurso a la fuerza para fines humanitarios seguirá siendo motivo de controversia.

Lo anterior es especialmente cierto a la luz de algunos acontecimientos recientes entre los que destacan: la negativa de Estados Unidos a que sus efectivos militares pudieran ser investigados y enjuiciados, si fueran encontrados culpables de crímenes de lesa humanidad, por el Tribunal Penal Internacional, mecanismo al que ese país se niega a reconocer, o la reciente aparición de la denominada "nueva estrategia estadounidense de seguridad nacional" cuyo mensaje es claro: ante la sospecha de un ataque terrorista como el que lamentablemente ocurrió el 11 de septiembre del 2001, la Unión Americana se propone actuar, anticipándola, con o sin autorización del Consejo de Seguridad, y con o sin el apoyo de sus aliados y amigos, sosteniendo que "la mejor defensa es el ataque".

Así, la globalización ha provocado cambios también profundos en el concepto de seguridad. No sólo por lo que se señalaba acerca de las guerras fraticidas entre etnias habitantes de un mismo país que intentan mutuamente aniquilarse, o entre practicantes de credos religiosos diferentes que deciden que la convivencia es imposible, sino porque la seguridad ya no está única y exclusivamente vinculada a la integridad territorial de una nación. Hoy se encuentra amenazada por cuestiones menos constreñidas a fronteras nacionales como los riesgos medioambientales; la delincuencia internacional, incluido el narcotráfico; la presión migratoria y, de manera particular, el terrorismo. En ese sentido su defensa a partir de recursos propios no sólo se torna más complicada, sino que su imposibilidad en la práctica abre incluso la puerta para algún tipo de injerencia. Al ser la seguridad un tema global, su supervisión invita necesariamente a terceros.

Si algo quedó absolutamente claro de los fatales acontecimientos del año pasado a los que se hacía referencia, es el peso que para Estados Unidos va a adquirir el tema de la seguridad por encima de cualquier otro, incluido el del desarrollo, lo cual tiene graves consecuencias para el mundo en general, pero para América Latina en particular. Al haber desplazado hoy las consideraciones estadounidenses relativas a la seguridad a aquellas que tienen que ver con el desarrollo, como en el pasado la lucha contra el comunismo ignoró la inmolación que de la democracia se hacía en nuestros países, América Latina desapareció prácticamente del radar de Estados Unidos.

Como prueba de lo anterior baste con señalar algunos ejemplos: el diálogo migratorio mexicano con la administración del Presidente Bush, se pospuso; el tema de las visas de entrada para viajeros que, como los argentinos, estaban exceptuados de este requisito, se replanteó; áreas como la "triple frontera" entre Argentina, Brasil y Paraguay, se convirtieron en zonas a vigilar; metas como la lucha contra el narcotráfico para la cual Washington habría asignado importantes recursos a Colombia, fueron relajadas y se permitió que los fondos se utilizaran para combatir a la guerrilla, etc. Cierto, el Presidente Bush obtuvo de su Congreso amplios poderes para negociar en materia comercial, con lo cual el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) volvió al escenario, pero en el mencionado documento sobre la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, América Latina es solamente mencionada un par de veces, pese a que es bien conocido que muchos de nuestros países enfrentan actualmente severas crisis económicas, y que nuestras democracias jóvenes, frágiles y deficitarias, deben hacer frente a múltiples demandas de sus sociedades para erradicar la pobreza, combatir el desempleo, liquidar la marginación, desterrar la ignorancia, y acabar con el hambre y el desamparo. [^ SUBIR]

2. Acerca de la globalización y las crisis económicas en América Latina

El tema de las crisis económicas en América Latina no sólo es antiguo sino recurrente. Muy vinculado primero al papel de la región en la división internacional del trabajo, hoy lo está más al de la globalización y la forma como ésta integra a unas naciones y margina a otras, de la misma manera que al interior de esos países el mercado aglutina a unos y desincorpora a otros. Todo ello, claro, en la medida en que no existan en el ámbito mundial instituciones que busquen establecer un orden más justo y equitativo ni se den, a nivel nacional, políticas públicas de carácter social que distribuyan ganancias y pérdidas con justeza.

Si bien hoy parecen lejanas las confrontaciones que durante decenios separaron ideológicamente al Este del Oeste, y ya no se habla en los mismos términos que antaño de la brecha entre el Norte y el Sur, la verdad es que para los países en desarrollo los problemas siguen siendo básicamente los mismos: la pobreza y la falta de oportunidades de todo tipo, por un lado, y la debilidad de la democracia y sus instituciones, por el otro.

Algunas naciones latinoamericanas conocieron algunos momentos de auge en el pasado. Sin embargo, la tendencia que predominó fue hacia la pérdida de crecimiento. Ésta habría de marcar de manera contundente al decenio de los ochenta de la pasada centuria, tal y como la CEPAL lo ha demostrado. Empero, no debe desestimarse que fue justamente durante esa misma década que, por una parte, se reestablecieron los regímenes civiles violentados por las cruentas dictaduras militares que se apoderaron de un buen número de países sudamericanos, y que, por la otra, se iniciaron los procesos de paz y reconciliación nacional en las hasta entonces convulsas repúblicas centroamericanas. Así, de alguna manera, lo que se perdió para el crecimiento económico se ganó para la democracia y la paz, aunque en estos dos últimos rubros, se insiste, los logros distaron mucho de ser satisfactorios y definitivos.

Cabe decir, sin embargo, que la firme vocación latinoamericana de recuperar el terreno perdido en materia económica llevó a los países de la región a asumir, durante el decenio pasado, al neoliberalismo como divisa. Para ello, las naciones de América Latina debieron poner en marcha una serie de reformas encaminadas a modificar su modelo de crecimiento. Elementos clave de esa transformación fueron, a nivel nacional, un ajuste estructural muy severo que lamentablemente no se dio sin elevados costos políticos y sociales; una seria desregulación de la economía; y una importante reducción del papel del Estado, principalmente a partir de un proceso que privatizó antiguas empresas públicas. A nivel internacional, las naciones latinoamericanas optaron por un crecimiento hacia fuera, abriendo sus otrora protegidas economías, reduciendo aranceles y permisos de importación, e impulsando sus exportaciones.

No en balde, en la pasada década los países latinoamericanos orientaron buena parte de sus políticas a la búsqueda de nuevos mercados, al acceso a mejores insumos y tecnologías de punta, y al establecimiento de condiciones propicias para la promoción de la inversión extranjera directa. Adicionalmente, intensificaron la creación y el fortalecimiento de sus esquemas de integración, y la ampliación de sus relaciones económicas con países de otras latitudes. Todo esto, sin embargo, no pareció ser suficiente para garantizarle a la región la esperada era de afluencia y, en cambio, las crisis mantuvieron su presencia recurrente.

Si algo han demostraron las dificultades que se registraron en el último lustro en América Latina, empezando incluso con la denominada "crisis del tequila" de México en 1995, y terminando con las que actualmente castigan a los países del Cono Sur, fue que la fe ciega que muchas de nuestras naciones tuvieron en el llamado Consenso de Washington, no fue suficiente para conjurar la recesión. Cierto, nadie niega que es importante mantener políticas monetarias, fiscales, cambiarias, comerciales y de inversión adecuadas, porque es fundamental contar con economías sanas que participen con ventaja en el escenario internacional. Pero tampoco parecen existir dudas de que hacerlo sin un sentido social, marginando a grupos poblacionales numerosos, no sólo es peligroso sino definitivamente inviable. El peso que la sociedad civil ha alcanzado en los últimos años es innegable. Las demandas de la gente se hacen escuchar de mil maneras. Los partidos de izquierda despiertan de largos años de letargo. Y se profundiza la certeza de que las salidas individuales son experiencias del pasado. De ahí que se afiance la convicción de que si no se es fuerte se debe, al menos, ser proclive a la unidad.

Esa seguridad ha fortalecido la fe latinoamericana en la integración, la cual se remonta a los años del Mercado Común Centroamericano, a los de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a los de su transformación en la Asociación Latinoamericana de Integración, y a los de la Comunidad Andina de Naciones. Está también presente en el MERCOSUR, que si bien atraviesa por el momento difícil que necesariamente le deparan las fragilidades económicas de sus integrantes, constituye un importante esfuerzo con el que vale la pena vincularse. Esto es cierto tanto para sus vecinos en América del Sur como para México, país que se prepara a firmar con los cuatro integrantes originales de ese esquema subregional: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, dos tipos de acuerdos. Por un lado, los bilaterales donde se listan los productos, se especifican las reducciones arancelarias y se establecen los calendarios. Por el otro, uno multilateral bajo el esquema cuatro más uno, donde se instituyen en forma conjunta las disciplinas que tienen que ver con las reglas de origen, las compras gubernamentales, la solución de controversias, etc. Avanzar en una integración latinoamericana resulta esencial para mejorar la inserción de nuestra región en la propuesta estadounidense del ALCA, y lograr que ésta sea un ejercicio en el que todos sus participantes ganen. [^ SUBIR]

3. Sobre la globalización y el componente financiero de las crisis latinoamericanas

El último lustro del siglo pasado contempló, probablemente, uno de los momentos en que se estuvo más cerca de lograr una modificación realista de los criterios con los que, desde 1944, operan las instituciones de Bretton Woods, particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A esa inédita posibilidad, incrustada en los discursos de numerosos mandatarios de países emergentes y aceptada, incluso, como inevitable por gobernantes de naciones desarrolladas, se llegó como consecuencia de las crisis financieras en los países asiáticos, principalmente Indonesia, Malasia, Corea del Sur, China e incluso Japón, y el peligroso "cierre de círculo" que significó la crisis en Rusia y su "rescate financiero".

Años más tarde, la repetición de esa clase de fenómenos en otras naciones como Turquía, Argentina y, en menor medida, Brasil, lejos de acentuar ese espíritu de reforma institucional y esos planteamientos casi de bloque, tanto en foros regionales como en los de Naciones Unidas, iría a tener un tratamiento más bien diferenciado y pragmático, remitiendo prácticamente al olvido todo intento de modificación a fondo de las reglas del juego financiero internacional.

¿Qué pasó en ese breve lapso? ¿Por qué tal transformación en el discurso y la acción? Sin duda temas como la impresionante rapidez con la que los países asiáticos se recuperaron, el papel estratégico de Rusia entonces y de Turquía ahora, la recesión en Estados Unidos, el cambio de administración en ese país así como de su postura frente a los "rescates financieros" de naciones "inestables", los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 y la redefinición del interés nacional estadounidense, la dimensión de la economía brasileña , y el reducido peso de la Argentina en el comercio internacional, son algunas de las referencias obligadas cuando se busca entender el tratamiento selectivo y discriminatorio de Washington y el FMI en materia de rescates, blindajes y apoyos de los últimos tiempos.

Pero la mera reseña de lo que pasó es insuficiente para compensar las consecuencias de descartar a unos países y respaldar a otros. De ahí la necesaria mención a la globalización en el campo de las finanzas internacionales y la consideración de los varios tipos de "contagio" que la actual cercanía de las diversas economías del mundo plantea y que, al desbordar lo estrictamente financiero, amenazan con proyectarse en los ámbitos político y social.

Tal vez valga la pena empezar por señalar que la globalización comercial y la globalización financiera son dos fenómenos que van de la mano. La primera, más antigua, se expresa en el hecho de que en los últimos 250 años el intercambio de bienes y servicios ha adquirido una dinámica exponencial. Salvo en el periodo de entre guerras, el comercio se ha incrementado a un ritmo más acelerado que la economía mundial. Particularmente notable fue la expansión ocurrida entre 1948 y 1997, cuando las exportaciones de mercancías crecieron 6% en términos reales, mientras que la producción aumentó únicamente 3.7 por ciento.

Pero el comercio no sólo se expandió. La forma de producir también se modificó radicalmente con la globalización de las grandes empresas transnacionales y se reflejó en una transformación muy importante en la composición del comercio. Así, los productos agropecuarios pasaron de representar 47% de las exportaciones totales de mercancías en 1950, a sólo 12% en 1996, mientras que en las manufacturas la tendencia fue contraria al pasar de 38 a 77 por ciento.

Además de estos cambios, la geografía de las transacciones comerciales también se alteró. Los países desarrollados se convirtieron en abastecedores de tecnología de punta, mientras que las industrias que lideraron las etapas anteriores de crecimiento, como la automotriz, la del vestido y la relacionada con productos metalúrgicos y electrónicos de consumo, se ubicaron con mayor frecuencia en los países emergentes.

Por otro lado, la globalización comercial avanzó considerablemente con la proliferación de acuerdos de libre comercio; la conformación de bloques regionales, algunos de ellos muy poderosos; y el replanteamiento del aparato institucional diseñado internacionalmente para reglamentar el intercambio a nivel planetario mediante la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 1994.

A todo lo anterior se añadieron otros dos fenómenos. Por un lado, el extraordinario despliegue de los mercados financieros internacionales así como la multiplicación de sus agentes e instrumentos. Por el otro, la superación con creces de los requerimientos financieros planteados por la expansión del comercio. Ambos fenómenos dieron lugar a una globalización financiera que se vio potenciada por la revolución de la informática y las comunicaciones. El acceso instantáneo a la información y la posibilidad de transferir grandes sumas de dinero en cuestión de segundos, permitió a los capitales trascender con facilidad las fronteras nacionales y encontrar localizaciones más rentables.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Muy pronto los flujos financieros no sólo empezaron a crecer a un ritmo mucho más acelerado que el del comercio sino que incluso se desligaron de éste. Así, al volverse cada vez más de carácter especulativo, las transacciones financieras dejaron de corresponder a las compras y ventas internacionales de bienes y servicios, y la volatilidad a la que esto dio lugar se convirtió en una amenaza para la estabilidad de aquellas economías que dependían de manera importante de estos flujos.

Como ejemplo baste señalar que en 1998 el total de las transacciones en los mercados de divisas ascendió a casi 2 billones de dólares diarios. En comparación, el volumen global de exportaciones de bienes y servicios para todo el año fue de 6.7 billones de dólares, lo que representó alrededor de 18 mil millones de dólares por día. Es decir, el valor del comercio de divisas fue más de 100 veces superior al valor del intercambio de bienes y servicios. La diferencia se explica fundamentalmente en términos del volumen de las transacciones especulativas y de la compra y venta de divisas para aprovechar los diferenciales de los tipos de cambio entre distintas monedas, actividad que se conoce como arbitraje y que permite ganancias por el solo hecho de realizar estas operaciones.

De ahí la enorme inestabilidad financiera internacional de los últimos años, expresada en el hecho de que los capitales pueden abandonar instantáneamente un país cuando cambian las perspectivas de rentabilidad o se espera una modificación no deseada del tipo de cambio. Esta circunstancia no sólo provoca grandes dificultades internas sino que, como se vio en el caso de México o de las naciones de Asia oriental, se propaga con facilidad a otras economías de la región en la cual ese país se ubica y puede llegar a tener, inclusive, repercusiones extraregionales.

Como se sabe, las repercusiones de la globalización financiera han sido especialmente serias para las economías emergentes. A lo largo de la década de los noventa de la pasada centuria y hasta 1997, se produjo un fuerte incremento de los flujos de capital privado, con lo que el monto de inversión extranjera directa, préstamos bancarios, bonos e inversión en cartera en países en desarrollo, aumentó siete veces. Debe aclararse, sin embargo, que el grueso de esos recursos se concentró en tan solo una veintena de esas economías, consideradas como muy dinámicas. El resto recibió mucho menos o fue francamente marginado, lo que tuvo serias consecuencias sobre sus expectativas de crecimiento.

Así, para 1998 los cinco principales mercados emergentes habían recibido el 55% de la inversión extranjera directa destinada a todos los países en desarrollo, mientras que los 48 países menos desarrollados recibieron únicamente 1.8 por ciento.

Pero con el inicio de la crisis financiera en los países asiáticos, las economías emergentes que habían conocido cierta afluencia vieron disminuir abruptamente sus entradas de capital privado, las cuales pasaron de representar 343,700 millones de dólares en 1997, a 318,300 millones un año después (aproximadamente 36 mil millones de dólares menos). Se planteó entonces una multitud de interrogantes en torno a la globalización financiera, en particular acerca de las razones por las cuáles ésta se presentó en la década de los noventa y no antes o después. La principal explicación tiene que ver, probablemente, con la evolución macroeconómica de los países industrializados en esos años, aunque no son ajenas a ella las debilidades de las propias economías emergentes, principalmente las fallas de sus políticas fiscal y monetaria.

Pero más importante aún es que si algo demostraron las crisis financieras del pasado lustro fue que ningún país, independientemente de su grado de desarrollo, es inmune al contagio. Tal reconocimiento disparó, al menos, el debate de la necesaria reforma financiera internacional y la asignación de responsabilidades a los diversos actores: los organismos multilaterales con sede en Washington; los gobiernos de los países tanto industrializados como emergentes o en vías de desarrollo; y los sectores privados de unos y otros, particularmente los bancos. Es a todas luces evidente que este debate debe ser pronto retomado en el ámbito más amplio posible a fin de volver a imprimirle el ritmo que conoció antes de que concluyera la pasada centuria.

Acerca de los países emergentes, por ejemplo, se estuvo de acuerdo en la necesidad de obtener su compromiso a fin de corregir muchas de las deficiencias en la transparencia y divulgación de su información financiera. La discusión en este caso se concentró, en particular, en la urgencia de contar con cifras veraces relativas al monto de sus reservas internacionales, los vencimientos de sus deudas así como su exposición al riesgo, a fin de generar confianza y desalentar las "estampidas" de capitales que tanto daño les causaron en el pasado. La idea de promover códigos de conducta apoyados en estándares internacionalmente aceptados y en buenas prácticas, así como el fortalecimiento de los sistemas bancarios de estos países y el diseño y aplicación de políticas fiscales y monetarias adecuadas, constituyeron igualmente recomendaciones relevantes para este grupo de naciones.

Con respecto a los países industrializados, el debate puso de manifiesto la necesidad de que sus gobiernos transparenten, a su vez, información oportuna sobre la evolución de sus propios mercados financieros y la exposición al riesgo de sus bancos. Se demandó también que den a conocer indicadores fundamentales como las variaciones en sus tasas de interés, las fluctuaciones en sus tipos de cambio, las modificaciones en su política fiscal y las reglas de su juego financiero. La supervisión de los sistemas financieros de las economías desarrolladas, en particular de sus intermediarios de alto riesgo, a fin de propiciar que las decisiones de inversión de sus agentes económicos privados sean más disciplinadas, fue una de las más importantes recomendaciones surgidas de este debate. Lo mismo puede decirse de la sugerencia de incrementar sus flujos de asistencia oficial canalizada a las naciones menos favorecidas a fin de apoyar su desarrollo.

Por lo que toca a la responsabilidad de los sectores privados, particularmente los bancos, la discusión se centró en la necesidad de adoptar medidas prácticas tales como: evitar la acumulación de deudas a corto plazo, mantener el control sobre sus operaciones en los mercados de derivados (instrumentos de cobertura de riesgo que permiten protegerse contra devaluaciones y otros cambios repentinos), garantizar la transparencia en sus operaciones de cobertura, asegurar el servicio de la deuda y crear mecanismos para la reestructuración de la deuda externa soberana.

Finalmente, sobre la responsabilidad de los organismos financieros internacionales el debate giró en torno a cinco ejes. Primero, la creación de un sistema de "alerta temprana" que permita detectar a tiempo las crisis financieras y evitar su propagación y otros efectos nocivos. Segundo, la provisión en tiempos de crisis de adecuada liquidez mediante el diseño de mecanismos que la hagan inmediata, accesible y suficiente para cubrir las necesidades de los países que se encuentran en problemas y auxiliarlos a retomar la ruta del crecimiento. Tercero, la participación de las naciones en desarrollo en las reformas y decisiones financieras internacionales, con miras a corregir situaciones imposibles como aquella que muestra que entre los 182 miembros del FMI, los votos de los países del G-7 suman 46% del total, mientras que los de toda América Latina y el Caribe no llegan al 8 por ciento. Cuarto, el monitoreo de las corrientes financieras internacionales a fin de poder conocer sus orientaciones y prever sus posibles reacciones. Quinto, la disminución del costo social de la crisis buscando con ello dar respuesta a una de las más importantes lecciones aprendidas de aquellas registradas en los últimos años: el hecho de que sus consecuencias negativas son más graves para quienes tienen menos. [^ SUBIR]

4. Algunas consecuencias de la crisis para América Latina

A lo largo de esta presentación se ha hecho referencia a varias de las repercusiones que la crisis del capitalismo y la economía mundiales han tenido para América Latina, principalmente aquellas que han mostrado que su apego al denominado Consenso de Washington y a las políticas exigidas por el FMI, no significaron necesariamente un crecimiento sostenido, una mejor participación en el comercio y las finanzas internacionales, o un logro de estándares aceptables de desarrollo económico y social. También se señaló que para algunos países los resultados fueron mejores que para otros, probablemente como consecuencia de la geografía, como en el caso de la vecindad entre México y Estados Unidos, o de su densidad territorial e inherente riqueza, como en el caso de Brasil. Pero lo que se quiere poner en evidencia aquí no es sólo que la disciplina no evitó los fracasos sino el hecho de que, lamentablemente, no siempre que hubo éxito éste se dio sin tropiezos, particularmente por lo que se refiere a la profundización de ciertos males sociales y al distanciamiento del Estado frente al ciudadano.

Probablemente en ningún país como en la Argentina sea tan clara la paradoja de haber pasado, en unos cuantos años, de ser favorito de Washington y Wall Street a huérfano del mismo gobierno y las mismas instituciones que antaño lo exhibían como ejemplo. Cierto, tradicionalmente la recaudación fiscal en Argentina ha representado apenas el 15% del PIB, obligando al gobierno a endeudarse fuertemente para cancelar su déficit. También lo es que la nación renunció durante años a ejercer sus instrumentos monetarios, adoptando como moneda una divisa extranjera. Le faltó igualmente capacidad para poner en marcha una política industrial eficiente, tanto para fortalecer su mercado interno y el empleo, como para garantizarle al país una mejor inserción en el comercio internacional, dada su condición fundamentalmente de exportador de alimentos. Por ello, mientras ingresaban al país capitales extranjeros por la vía de las privatizaciones, la venta de empresas locales ya constituidas y el endeudamiento público -por cierto a tasas de interés cada vez más elevadas pues los inversionistas sabían que con un tipo de cambio fijo y una moneda sobrevaluada, este escenario no podría mantenerse por mucho tiempo más-, las consecuencias derivadas de la ausencia de políticas económicas sólidas, tanto de naturaleza industrial como fiscal y monetaria, no se transparentaban. Sin embargo, conforme esas tres fuentes de financiamiento externo se agotaron, la economía se detuvo, se instaló la recesión, y la incertidumbre se tradujo en una rápida salida de capitales, con la consecuente caída de las reservas internacionales del país.

Las medidas que entonces se adoptaron, lejos de hacer transitar a la Argentina del ámbito financiero al sector real de la economía, incentivando la producción y la exportación, sólo agravaron la crisis. La decretada reducción del 13% de los salarios de la burocracia y de las pensiones, a fin de disminuir el déficit fiscal, así como la confiscación de los ahorros de la gente mediante el denominado "corralito" instaurado por el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, buscando contener la fuga de divisas, no sólo resultaron contraproducentes, al deprimir el consumo y por ende la inversión y el empleo, sino que irritaron profundamente a los argentinos que acabaron forzando la renuncia del Presidente radical, Fernando de la Rúa.

El repudio a la deuda externa contratada con entidades privadas, decretado por su sucesor, el justicialista Adolfo Rodríguez Saá, aunque en un principio fue saludado con aplausos, particularmente por la Asamblea Legislativa que lo había elegido, no sólo hundió a la Argentina en el ostracismo internacional, sino que ni siquiera pudo evitar que el flamante Presidente se viera obligado a renunciar a los siete días de su asunción al poder.

El abandono de la política cambiaria que igualó artificialmente el valor del peso argentino con el del dólar estadounidense, aunque tardío, constituyó un paso valiente de Eduardo Duhalde, el nuevo Presidente justicialista que sucediera, por decisión igualmente de la Asamblea Legislativa, a Rodríguez Saá. Sin embargo, en la medida en que la devaluación del peso se dio al margen de un plan claramente concebido, tuvo como principales consecuencias el pánico, la desconfianza y la búsqueda frenética de escapes al "corralito" por la vía judicial de los amparos, o por presiones, y hasta por la fuerza. Hoy se sabe que en los primeros siete meses de la administración duhaldista, poco más de 23,000 millones de pesos, es decir cerca del 30% de los depósitos totales a finales de diciembre del 2001, salieron del sistema financiero argentino, cifra a la que deben sumarse los 4,600 millones de pesos obtenidos mediante amparos.

El panorama post-devaluatorio se complicó aún mas debido a la especulación que a menudo acompaña a esa medida. Los precios de los productos, incluidos alimentos y fármacos, se encarecieron en parte por ocultamiento de los comerciantes, y volvió a aparecer el fantasma de la inflación y hasta de la hiperinflación que años atrás conociera la Argentina y a la que la famosa "convertibilidad", instaurada por el Presidente Carlos Menem, habría puesto coto. Además, los productores contribuyeron al desabasto del mercado interno y al empobrecimiento de la gente pues priorizaron sus exportaciones, en un intento por conquistar nuevos mercados en el exterior. El gobierno, por su lado, necesitado de recursos para hacer frente a los pagos del servicio de su deuda con organismos financieros internacionales, decidió retener el 20% de los ingresos por exportación, irritando con ello a quienes en principio habría buscado favorecer: los exportadores. No en balde, éstos mostraron cierta morosidad en traer a la Argentina las divisas que sus ventas externas generaban, situación que repercutió negativamente sobre las reservas internacionales del país, cuyo nivel mermaba cotidianamente, además, en virtud de la demanda de dólares de los ahorristas que lograban liberar sus depósitos.

Cuando las reservas internacionales argentinas bajaron al peligroso nivel de los 9,000 millones de dólares, por un lado, y los exportadores y ahorristas, por el otro, necesitaron liquidez en pesos para solventar sus pagos en esa moneda, el valor del dólar, que llegó a ubicarse hasta en cuatro pesos a la venta, empezó a estabilizarse y fue posible aventurar algunas cifras respecto a su futuro.

Probablemente el único aspecto que se ha mantenido sin cambio en el errático gobierno del Presidente Duhalde, donde lo que se adopta un día queda sin efecto al siguiente, es su empecinamiento en signar un acuerdo con el FMI. Así han tenido que entenderlo dos diferentes ministros de Economía y dos distintos presidentes del Banco Central de la Nación Argentina. Así ha debido ser legislado por el Congreso, así ha tenido que ser considerado por la Corte Suprema, y así ha debido ser asumido por los gobernadores provinciales.

De ahí que los casi diez meses del gobierno duhaldista hayan sido destinados, en buena parte, a solventar las exigencias del FMI, habiéndose cumplido ya con las más importantes: flotación del tipo de cambio, que en un principio el gobierno habría fijado en 1.40 pesos; modificación de la Ley de Quiebras, que anteriormente preservaba al deudor; derogación de la Ley de Subversión Económica, que castigaba a banqueros y empresarios de comportamiento dudoso; aceptación por parte de las provincias de la reducción de su déficit fiscal; sanción de una "ley tapón", a fin de detener el "goteo del corralito" causado por la ejecución de los amparos; aprobación de un programa monetario, que contemple límites muy claros a la emisión de dinero nuevo y elimine las "quasi monedas" o bonos provinciales; aceptación del compromiso de no dejar caer las reservas internacionales por debajo de los 9,000 millones de dólares, cinco mil de los cuales son propiedad del FMI; y consolidación de la reforma política, incluida la anticipación de elecciones.

Para lograr lo anterior en el convulso panorama argentino de hoy, ha sido necesario, antes que nada, pactar al interior de los tres poderes del Estado. Esto ha implicado, aceptar el co-gobierno que al Ejecutivo le exige la Asamblea Legislativa que lo eligió; disuadir al Congreso de continuar el juicio político contra los nueve jueces de la Corte Suprema, acusados de deshonestidad; y conseguir el aval de la Corte para suspender, por 120 días, la ejecución de los procesos judiciales en favor de los ahorristas, a fin de mantener el mínimo exigido de reservas internacionales. Igualmente ha sido indispensable acordar con los gobernadores provinciales la cuestión fiscal y la aceptación de una reducción del 40% de la deuda que el gobierno nacional tiene con esas entidades. Por último, también ha sido necesario lograr acuerdos con otros actores políticos, económicos y sociales poderosos como la Iglesia, las fuerzas armadas, los partidos políticos y los sindicatos.

Las consecuencias de todo lo anterior, han dificultado la gobernabilidad del país y evidenciado la vacuidad de la llamada "rendición argentina". La pregunta que todo el mundo parece hacerse especialmente a la luz de la tardanza para alcanzar un acuerdo con el FMI, es: ¿para qué todo este esfuerzo si es evidente que los acreedores internacionales están decididos a castigar al país que se atrevió a repudiar su deuda externa, a fin de que su ejemplo sirva de escarmiento a los "potenciales rebeldes"?. Esta vacuidad resulta más irritante para muchos porque se sabe que, aún si los organismos financieros internacionales acuden al rescate de Argentina, sólo le prestarán lo suficiente para pagar el servicio de la deuda contraída con ellos o, a lo sumo, como ha sucedido, pospondrán los vencimientos con la consecuente prolongación de la recesión.

Al margen de la incertidumbre que todo lo anterior provoca, la sensación que predomina es no sólo de falta de liderazgo sino de una ausencia casi total del Estado y de la existencia de una democracia sui generis. La población no se siente representada por la dirigencia, tal y como queda evidenciado con el constante clamor de que "se vayan todos". Las calles se convierten en el espacio donde se da el debate popular, se denuncian los males y se intentan soluciones que, en el fondo, debilitan las bases que deben sustentar a un sistema auténticamente democrático: ni el trueque puede sustituir al mercado, ni la solidaridad popular al Estado, ni la violencia a la justicia, ni el auto-empleo al empleo. En suma, el sector informal no puede desplazar al formal sin graves secuelas económicas, políticas y sociales.

Algunas de esas manifestaciones hablan por si solas: 19 de 37 millones de argentinos viven hoy bajo la línea de pobreza, entre ellos 9 millones son indigentes y 7 de cada 10 menores de 18 años son pobres. El ingreso per cápita se desplomó en los últimos cuatro años, pasando de 8,947 dólares anuales a 2,700, y la brecha entre los que tienen y los que no, es hoy 47 veces más amplia que la que privaba en 1970. La desocupación es cercana al 25% de la fuerza de trabajo, cifra a la que se añade una similar que corresponde al denominado desempleo disfrazado, y las proyecciones de estos indicadores para el 2003 son tan duras, que se ha acuñado la desgraciada frase de que "en Argentina lo único que crece es la pobreza, el desempleo y la desigualdad". Además, de enero a agosto del presente año han cerrado sus puertas más de 100,000 negocios, la inflación se acerca hoy peligrosamente al 70% y el PIB, que cayó 10.7% en el cuarto trimestre del 2001, se anotó un descenso del 16.3% en el primero del 2002. A este negro panorama se añade el hecho de que la fuga de capitales supera los 127,000 millones de dólares, cantidad apenas por debajo de la deuda externa total del país que es de 144,000 millones, y de que miles de argentinos, algunos de ellos altamente calificados, abandonan constantemente su patria en búsqueda de mejores oportunidades.

Pero el impacto de la crisis argentina no se ciñe únicamente a sus fronteras. Si en un principio se puso en duda que sus efectos pudieran "contagiar" a sus vecinos en el Cono Sur, hoy es un hecho reconocido a juzgar por los blindajes recientemente otorgados a Brasil y a Uruguay, y por las posibilidades que tiene Paraguay de también lograrlo. Es más, empieza a hacerse evidente una especie de "recontagio" de las otras economías del Cono Sur a la Argentina, medido en términos de la caída de la demanda de esos países por los productos argentinos de exportación. Esta "regionalización" de la crisis presenta, además, un grave inconveniente para América Latina en su conjunto pues podría reforzar las dudas de los inversionistas internacionales a seguir operando en esta parte del mundo, dado que es un hecho conocido que los capitales no discriminan país por país, sino regiones completas.

En suma, varias lecciones resultan fundamentales cuando se estudia el caso argentino. En primer lugar, salta a la luz que el FMI ya no está dispuesto a "rescatar" a países con crisis financieras resultantes, en buena medida, de políticas inadecuadas pese a que en el pasado hayan sido "buenos alumnos". En segundo lugar, muestra también que el gobierno estadounidense puede mantenerse indiferente ante una crisis que le parece no sólo interna sino lejana, y ubicada en una nación que no pone particularmente en riesgo su principal preocupación actual: la lucha contra el terrorismo. Pone igualmente de manifiesto que no basta con ser un país amigo, asociado a la OTAN mediante un estatuto especial, para obtener automáticamente el apoyo irrestricto de los miembros de pleno derecho de la alianza. Deja en claro, finalmente, que en las actuales circunstancias no parecen suficientes las coincidencias políticas, ni el apoyo militar a las varias operaciones de mantenimiento de la paz, ni la disposición al diálogo y a la adopción de tantas medidas aconsejadas por el FMI como sean posibles dados los estrechos márgenes de manejo político del actual gobierno argentino, que día a día debe encarar el disgusto de la gente.

Pero lo que lamentablemente no evidencia el "aislamiento" del caso argentino, o la "orfandad" en la que parecen haber dejado a la Argentina, Estados Unidos, y los organismos multilaterales de crédito, es que las consecuencias de esta crisis para la región se hayan "conjurado" o "esterilizado", o que este garantizada una salida adecuada a la actual crisis argentina. La principal lección que debe obtenerse de esta experiencia es, probablemente, la de no permitir que el ciudadano abdique del Estado ni que el Estado se repliegue o se declare autista. Cuando la cifra oficial señala que en Argentina más de la mitad de la economía no está incorporada en el sector formal; cuando se lee que los ciudadanos han tomado por su cuenta funciones como la educación, la salud, y la seguridad social; cuando se conoce la cifra de las familias que viven del trueque; uno se pregunta dónde está el Estado y cuándo el ciudadano va a reaccionar exigiéndole presencia y responsabilidad. Al final de cuentas se trata del mismo ciudadano que paga algún impuesto y que a cambio no recibe la protección a la que todo Estado se obliga.
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